Educación, la clave para construir paz

Con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sumado ahora al inicio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN, todo el mundo habla de cese de hostilidades, del momento en que las guerrillas dejen las armas y de restitución de tierras, pero muy poco se ha planteado sobre la importancia de la educación en la reparación de las víctimas y la construcción de paz. Por eso, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Educación Tecnológica (ACIET) y la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Oficiales (REDTTU) realizaron el pasado 21 de septiembre el foro ‘La educación superior técnica-profesional y tecnológica: una apuesta por la reparación y la construcción de paz’. En el evento, en el que también participaron representantes de varias instituciones de educación superior con oferta de programas técnicos profesionales y tecnológicos (ITT) del país y Secretarías de Educación de municipios afectados por el conflicto armado, se dio a conocer el contenido de la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) y se debatió en torno a la necesidad de lograr que la educación superior, y en especial los niveles técnico-profesional y tecnológico, se conviertan en un vehículo efectivo para lograr la reconciliación. «La inversión en educación es una apuesta transformadora. La Ley 1448 ha llevado a varias entidades del Gobierno a trabajar de manera conjunta, por primera vez, por las víctimas del conflicto y la clave de todo será el liderazgo del sector educativo. Este es un proyecto de país», aseguró José Maximiliano Gómez, Subdirector de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior del MEN. El artículo 51 de esa Ley, por ejemplo, plantea que todas las instituciones de educación superior deberán crear acciones que permitan garantizar el acceso y la permanencia de las víctimas en el sistema. Y otro artículo de la Ley les da un papel clave en la misión de difundir la memoria histórica. «El Ministerio lidera todo el proceso e incentiva el acceso a la educación superior, piensa en programas especiales de nivelación, en tutorías, cupos, becas. Se trata de darles la opción a las víctimas de que tengan un proyecto de vida y la base de ese proyecto es la formación técnica profesional y tecnológica -explicó Gómez-. La clave de esta política pública es regionalizar la educación superior, que la gente se convenza de que la educación superior técnica profesional y tecnológica de calidad también está en las regiones y no sólo en las grandes ciudades o metrópolis». En ese sentido, los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) se convertirán en una herramienta fundamental para cerrar las brechas de acceso a la educación superior en las zonas más apartadas del país y ofrecer programas pertinentes a las necesidades socioeconómicas de esas áreas. Los de María La Baja, en Bolívar, y Toledo, en Norte de Santander, ambas zonas muy afectadas por el conflicto armado, serán dos ejemplos para mostrar en el 2013. De acuerdo con Marcela Torres Harker, de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior, el Ministerio ha venido trabajando en la construcción de los lineamientos de educación superior inclusiva y elaboró, en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, un índice para medir qué tan incluyentes son las IES, éste se espera aplicar a través de una convocatoria en el año 2013. Además, el Ministerio formuló un proyecto de inversión para la creación del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación de la Población Víctima en Educación Superior que cuenta para el año 2013 con 34 mil millones de pesos. «La apuesta es tener tres líneas en el Fondo: subsidio de matrícula, subsidio de sostenimiento y subsidio de permanencia, el ultimo para que las IES desarrollen acciones que promuevan el acceso y la permanencia, con un enfoque diferencial para las víctimas», señaló Torres Harker. El reto ahora, según Marisol Forero, Coordinadora del Grupo de Fortalecimiento a la Educación Técnica-Profesional y Tecnológica del MEN, será «convencer a la sociedad de que esos niveles de la educación superior también son de calidad y necesarios para el país y que jugarán un papel clave en la transformación productiva de las regiones, fomentan el desarrollo, la competitividad y contribuyen a construir paz». La Ley de Víctimas fue prevista para 10 años (tiene vigencia hasta el 2021) y se espera que repare a por lo menos 5 millones 800 mil víctimas.

Fuente: ministerio de educación