La crisis en las cárceles: ¿cómo se explica el conflicto?

Faltan 35.000 cupos y es preciso albergar a más de 110.000 detenidos. El problema es insoluble mientras el Código Penal siga siendo utilizado de manera demagógica. Pero ahora se requieren tres medidas de urgencia. 

El periodo presidencial de Uribe se caracterizó por un aumento sostenido de la sobrepoblación, que alcanzó momentos críticos en 2005 (39,4 por ciento).  Foto: Presidencia.

15 años de crisis

Los hechos hablan por sí solos: durante los últimos 15 años, el sistema penitenciario ha experimentado un aumento sostenido de la población reclusa, sin que la capacidad de albergue de las instituciones haya aumentado de manera paralela. Esta situación, que se denomina “hacinamiento” o “sobrepoblación crítica” se caracteriza — en términos coloquiales — por recluir 120 personas allí donde solo caben 100 [1], y es una constante en las cárceles colombianas.

Constantes han sido también sus consecuencias: degradación, insalubridad, incapacidad para controlar a los reclusos y para ofrecerles un proyecto de vida nuevo una vez salgan a la libertad, ruptura de su arraigo y de sus vínculos familiares, y en definitiva, violación generalizada de sus derechos fundamentales, factores que sirven de caldo de cultivo para la inconformidad y la violencia.

Durante 1997 Colombia presenció un alza excepcionalmente pronunciada de la tasa de hacinamiento: ¡41,6 por ciento! [2]. Esta alza fue el producto de las políticas de aumento de penas para reducir la inseguridad ciudadana; pero lejos de cumplir su cometido, estas normas abarrotaron las cárceles y dieron paso a uno de los periodos más sangrientos de protestas carcelarias de los que el país tenga memoria.

Las masacres por goteo fueron detenidas gracias a una acción judicial interpuesta por varios reclusos, que terminó con el reconocimiento del “estado de cosas inconstitucional” en los penales por parte de la Corte Constitucional (Sentencia T- 153/98).

Recluir 120 personas allí donde solo caben 100 es una constante en las cárceles colombianas.    Foto: anarkismo.net

La situación no cambió mucho en los años posteriores. Tras un ligero descenso en 2002, debido entre otras razones a la política de construcción de nuevos centros carcelarios, el periodo presidencial de Uribe se caracterizó por un aumento sostenido de la sobrepoblación, que alcanzó momentos críticos en 2005 (39,4 por ciento) [3].

Hoy por hoy el cuadro general es igual o aún peor: en diciembre de 2011, el número de reclusos que sobrepoblaban las cárceles alcanzó la cifra récord de 24.831 personas http://www.lasillavacia.com/historia/el-gobierno-santos-agravo-el-hacinamiento-en-las-carceles-35301. » href=»file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/Camilo%20Bernal%20aprobado%20(1).doc#_edn4″ style=»font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(115, 111, 4); font-weight: bold; «>[4], el más alto en las últimas dos décadas. De acuerdo con las declaraciones de la actual ministra de Justicia, este año existe un déficit de 35.000 cupos carcelarios para dar albergue a más de 110.000 detenidos.

En definitiva, nos encontramos ante una nueva expresión de la vieja crisis humanitaria de las prisiones en Colombia. No obstante, ¿qué razones explican que hayamos avanzado hacia esa peligrosa práctica de castigar a otros seres humanos en las peores condiciones posibles?

Populismo punitivo, cupos insuficientes

Así como coinciden en el diagnóstico, muchos académicos, voceros de la sociedad civil, de los propios reclusos y del gobierno coinciden en afirmar que la crisis carcelaria refleja el fracaso de la política criminal adoptada por Colombia. Su nota característica ha sido el uso populista del derecho penal para atender todos los conflictos sociales y producir una respuesta —más simbólica que instrumental— al miedo ciudadano, al delito callejero, a la violencia y a la corrupción.

En diciembre de 2011, el número de reclusos que sobrepoblaban las cárceles alcanzó la cifra récord de 24.831 personas, el más alto en las últimas dos décadas. Foto: sociedaddeabogadospenalistas.com

En una sociedad que se inclina por la sobre–exposición mediática del crimen antes que por el análisis serio y académicamente fundado, los políticos prometen mano dura contra la delincuencia, los actores armados, los clonadores de celulares, los borrachos y todo chivo expiatorio que construyan los medios de comunicación.

Al amparo de encuestas televisivas y de entrevistas de diez segundos a ciudadanos asustados, los legisladores aprueban de manera veloz nuevos instrumentos normativos que aumentan el uso de la detención preventiva como medida cautelar, elevan las penas para todos los delitos y reducen la posibilidad de utilizar beneficios y penas alternativas, con el aumento inevitable del hacinamiento carcelario.

Esto puede verse de nuevo en las estadísticas. Entre 1992 y 2008 el total de personas presas aumentó en 54.182, lo cual se explica por el crecimiento normal de la población (18%), pero sobre todo, por un uso carcelario y abusivo del derecho penal (82%) [5].

Esta estrategia de gobernar a través del delito y de legislar a golpes de titulares de prensa resulta en respuestas contradictorias y peligrosas. Mientras promueve el uso de la privación de la libertad para quién roba en un supermercado o comete delitos menores, como en el estatuto de seguridad ciudadana, se está dispuesto a aceptar la impunidad de crímenes atroces, como en el marco jurídico para la paz.

Pasada la alarma mediática, los políticos reciben sus réditos electorales y la ciudadanía se siente simbólicamente satisfecha. Entre tanto el sistema penal debe asumir las consecuencias negativas: un sistema judicial congestionado que no puede concentrar sus escasos recursos en combatir el delito organizado y los crímenes de lesa humanidad, y un régimen penitenciario y carcelario inmanejable por oneroso, corrupto y violador de los derechos humanos.

Ante el dilema de recibir a 1.000 reclusos nuevos mensualmente en las prisiones o enfrentar a una ciudadanía angustiada con el delito callejero, los gobiernos han adoptado como estrategia mantener la escalada punitiva y construir nuevos cupos carcelarios, a pesar de que en los últimos 15 años esta estrategia ha demostrado ser tan costosa como ineficaz.

Por ejemplo, durante el gobierno Uribe el programa de construcción de 11 penitenciarías nuevas y la adecuación de otras 19 pretendía crear 24.331 nuevos cupos a un costo razonable. Según la Contraloría, la ejecución deficiente de este programa acabó costando a los contribuyentes 27 veces más del valor inicialmente presupuestado (1,004 billones de pesos) [6]. Algunos de estos cupos aún no están en funcionamiento, y para cuando estén listos, ya serán insuficientes para enfrentar el crecimiento sostenido de la población penitenciaria.

La gravedad de la situación es tan evidente que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia —un órgano históricamente prudente en estas materias— exhortó al Ministerio de Justicia y al Poder Legislativo para que en futuras reformas prevean y cubran los costos financieros que éstas implicarían en el aumento de la población carcelaria de acuerdo con el “imperativo infranqueable según el cual sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas” [7].

Tres alternativas viables

A estas alturas no es difícil advertir que están dadas las condiciones para que la conflictividad del sistema carcelario aumente y nos veamos enfrentados a posibles masacres por goteo como en 1997, o a graves tragedias por deficiencias en la infraestructura, como la vivida recientemente en la Granja Penal de Comayagua, Honduras.

En el Gobierno Uribe la construcción de 11 penitenciarías nuevas y la adecuación de otras 19 pretendía crear 24.331 nuevos cupos a un costo razonable. Según la Contraloría, la ejecución fue deficiente.  Foto: Ministerio de Justicia.

Las respuestas deben ser entonces urgentes, profundas e involucrar a toda la ciudadanía. No basta con trasladar el hacinamiento de una cárcel a otra o con buscar la concesión apurada de subrogados penales. Ni siquiera servirá reformar el código penitenciario de 1993 para buscar penas alternativas.

Lo que se necesita es controlar por entero y de manera sostenida el sistema penal. Estas pueden ser algunas de las alternativas viables:

i. Aumentar el control a la actividad legislativa del congreso y del gobierno, a fin de detener el uso populista del derecho penal con fines electorales y racionalizar su uso restringiéndolo a los conflictos sociales más graves.

ii. Al mismo tiempo, puede establecerse una política de moratoria en la construcción de nuevos establecimientos penales a fin de controlar el derroche de los recursos públicos y de garantizar los recursos económicos necesarios para administrar los que ya existen.

iii. Finalmente, y como ha propuesto la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, deberá crearse un certificado de disponibilidad carcelaria o regla penitenciaria, según el cual ningún juez de la República podrá ordenar la reclusión de una persona, si las instituciones penitenciarias no cuentan con un cupo carcelario digno.

* Socio fundador e investigador de la Corporación Punto de Vista.