¿Cómo están las finanzas del Valle?, habla el secretario de Hacien
El Valle del Cauca, el tercer ente territorial más importante del país, enfrenta hoy la peor crisis financiera de su historia. Tanto que acudió a la Ley 550 para tener un respiro, proteger sus pocas rentas y estudiar el pago de un millonario pasivo. Ni siquiera su famoso aguardiente Blanco le brinda hoy los suficientes recursos para atender sin afugias el gasto en educación y salud. La Asamblea ya le dio el aval al gobernador Ubeimar Delgado para reestructurar las finanzas del Departamento en $560.000 millones, pero hay muchas incógnitas sobre cómo se hará, con qué recursos y sacrificios. El secretario de Hacienda, Javier Roldán Barbosa, tiene el duro reto de entregar el Departamento en el 2014 con unas finanzas más sanas.
¿Qué carta se jugará primero para conocer la verdad sobre las finanzas del Departamento?
Contrataremos un ‘pool’ de abogados para brindarle seguridad a la información contable, que sea veraz y oportuna, y ante todo que esté custodiada.
Con la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) estamos estableciendo el orden de prioridades en ese sentido. Aspiramos a que en cuatro o cinco meses tengamos una información real para saber a quién se le debe, y si jurídicamente son válidas esas cuentas y cobros.
Es más, la cifra de $560.000 millones a reestructurar no es absolutamente cierta, porque sólo en educación teníamos contemplados pagos por $59.000 millones y ahora en una carta que leí se habla de $340.000 millones, donde se incluye de todo, hasta un auxilio de transporte para los maestros que viven en las zonas rurales. Eso lo vamos a aclarar.
¿De dónde va salir toda la plata para pagarles a los acreedores?
Tenemos que adecuarnos a las rentas que tenemos. Según nuestros cálculos con los recursos de que disponemos sí es factible atender el pasivo. Pero todo dependerá del comportamiento de los ingresos (recaudo de impuestos, tarifas, etc) y el crecimiento de esos recursos con base en un aumento vegetativo de la inflación. Reconozco que no hay un escenario muy optimista, pero los cálculos nos permiten pensar en que habrá una mejoría.
¿En el terreno, cuáles son esas cifras?
Por ejemplo, proyectamos unos ingresos corrientes de libre destinación por $373.000 millones este año y unas rentas reorientadas de $39.000 millones, más unas rentas de capital de $14.000 millones, y pensamos contar al 31 de diciembre con unos ingresos totales por $426.000 millones. Los gastos de funcionamiento serán $219.000 millones y quedarán ingresos disponibles por $207.000 millones. El servicio de la deuda se llevará $48.400 millones y habrá finalmente $90.600 millones para inversión el próximo año.
Con todo ese escenario, ¿qué originó el abultado endeudamiento del Valle y el desplome de sus rentas?
Para conocer el tema hay que referirse al pasado desde la perspectiva de los ingresos y los gastos.
Hay un dato muy diciente: hace 20 años, cuando estuve aquí, vendíamos 18,5 millones de botellas de aguardiente, y hoy sólo llegamos a 10,5 millones. Eso significa que hay una caída real en los ingresos del Departamento. Si se hace un análisis en cuanto a las otras rentas como las que provienen de la lotería, sucede lo mismo.
Hay una caída en los ingresos, no sólo en el Valle sino en todos los demás departamentos del país, excepto en Antioquia y Cundinamarca. Este último Departamento tiene un mercado cautivo de 10 millones de personas, mientras los antioqueños son una raza muy especial y regionalista, y por eso protegen su aguardiente.
¿En qué falló el Valle para cuidar una renta clave como la del aguardiente?
Nos ha faltado proteger nuestras rentas y ejercer más la vallecaucanidad. De sentir que cuando alguien toma el aguardiente Blanco del Valle está contribuyendo con la educación, la salud y el desarrollo económico. Se perdió esa mentalidad, por lo que allí hay un problema serio.
Tenemos una estructura rentística anacrónica, que data de la Colonia montada sobre los vicios: el tabaco, el licor y la cerveza. Además, para que una empresa crezca, se fortalezca y adquiera una dinámica en el tiempo, como en el caso de la Licorera del Valle, debe contar con una estabilidad gerencial. En promedio, ha habido allí un gerente cada año y medio, y así no puede haber un desarrollo serio porque no hay continuidad.
¿Es necesario un revolcón en las rentas de los departamentos para que no dependan sólo de los vicios, como usted dice?
Hay que hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que busquemos entre todos unas rentas nuevas y que crezcan con el desarrollo económico. Incluso algunos economistas y secretarios de Hacienda han sugerido, por ejemplo, un impuesto para las gaseosas, pero eso está como su nombre “muy gaseoso” todavía. Se debe entonces hacer una reforma constitucional en ese sentido.
¿Por qué tocar la Constitución para cambiar las rentas, acaso con las regalías la reforma no fue nada fácil?
La Constitución de 1991 fue de corte muy municipalista y dejó a los departamentos en un limbo fiscal y sobre el papel que van a desempeñar seriamente. Es hora de retomar ese tema para redefinirle un rumbo a los departamentos, pues no podemos seguir en ese limbo.
La Carta dejó a los departamentos funcionando con una estructura rentística que no es moderna. Debemos ser realistas y por eso vamos a buscar una mejoría de lo que tenemos, defender nuestra industria de licores, crear planes de ventas bien concebidos, y ante todo, vamos a defender el monopolio del licor.
¿Eso significa tumbar o revisar por la vía jurídica el actual contrato de comercialización de licores?
Por supuesto. Y nos vamos a rodear de los mejores abogados para defender el ejercicio monopólico del licor que todavía está en cabeza de los departamentos. Buscaremos unos buenos abogados para blindarnos, no sólo frente a ese contrato, sino frente a todas las actuaciones que ejecutaremos en desarrollo de la Ley 550, donde seguramente tendremos que enfrentar distintas situaciones de corte jurídico.
¿Por qué se firmó un contrato tan malo para las arcas de la región?
Sin necesidad de mirarlo mucho en detalle, lo que hay que defender, y lo único cierto que nosotros tenemos como capital rentístico es el ejercicio monopólico del licor. Es decir, que allí hay un régimen especial y por ello vamos a defender ese recurso. No conozco los detalles jurídicos del contrato, pero ya inicié contactos con abogados que saben del tema y que han defendido al Departamento en épocas anteriores. Ya hablé el tema en Bogotá con la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) y no nos vamos a descuidar en eso.
¿Es el Departamento un mal recaudador de sus impuestos?
Ese es otro trabajo a realizar. Por ejemplo, ya determiné modernizar toda la plataforma tecnológica para la liquidación y el recaudo de la boleta fiscal. Es un proyecto que tengo en mente y en el cual trabajaremos muy duro. Queremos brindarle facilidades el contribuyente, ya que lo ideal es que quien haga diligencias en una notaría, allí mismo pague su boleta fiscal sin tener que hacer largas colas en las oficinas de la Gobernación.
Otro reto es el contrato con el Centro de Diagnóstico Automotor que se vence en estos días, y como no estamos preparados para asumir ese control, tendremos que prorrogarlo temporalmente, pues no puedo poner en peligro el recaudo. Pero el objetivo es que nosotros administremos el recaudo de ese impuesto en el futuro, que son hoy unos $70.000 millones al año.
¿El Gobierno Departamental sí se está apretando el cinturón en gastos?
Es lo que estamos buscando dentro de la reestructuración de los pasivos del departamento por $560.000 millones. Siento que aquí es poco lo que se compra. Se funciona con lo estrictamente necesario.
Estallido pensional
¿Sigue siendo el pasivo pensional otra de las causas del deterioro de las finanzas del Valle?
Es un tema que se veía venir hace muchos años. No se tomaron las medidas a tiempo ni se adoptó una política seria en ese campo, y por ello ya explotó la ‘bomba’ de los pensionados. Ese es el problema más serio que tenemos desde el punto de vista financiero, pues las deudas con la banca no son un problema, ya que ese pasivo apenas suma $137.000 millones y lo vamos a sanear bajo la Ley 550.
El Departamento no ha venido cobrando las cuotas pensionales (unos $87.000 millones pendientes) y ha sido descuidado en ese proceso. Fíjese que sólo la nómina de personal activo del Departamento tiene un costo mensual de $2.000 millones, mientras la de pensionados con recursos propios vale $8.800 millones. Es decir, que por cada funcionario hay seis jubilados. Me pregunto: ¿Qué empresa puede salir avante con un problema de esta naturaleza, y con el estado de sus rentas?.
¿Qué hará para enfrentar ese cúmulo de demandas pensionales, pues el Departamento está acorralado por más de 3.000 procesos de esta categoría y otros?
La Ley 550 nos brinda los instrumentos para enfrentar esa situación. Por eso decidimos atemperarnos a esa ley, y con la ayuda de la DAF, y un equipo humano fuerte, realizaremos un análisis para conocer el pasivo exigible y saber cuáles son las cuotas pensionales para que cada quien asuma lo que le corresponde, así sea el municipio de Cali, el municipio de El Dovio, o la entidad oficial que sea.
Algunos alcaldes están molestos porque se empiezan a embargar cuentas. Entiendo esa molestia, pero necesitamos su comprensión, pero todos debemos asumir el papel legal que nos corresponde en pensiones. Es decir, que esa carga no pese sólo sobre el Departamento, sino que cada entidad territorial asuma lo que le corresponde. La Ley 550 nos brinda esa facilidad para aclarar esas responsabilidades.
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