Ola de denuncias contra congresistas que firmaron reforma judicial
sino que desde otros sectores están exigiendo que asuman la responsabilidad política que les toca. Precisamente, el Polo Democrático quiere preguntarle al país si deben ser inhabilitados. «No se puede hundir la reforma para lavarles la cara a los responsables. El Polo apoya el referendo revocatorio. La declaratoria de hundimiento se pasa por la faja a la opinión pública y a la oposición. El Polo va a pedir que se inhabilite políticamente a los autores de ese atentado, desde las urnas», dijo la presidenta del partido, Clara López. En la Corte hay en este momento al menos 100 procesos contra representantes a la Cámara y senadores por casos de corrupción o vínculos con grupos armados ilegales. La denuncia de la Red de Veedurías incluye a los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y a los secretarios de la Cámara y del Senado. Según el director de la Red, Pablo Bustos, en la reforma judicial los congresistas «tuvieron la posibilidad de hacer lo que le queda imposible a cualquier preso del país para cambiar sus procesos». Por otro lado, la Corte Suprema estudia si admite otra demanda contra los 12 miembros de la comisión de conciliación de la reforma judicial. Esta denuncia, por concierto para delinquir y falsedad en documento, fue instaurada por el abogado José Castro Fresneda. La Procuraduría también hizo saber que a esa dependencia llegaron quejas disciplinarias contra los congresistas que apoyaron la reforma, y que esas solicitudes serán evaluadas para determinar si hay lugar a investigaciones.
Extras en Congreso serán para hundir reforma
Tras reunirse, por separado, con los partidos de la Unidad Nacional, el presidente Juan Manuel Santos pidió este lunes hundir la reforma judicial, porque algunas de sus partes «tienen la capacidad de desestabilizar el andamiaje de la administración de justicia».
Dos soldados del Batallón Guardia Presidencial, que hicieron las veces de mensajeros, llevaron el documento de 68 páginas a la Secretaría del Senado, donde quedó radicado de manera formal para que sirva como base de la discusión que se le dará en las sesiones extras, que tendrán lugar este miércoles y jueves.
Antes de enviar el documento al Capitolio, el Gobierno convocó a los jefes de los partidos de la coalición a Palacio y les explicó, uno a uno, la necesidad de hundir la totalidad del proyecto. Todos estuvieron de acuerdo en sepultar el ‘monstruo’ en el que terminó convertida la reforma.
Aunque el Gobierno aseguró en el texto de objeciones que no tiene reparo alguno sobre puntos como la descongestión judicial, afirmó que se detectaron «graves deficiencias de procedimiento y contenido» que «han tendido un manto de ilegitimidad sobre todo el articulado».
Para la Casa de Nariño es claro que «el procedimiento de aprobación de los textos de la reforma se hizo de espaldas a la voluntad de las cámaras, en flagrante exceso de las facultades de conciliación y, por qué no, en un ejercicio abusivo de competencias que podría calificarse como desviación de poder».
Las objeciones sustentan los reclamos que hizo Santos el pasado jueves, cuando anunció que devolvería la reforma al Congreso por cuatro puntos:se le quita a la Fiscalía la facultad para investigar a algunos aforados; extiende la doble instancia hasta los procesos electorales; altera el régimen de pérdida de investidura, borrando la muerte política, y suprime la transición para eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, compartió el paso que dio Santos este lunes y afirmó que «en un acto de justicia le hicieron la eutanasia a la reforma». Esta postura fue respaldada por el presidente de la Cámara y jefe del liberalismo, Simón Gaviria, quien desde el viernes pidió hundir la reforma en una carta al Jefe de Estado. Aseguró que «la citación a extras del Congreso» es para cumplir con esto.
Los senadores liberales expidieron este lunes un comunicado en apoyo del archivo de la iniciativa, pero no lo firmaron los liberales Jesús Ignacio García y Luis Fernando Duque, dos de los conciliadores.
El codirector de Cambio Radical, el representante Germán Varón, dijo que la revocatoria de la reforma se debe hacer integralmente.
Y no es para menos que el Gobierno quiera contar con el respaldo del Congreso. Finalizando el texto de las objeciones reconoció que «la sospecha de ilegitimidad que pende sobre el proyecto ha provocado, incluso, el levantamiento de propuestas populares que buscan alternativas jurídicas para revertir esta iniciativa». Según voces del Capitolio, también busca frenar el referendo antirreforma. (Lea las objeciones del Gobierno a la reforma de la justicia)
Mientras tanto, el uribismo insiste en una constituyente, pues considera insuficiente que Santos haya objetado la reforma. El senador Juan Carlos Vélez, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció que el 20 de julio llevará al Congreso un proyecto de ley para impulsarla.
El miércoles comenzarán las reuniones con este fin
Dos, en sonajero para Minjusticia
El Gobierno seguía anoche sin definir el nombre del sucesor de Juan Carlos Esguerra en el Ministerio de Justicia.
Seguía sonando el exministro Fernando Carrillo, actual director de la Defensa Jurídica de la Nación y uno de los cerebros de la fórmula jurídica para meter al congelador la reforma judicial. También se mencionaba a Mónica de Greiff, quien estuvo en la terna para Fiscal.
Una ‘cirugía’ postergada por casi 10 años
1. En el 2003
En este año, el gobierno Uribe, con el ministro Fernando Londoño, empieza a mover la idea de la reforma judicial. Finalmente no despega en el Congreso.
2. Del 2005 al 2008
Los ministros Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia también mueven la reforma. En pleno escándalo de la ‘parapolítica’, no hay ambiente para ella.
3. En el 2009
En diciembre del 2009, siendo Fabio Valencia ministro del Interior y de Justicia, el gobierno Uribe conformó una comisión de expertos para proponer los cambios en la justicia.
4. En el 2010
El gobierno de Santos retoma el informe de los expertos y plantea la reforma judicial con 3 ejes: descongestión, fin de la Judicatura y solución al choque de trenes por tutela.
5. En el 2011
En julio, el Gobierno presenta el proyecto. La legislatura termina con un proyecto que no toca la tutela, que mantiene la Sala Disciplinaria y del que se retiran las cortes.
6. En el 2012
El proyecto, con mucha polémica, llega a su octavo debate. En la conciliación, los congresistas reviven gabelas a su favor que desatan el escándalo y la tienen en el aire.
REDACCIÓN POLÍTICA
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