Un fallo judicial pone en líos a Cali y Candelaria por jarillón del río Cauca
Dicho fallo, emitido el pasado 26 de septiembre y conocido por El País, responde a una acción popular instaurada en el 2005 por Antonio Muñoz y Jimmy Jiménez, dos habitantes del barrio Desepaz, en el oriente de Cali.
En ese entonces, los demandantes alegaron la vulneración de sus derechos por cuanto personas inescrupulosas comenzaron a asentarse en la zona de protección del río, instalando marraneras y caballerizas que además de verter sus desechos al afluente, han debilitado el dique.
Otra de las razones que motivó dicha acción popular, fue la disposición de escombros en la zona de protección del río, especialmente en el sector comprendido entre la Urbanización Desepaz y el sector conocido como La Vuelta de Las Córdoba, a escasos 700 metros de la Planta de Tratamiento de Puerto Mallarino. Allí hay riesgo latente de inundación de la planta, además de la perforación del dique, que ocasionaría una inundación de grandes proporciones en Cali.
Así las cosas, el Juzgado Primero Administrativo determinó que tanto la Alcaldía de Cali como la de Candelaria, municipio a quién también cobija la medida, deben realizar en los siguientes tres meses, luego de emitido el fallo, un censo de dichos asentamientos.
“Para que en los doce meses siguientes efectúen la reubicación total (…) priorizando a los grupos familiares con menores de edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores”, establece la sentencia respecto al desalojo.
Frente a este fallo, Efraín Sierra, director del Dagma, explicó que sobre el jarillón del río Cauca se encuentran asentadas cinco mil familias aproximadamente. Sin embargo, aseguró que el gran inconveniente para realizar el desalojo es que los habitantes de sectores como La Playita y Cauquita tienen escritura de los predios, es decir que están instalados legalmente.
“El Municipio o la CVC deberán adelantar un proceso de concertación para la adquisición de esos predios”, señaló el funcionario.
El director de Dagma aseguró, además, que ya se encuentra listo el proyecto para la Fase Dos de la recuperación del jarillón del río Cauca, estimada en $1.3 billones, presupuesto que incluye procesos de reubicación y que tendrá que ejecutar la próxima administración.
Cabe recordar que actualmente, la CVC y el Dagma adelantan la primera fase de intervención del dique del río Cauca con labores de mantenimiento y reforzamiento del dique en el sector de Brisas de Nuevo Amanecer, que ya fue desalojado.
El fallo del Juzgado Primero Administrativo también obliga a la CVC a sellar de manera inmediata hormigueros, eliminar los sitios de extracción mecanizada de arena y suspender la disposición de escombros en la margen izquierda y derecha del río Cauca, específicamente entre el barrio Desepaz y el sector conocido como La Vuelta de las Córdoba, cerca a la Planta de Puerto Mallarino.
Más disposiciones
Garantizar que en el jarillón del río Cauca no volverán a instalarse asentamientos subnormales, una vez se realice el proceso de desalojo, es otra de las órdenes emitidas por el juzgado.
Para ello, se ordena la creación de un comité de vigilancia y verificación de este fallo, en el que deberá participar el procurador judicial ambiental, el Defensor Regional del Pueblo, los personeros de Cali y Candelaria y la CVC.
Implementar un plan de descontaminación y recuperación ambiental del río Cauca, es otra de las ordenes que emitió la sentencia de este fallo.
El Dagma anunció que los trabajos de recuperación del dique del río Cauca, en su primera fase, avanzan en un 33%, según Efraín Sierra.
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