Procuraduría pide al Gobierno acciones para frenar minería ilegal
En la actividad minera se evade los sistemas de control sobre los recursos naturales renovables y se exonera del pago de cargas tributarias y de regalías que la producción debe generar para la protección ambiental y cobertura en salud y educación.
La mayoría de las explotaciones ilegales se desarrollan en áreas de protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, lo cual puede ocasionar daños irreparables a ecosistemas protegidos.
A la Procuraduría le preocupa que la ilegalidad de esta actividad hace que los trabajadores de las minas no cuenten con los beneficios de la seguridad social y ocupacional. También encontró que una gran mayoría de quienes trabajan en los yacimientos ilegales son menores de edad y mujeres cabeza de familia.
En el informe, la Procuraduría le pide al Gobierno diseñar una política minera clara y estructurada que involucre de forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional.
El Ministerio Público recomienda la construcción de un banco de datos con información clara, precisa y detallada de la actividad minera en el país y que esta información pueda ser consultada, ponderada y cruzada entre las diferentes entidades con competencia sobre la materia.
REDACCIÓN JUSTICIA
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