Despojados de grandes ciudades también urgen por protección legal
El problema mayor es que, al contrario de los desterrados del campo, a los cuales la Ley de Víctimas que recientemente se promulgó y otras normas preexistentes les reconocen su derecho a que se les restituya la tierra, el caso urbano está en el más completo vacío jurídico, según denuncia la abogada especialista en el tema Yamile Salinas.
De hecho, el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), donde anotan los bienes de desplazados que corren el riesgo que otros se los apropien, no considera las casas ni locales urbanos.
Solo Medellín, donde hay más desplazados intraurbanos (más de 19 mil), ha desarrollado un amparo a la propiedad de las víctimas, tras un llamado de la Corte Constitucional en el 2009.
La Gerencia para la Atención del Desplazamiento Forzado, que depende de la Alcaldía, tiene una base de datos con 348 solicitudes de protección, entre ellas la de Manuel.
Vendiendo bolsas plásticas en el centro de Medellín, él había reunido lo suficiente para comprar un lote con principio de construcción en los límites entre el barrio La Loma y el corregimiento San Cristóbal, y con la ayuda de amigos subió las paredes, ‘encementó’ el piso y techó con asbesto.
Su desventura comenzó en junio del 2006, cuando le hizo mala cara a la petición de una banda formada por ex ‘paras’ del bloque Cacique Nutibara.
"Un domingo me corretearon por unos matorrales y me alcancé a volar. Cuando volví a la casa encontré un panfletito en el que decían que no me querían ver más. Salí y no volvería por nada", dice Manuel. Casi de inmediato los ‘paras’ se posesionaron.
Casas: trincheras y ollas
Igual que a él, primero les había ocurrido a miles de personas en los años 80, durante el imperio de las milicias de la guerrilla en los barrios populares y ahora acontece con las bandas delincuenciales.
La mayoría de veces, el combo dominante en un sector pide, sin más ni más, una casa y la usa de trinchera para dispararle al contrario, en otras es para despejar un corredor en las intrincadas callejuelas; no pocas veces hacen desocupar para montar una olla de vicio, para asentarse ellos, ubicar a un allegado, o para alquilar.
"Uno encuentra personas que dicen: los de la banda me dijeron que me podía quedar aquí", cuenta Marta González, coordinadora del área de Reparación del Programa de Víctimas de la Alcaldía.
La manera informal como suelen traspasarse los inmuebles en la periferia, sin escrituras, y la violencia son factores que arrinconan a la gente que no posee un documento de propiedad.
"La informalidad hace que vos protejás esa vivienda legalmente, pero la están vendiendo rápidamente porque ¿quién va a controlar que alguien de un combo no la ocupe o meta a alguien más?", destaca el abogado Francesco Peroni, encargado del tema en la Gerencia para el Desplazamiento. Cita un caso en el que, después de que le quitaron la casa a quien dice ser su legítimo dueño, aparece transada en 21 ocasiones más.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez confesó que el despojo urbano es un tema por explorar, así como la posible participación de redes de corrupción para facilitarla en las oficinas de registro y las notarías. Añadió que esa es una prioridad, fundamentalmente en Aguablanca (Cali), Ciudad Bolívar (Bogotá) y las comunas de Medellín. Ya ordenó a sus subalternos que pongan cartas en el asunto.
*Nombre cambiado por protección de la fuente.
** Este trabajo se realizó en una alianza entre EL TIEMPO y Reporteros de Colombia (iniciativa de Medios para la Paz, la Universidad Javeriana y Cinep-Programa por la Paz).
Lo urbano, ausente de la nueva ley
El despojo urbano es un tema sobre el cual deberá madurar la legislación, advierte Yamile Salinas, abogada asesora de Indepaz y consultora del grupo de memoria histórica de la CNRR y la Universidad de los Andes.
¿En la nueva Ley de Víctimas qué hay de despojo urbano?
Nada absolutamente, porque no reconoce ni el despojo ni el abandono de viviendas y no contempla su restitución. Además, el derecho a la reparación y a vivienda no ha sido tocado por la Corte Constitucional, el debate no se ha dado porque no ha habido la suficiente fuerza desde ningún sector.
¿No se puede usar la misma ruta de restitución de bienes rurales para los urbanos?
Yo diría que sí se puede y se debe utilizar la misma ruta, teniendo en cuenta que, no en el marco de la sentencia de desplazamiento sino en la T-821 del 2007 incorpora al bloque de constitucional los llamados principios Pineiro, en los que la ONU dice que los estados deben reparar a las victimas de violación a los derechos a la vivienda, a la tierra y el patrimonio. Lo mismo que en el caso de tierras, si no se le puede restituir su vivienda porque esta destruida, que se le dé otra.
¿Cuáles son los principales vacíos de la legislación?
Son elementos muy similares a los que están en el proyecto de restitución de tierras: que haya un fondo para pagar obligaciones bancarias retrasadas, deudas por servicios públicos, predial… Sí hay acuerdos internacionales que hablan de restituir a las víctimas de despojo, lo que pasa es que en Colombia nos estamos haciendo los de la ‘vista gorda’.
Néstor Alonso López L
Redactor de EL TIEMPO
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