Avanza liquidación de las vigencias

Se conoció que la Administración seccional ya habría logrado un acuerdo de pago y de terminación del contrato con una de las firmas constructoras y que en las próximas horas se firmaría el documento finiquitando este proceso.

El Departamento le cancelaría al concesionario algo más de siete mil millones de pesos correspondientes a diseños, administración y otros gastos en que incurrió hasta el momento en que el gobernador Francisco José Lourido Nuñoz suspendió la ejecución de las obras por vigencias futuras. Se supo además que en el acuerdo logrado no se incluyó el pago de la comisión de éxito que se había pactado con el anterior gobierno.

Para las próximas semanas se espera avanzar en las negociaciones con las otras dos firmas contratistas para tratar de llegar a un acuerdo.

El gobernador Lourido Muñoz aseguró que las negociaciones con los tres consorcios se encuentran adelantadas y que se espera que próximamente se llegue a un acuerdo con todas las firmas para liquidar todos los contratos.

Con la terminación de los contratos, por mutuo acuerdo, el Gobierno del Valle se evitaría pagar cerca de 1,5 billones de pesos en los próximos 10 años, y sólo tendría que cancelar entre $20.000 y $25.000 millones por las indemnizaciones a los contratistas, según los cálculos de los funcionarios departamentales. A eso se suma que uno de los contratistas no logró hacer el cierre financiero para conseguir los recursos con los que se iban a hacer los proyectos.

Los contratos con recursos provenientes de las vigencias futuras excepcionales, que tiene en líos judiciales al ex gobernador Abadía y a los diputados de la Asamblea del Valle, que las aprobaron pese a las advertencias que les hizo la Contraloría Departamental que eso era un endeudamiento y que no contaba con soportes suficientes ni plan de obras, se adjudicaron en diciembre del año 2009 y los contratos se firmaron el 7 de enero del 2010.

Las consorcios seleccionados fueron Vías del Valle, Reurvalle SAS y Consorcio Mi Valle, los únicos proponentes que se presentaron a la licitación que abrió la administración de Abadía.

Vías del Valle debía ejecutar diversas obras de infraestructura por un valor de $275.000 millones; Mi Valle por $170.000 millones, y Reurvalle, por $235.000 millones.

En un informe presentado a la Asamblea del Valle el pasado 5 de abril por la actual secretaria Jurídica de la Gobernación, Diana Villegas, explicó que debido a razones financieras, la Administración se vio obligada a buscar la terminación de esos contratos, dado que al Departamento al año 2020 le correspondería pagar 1,5 billones de pesos por las obras.

Además la funcionaria aseguró que muchos de los proyectos «no son estratégicos y hay obras inejecutables», pero agregó que se exploraba otra vía de crédito o de recursos para que «lo que sea ejecutable se haga».

El abogado Víctor Hugo Vallejo, representante del consorcio Mi Valle, que tenía a su cargo 40 0bras, aseguró que aún siguen en negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero que están en discusión las objeciones que ha hecho el Departamento, en especial lo que tiene que ver con la parte de la comisión de éxito que esta firma le alcanzó a pagar al estructurador de los proyectos y que equivale a $1.537 millones.

Mi Valle reclama indemnización por $10.200 millones correspondientes al pago de los diseños arquitectónicos de las obras y los gastos que incurrió por otros menesteres.

tomado de http://noticias.latam.msn.com/co/colombia/articulo_colprensa.aspx?cp-documentid=28572897