“Aquí en Cali comienza la seguridad ciudadana”: Juan Manuel Santos

Santos destacó que la cultura y el deporte serán herramientas fundamentales para prevenir conductas delictivas en los jóvenes “y por eso la Seguridad
Ciudadana trabajará de la mano con instituciones como Coldeportes, y los ministerios de Educación y de Cultura”.
La Política anunciada ayer por el Presidente y que se aplicará en todo el territorio nacional, en especial en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, contempla en su componente de prevención la creación de miles de empleos para los jóvenes. Santos aseguró que para financiar el paquete de iniciativas preventivas se van a destinar al menos 300.000 millones de pesos en los próximos cuatro años.
El componente “proactivo”
Los aspectos más importantes del segundo componente, que Santos llamó proactivo, incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, a la Ley de Infancia y Adolescencia y al Código de Policía. Precisamente hoy será radicado en el Congreso el proyecto que incluye estos cambios.
Al respecto el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, le dijo a El País que estas modificaciones han sido discutidas con los miembros del Consejo Superior de la Judicatura en los Consejos de Política Criminal y que aún falta una reunión más para ajustar detalles.
La Política de Seguridad Ciudadana propone, entre otros aspectos, que se cree el Registro Nacional de Salvoconductos, que podrá ser consultado de manera inmediata por la Policía Nacional para tener un mejor control sobre las armas de fuego. Con ese mismo propósito, el presidente Santos anunció que “se van a aumentar las penas para el porte de armas de fuego, que hoy resulta excarcelable”.
Asimismo, el Gobierno reveló que la implementación de la Seguridad Ciudadana tendrá un costo de 3,64 billones de pesos.
“El Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, manejado por el Ministerio del Interior, va a destinar alrededor de $480.000 millones en cuatro años para apoyar los planes de seguridad ciudadana municipales y departamentales. Hasta el momento, menos de la mitad de los 1.101 municipios del país han constituido estos fondos”, dijo Santos.
Los pilares de la nueva política del Gobierno
“El crimen genera miedo, genera desconfianza entre los ciudadanos, y nos impide gozar de los derechos que la Constitución nos garantiza. ¿De qué sirve tener un parque a la vuelta de la esquina si nuestros hijos no pueden ir a jugar en él por miedo a que los atraquen?”
Con estas palabras el presidente Juan Manuel Santos sustentó el primer pilar de su Política de Seguridad Ciudadana: la prevención del delito. “La delincuencia es un monstruo de mil cabezas que puede manifestarse de mil maneras: robo, atraco, abigeato, extorsión, secuestro, homicidio”, agregó.
El Presidente hizo un llamado a los padres de familia para que desde los hogares les enseñen a sus hijos que la ilegalidad no es una opción de vida y que el crimen no paga.
Señaló que toda su política estará enmarcada en el Estatuto de Seguridad Ciudadana, que va a fortalecer los instrumentos legales para combatir la delincuencia. El Estatuto contempla reformas de fondo al Código de Procedimiento Penal, como modificar las reglas de competencia en relación con los jueces de Control de Garantías.
“De esta manera vamos a poder utilizar jueces de Ejecución de Penas de reacción inmediata para operar en cualquier parte del país”, anunció el Presidente. Destacó que en los próximos cuatro años serán destinado de manera gradual 20.000 nuevos policías en todo el país.
Preventivos: Los jóvenes
Dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se va a trabajar en medidas preventivas, judiciales, de infraestructura adecuada para la detención de infractores, y de corresponsabilidad familiar, para prevenir el delito juvenil y su reincidencia. El Gobierno también reconoce que en algunas ciudades el desempleo entre jóvenes llega a bordear el 25%. Uno de cada cuatro jóvenes que se gradúa del colegio no consigue empleo. Para esto propone la creación de miles de empleos para esta población y la inclusión en programas de deporte y cultura.
Proactivos: Código Penal
Se adoptarán medidas que permitan la colaboración de la Policía con el Inpec para mejorar la vigilancia de las personas que se encuentran bajo las medidas de detención domiciliaria. Se acaba la dosis personal. Desde ahora, quien porte estupefacientes incurriría en el delito de tráfico ilegal de precursores de drogas sintéticas.
Al mismo tiempo se van a aumentar las penas de una serie de hechos punibles, como por ejemplo el porte de armas de fuego, porte de estupefacientes y concierto para delinquir, que en la actualidad resultan excarcelables.
Pertenecer a una banda será delito
El Gobierno creará el delito de “pertenencia a banda armada”, que cobija tanto a las llamadas bandas criminales o Bacrim, como a las bandas delincuenciales y a los grupos armados ilegales en general.
Eso quiere decir que una persona sería capturada por el sólo hecho de estar señalada e individualizada por las autoridades como integrante de alguna
organización criminal. Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es algo similar a la Ley ‘Antimaras’ que se aprobó en El Salvador para poner
freno a las pandillas.
Reforma al Código de Infancia y Adolescencia
La Política de Seguridad Ciudadana propone una reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia, permitiendo que las sanciones impuestas a menores se apliquen hasta que se cumplan, y no sólo hasta que el joven tenga 21 años como funciona en la actualidad.
En este sentido, El Gobierno propone ampliar el término máximo de privación de la libertad de 8 a 12 años respecto a delitos de competencia de jueces penales del circuito especializado. Los delitos en los que más participan los menores son hurto y porte de armas.
Reforma al Código de Procedimiento Penal
En lugar de jueces de Control de Garantías, el Gobierno propone que sean los jueces de Ejecución de Penas (encargados de ejecutar las sanciones que imponen los jueces de conocimiento) los que actúen en la reacción inmediata. Se aumentarán los términos entre la formulación de imputación y la formulación de la acusación de 30 a 60 días para evitar vencimiento de término. Se eliminarán las restricciones de horario para las órdenes de allanamiento y de registro. En la actualidad sólo se hacen entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.
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