Elecciones de gobernador del Valle no tienen vuelta atrás: Vargas Lleras
Los ex presidentes en Colombia siempre han ejercido una gran influencia y han tenido una vida muy activa en política y el ex presidente Uribe no es la excepción, de manera que bienvenido nuevamente.
De manera que más allá de criterios de conveniencia, el Gobierno tiene la obligación de cumplir la Constitución y la ley. En el futuro y de cara a la reforma política, esta normatividad debe cambiar porque creo que una organización política que es sancionada con la destitución de un funcionario, no debería tener el derecho a sustituirlo.
También creo que esta experiencia que vivimos en el Valle nos debería llevar a pensar que cuando una situación así ocurre, el Gobierno debería tener facultades para designar a la persona que ha de terminar el periodo. Pero mientras esa reforma no sea aprobada, tanto el Presidente como yo, nos veríamos enfrentados a situaciones de orden legal por desviación de funciones sino cumplimos la ley. Por más doloroso que sea proceder así, es nuestra obligación.
¿Qué va a pasar con la situación de los alcaldes que dicen estar maniatados por la Ley de Garantías?
Cuando hay elecciones hay que aplicar la Ley de Garantías. En el encuentro con los alcaldes ayer recibí esas inquietudes y voy a examinarlas con cuidado y le pediré al Procurador un concepto sobre si esa ley en una elección atípica debe cobijar o no a los mandatarios municipales, pero hasta tanto tenga claridad, ellos deberían examinar el asunto con detenimiento porque si están sometidos a la norma y la violan, son susceptibles de sanciones.
Hay la sensación de que la convocatoria a elecciones es también de tipo político y se comenta en diversos círculos que con la medida se satisface al grupo de Abadía y al PIN al haber comicios y al Vicepresidente de la República al dejar al actual gobernador encargado…
No actuamos con criterio político, simplemente acatamos la normatividad.
En el Valle hay fuertes versiones de que usted en la pasada campaña electoral recibió apoyo del PIN a través de terceros. ¿Es cierto?
Ellos mismos reconocieron que votaron por el Presidente, de manera que no hay fundamento en esos rumores. Todo el mundo sabe que en el pasado, en la elección de Abadía, Cambio Radical respaldó al doctor Alejandro De Lima.
Pero, las versiones se encaminan a que el PIN lo apoyó con sus votos en la primera vuelta presidencial…
Yo no concurrí a ningún acto con el PIN en esa campaña. No tengo ningún vínculo con ese partido.
Usted acaba de advertir ante los mandatarios municipales reunidos en Cali, que el proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores podría quedar por fuera, por tiempo, ya que no tiene ponencia. ¿Eso quiere decir que al igual que en otras tantas ocasiones se podría hundir?
No lo descarto. Tenemos una agenda bien congestionada. Este proyecto fue radicado el 27 de agosto y aún no ha recibido ponencia, tratándose de un acto legislativo. La próxima semana será crucial, si no hay ponencia, por términos, una vez más fracasará.
¿Cree que falta voluntad política de los congresistas para darle vía libre a este proyecto?
La reelección de alcaldes y gobernadores siempre ha dividido profundamente a las bancadas en el Congreso y esta no es le excepción. El Presidente desea que se apruebe para los actuales alcaldes, pero en el evento en que no haya consenso suficiente, no dudaría en presentar la iniciativa para que puedan ser reelectos quienes en el próximo periodo accedan como mandatarios.
El Gobierno llevó al Congreso una ambiciosa agenda legislativa. ¿Cree que la podrán sacar adelante?
Si, toda la agenda camina bien. Esta semana fue particularmente útil. Se aprobó en segundo debate en plenaria de la Cámara las facultades al Gobierno para la creación de los ministerios de Justicia, Vivienda, Trabajo; se aprobó el Código Contencioso. Todos los proyectos están avanzando, algunos se convertirán en leyes en diciembre y otros concluirán su trámite en marzo.
¿Hay realmente consenso sobre la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas, pues hay reservas en algunos sectores?
La Ley de Tierras puede suscitar un debate muy profundo, pero el Gobierno confía en que haga parte de una política integral que se complementa con la Ley de Víctimas que esta semana el mismo Presidente radicó en el Congreso.
La elección del Fiscal General sigue bloqueda en la Corte Suprema de Justicia y, pese a los pronunciamientos del Gobierno en torno al tema, no hay salidas. ¿Quien debe ahora dar el primer paso en eso?
No se trata de quien dé el primer paso, las competencias constitucionales y legales son de la Corte Suprema y es a ellos a quienes les corresponde elegir al Fiscal. El Presidente, de una y de otra forma, se ha referido al tema. Nosotros no tenemos preferencia si se elige de la actual terna o si cambia. Lo importante es que se defina un fiscal en propiedad. Si la Corte elige de la actual terna, el Gobierno se sentiría muy complacido, y si eso no es posible, pues el Gobierno si quisiera tener un mensaje claro y que refleje el sentir de la Corte.
¿Qué tanto afecta la institucionalidad la demora en la elección del Fiscal?
El actual fiscal ha venido cumpliendo a cabalidad sus funciones, tiene una larguísima trayectoria en la Fiscalía, pero claro que la situación de interinidad para el mismo, para la institución, para la definición de políticas a mediano y largo plazo es apremiante.
Las organizaciones criminales evolucionan, y se modernizan. La legislación y el Gobierno tienen que gozar de nuevos instrumentos y también modificar algunas estrategias para enfrentarlas.
La sensación que hay sobre la elección del Fiscal es que el Gobierno no quiere asumir el costo político de cambiar la terna y hacerle ese desaire al anterior Gobierno…
No, yo he señalado que si al interior de la Corte hay una división, como en efecto existe, el Gobierno podría cambiar la terna, pero quisiéramos tener certeza de que eso no es un motivo que profundice las divisiones en la Corte.
La reforma política a fondo que se proyecta para el próximo año tendrá suficientes dientes para acabar con las malas prácticas en política?
En materia de reforma política, radicamos la ley estatutaria del acto legislativo que el Congreso aprobó el año anterior, pero en la mesa de concertación de la unidad nacional estamos avanzado en la discusión de temas que podrían ser parte de una reforma de rango constitucional, con temas como la circunscripción nacional, el voto preferente y tantos otros. Nos impusimos el compromiso de trabajar en estos meses y expedida la reglamentación, elaborar una reforma de más largo aliento.
Pero esa si tendrá dientes suficientes dientes…
Dientes y consenso. En la reglamentación que se tramita en el Congreso incluimos algunas normas de reforma al régimen electoral que van a contribuir a darle transparencia a las elecciones de octubre. Por ejemplo, que la huella sea tomada de manera dactilar, que el escrutinio no se postergue hasta el lunes o marte siguiente sino que se inicie el propio día de las elecciones, que los formularios E 11 y E 14 tengan registro de barras electrónico y otras medidas, que pueden evitar fraudes.
Todos los proyectos y reformas que se tramitan tienen un costo político a futuro. ¿No le teme a ello?
No trabajo con base en cálculos electorales. Mi compromiso es impulsar todas las iniciativas del Gobierno, que creo van a resultar muy útiles, de hondo calado. Leyes como la de víctimas, tierras, regalías y otras pueden transformar la sociedad colombiana. Bien lo ha dicho el Presidente, Colombia va a vivir en los próximos años una etapa de crecimiento económico y de prosperidad que debemos utilizar para elevar al nivel de vida de todos, particularmente de quienes hoy no alcanzan siquiera el nivel promedio.
¿En qué consiste la política de seguridad que va a presentar el presidente Santos el lunes en Cali?
Muy levemente para no chiviar al Presidente. Esta política es un componente más de la seguridad democrática. El Gobierno quiere hacer un mayor esfuerzo para enfrentar a las bandas delincuenciales, que a nivel urbano han disparado los índices de criminalidad y se va a hacer en tres frentes: el operativo, el legal y el de coordinación con las autoridades locales. Me anticipo a decir que esta estrategia en poco tiempo va a producir grandes resultados.
¿Qué lectura le hace a los comentarios que dicen que usted le roba el protagonismo al presidente Santos?
No me he robado ningún protagonismo. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior en esta agenda ha tenido la responsabilidad de promover muchas de estas iniciativas que son del resorte de mi propia cartera, pero quiero aclararle que mi compromiso con el Gobierno es total. Cuando asumí esta cartera lo hice sin cálculos políticos, comprometido con el actual Gobierno, esperanzado en hacer parte de este equipo, que era una gran oportunidad de transformar la vida nacional. Además el Presidente ha sido generoso, algunas de estas iniciativas tuvieron origen en mi campaña y la satisfacción de poderlas convertir en realidad ha animado mucho en este trabajo.
Otros temas
El Ministro del Interior también llamó la atención sobre el trámite que actualmente cursa el proyecto de acto legislativo para reelegir alcaldes y gobernadores.
Dijo, que ese acto fue presentado hace más de un mes y aún no ha tenido ponencia. “Vamos a insistir, si la semana entrante los ponentes no radican la ponencia, nuevamente puede fracasar esa iniciativa”, señaló el Ministro.
También habló del proyecto de reforma al sistema de las regalías. Dijo que Gobierno Nacional defiende el proyecto que está radicado en el Congreso, con el que departamentos del suroccidente del país, como el Valle del Cauca, “van a ver incrementados sus recursos a partir del año 2011”.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estará este lunes 4 de octubre, en el sector de Aguablanca, a partir de las 11:00 a.m, donde lanzará el programa de Seguridad Ciudadana.
Se trata de “una política integral para enfrentar la delincuencia en las grandes ciudades, que involucran el componente operativo, legal y la más estrecha vinculación de autoridades regionales y locales”, explicó el Ministro del Interior.
Elpais.com.co
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