‘Nadie puede ser obligado a aceptar el aborto’, aseguró el Procurador Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público.

Ordóñez pide también que los argumentos de personal médico sanitario y de funcionarios "siempre sean procedentes" cuando se nieguen a contribuir a esta práctica que, según la Corte, se puede aplicar cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando existan malformaciones y cuando la madre corra peligro.
"Entonces, un funcionario, con convicciones respecto de la vida o del matrimonio, no podría acceder a la función pública porque tendría que actuar contra su ideas", cuestionó el procurador Ordóñez durante un foro en la Universidad Nueva Granada.
Esto significa que jueces, autoridades disciplinarias y policiales, y notarios podrían negarse a participar en decisiones relacionadas con el aborto.
"Un juez, por poderoso que sea, no puede cambiar la naturaleza de las cosas. Nos cambiaron la naturaleza del delito: el aborto pasó de delito a derecho y, por tanto, las consecuencias jurídicas frente a la conciencia de quienes tengan que decidir dentro de sus funciones públicas son gigantescas", dijo.
En su última sentencia, la Corte dejó claro que los médicos pueden negarse a practicar abortos legales, pero no las instituciones. Y en el caso de funcionarios, dijo que ese derecho tiene límites, ya que están obligados a cumplir con la ley por encima de cualquier convicción moral, política o religiosa.
Ordóñez califica de "totalitaria" esta posición y plantea que en un plazo de 8 días los funcionarios podrán negarse a decidir sobre el tema. Mónica Roa, una de las principales opositoras de la penalizacíón del aborto, aseguró que, dada su ilegalidad, es la tercera causa de mortalidad materna.
Eltiempo.com.co