«Es probable que el nexo de políticos con la ‘oficina de envigado’ continúe»

«Es probable que el nexo de políticos con la ‘oficina de envigado’ continúe»

S.A.J.- La ubicación geográfica es una cosa y el control territorial, es otra. Las bandas sí están en las partes más periféricas y ejercen un poder intimidatorio sobre la vecindad, practicando actividades extorsivas  y de intimidación pero nosotros entramos cuando lo decidimos. Lo que sucede es que las bandas ahora se enfrentan con otras, con armamento de largo alcance y durante la confrontación se ubican en un sistema de terrazas que hace casi imposible su persecución. Además, rotan muy rápido las armas que tienen, pasándolas de un domicilio a otro. Dificultan así la acción de la autoridad, de tal manera que es casi imposible realizar capturas o judicializar a los delincuentes.

C.O.T.- Afirma que las bandas no tienen control territorial pero lo que se ve desde afuera es que nadie puede entrar ni salir de las comunas si no lo permiten las pandillas…

A.S.J.- Es claro que las pandillas propician inercias para apoderarse del territorio. No niego esa circunstancia. Me refiero a que antes tenían el control total de la zona y la policía no podía llegar sino a dos kilómetros de distancia, desde donde era rechazada con todo tipo de armamentos. Esa no es la circunstancia actual.  Existen grupos que tienen injerencia destructiva en la comunidad pero no hay pérdida de la capacidad de la autoridad de acceder al territorio.

C.O.T.- El columnista León Valencia asegura que “nadie ha querido aprender” del pasado y que no se atreven a señalar que la causa fundamental del caos es la de los vínculos persistentes entre mafiosos, políticos y empresarios  ¿Usted comparte ese concepto?

A.S.J.- Hay una ausencia importante en el comentario que es el de ignorar lo que pasaba antes de la Operación Orión. Se señala la connivencia de la fuerza pública con el paramilitarismo. Pero se olvida la que hubo con las milicias urbanas.

C.O.T.- ¿Quiere decir que las fuerzas del Estado se habrían aliado con la guerrilla urbana así como lo habrían hecho con los paramilitares?

A.S.J.- Eso se dijo en la época. Y no solo en la Comuna 13 sino también en la zona nororiental. Pero quienes tienen formación de izquierda olvidan ese capítulo de la historia. Tengo que resaltar – sin que eso signifique disculpar el horror de las acciones de los paramilitares – que la ‘máquina de limpieza social’ más grande que ha tenido Medellín fue la de las milicias populares. En segundo lugar, es una verdad histórica la connivencia de sectores del Estado y de la sociedad, con grupos de autodefensa. Tercero, el proceso de desmovilización de las AUC tuvo una cantidad de vacíos y baches. Y esa responsabilidad política fue del gobierno nacional.

C.O.T.-  Justamente se recuerda que hubo disputas entre la alcaldía de Sergio Fajardo y el gobierno central por los desmovilizados que quedaron en Medellín. ¿Hay constancias de que ustedes advirtieron lo que podía pasar?

A.S.J.- Tengo documentos de las reuniones  y las comunicaciones que sostuve con funcionarios del gobierno central para llamarles la atención sobre la falta de verificación  del proceso de desmovilización y la ausencia de justicia. No hay duda de que esas circunstancias influyen en los sucesos de hoy. Sin embargo, hablar de resurgimiento del paramilitarismo es una equivocación. Hay una ruptura respecto de ese fenómeno y más bien se ha regresado a las estructuras típicas del narcotráfico que  influyen en la vida política, social y económica de la región.

C.O.T.- Por su parte, el ex comisionado Luis Carlos Restrepo aseguraba que él se ‘separó’ de la forma como la alcaldía de Medellín manejaba a los reinsertados porque había cierta connivencia de ustedes con  “Berna”.

A.S.J.-  Luis Carlos Restrepo con quien tengo – o tenía – una larga amistad, era el primer responsable de ese proceso. Cuando a nosotros  nos tocó asumir la reinserción de los desmovilizados, que se había hecho durante la administración del señor Luis Pérez, no había un solo proyecto, una bitácora para conducirla. El Comisionado quería que nosotros recibiéramos a ochocientas personas (desmovilizadas) en la ciudad y que no preguntáramos por los compromisos que se habían pactado. Hasta mucho más de un año después, no teníamos claridad sobre las listas de reinsertados ni sobre los beneficios que se les habían dado. Después añadieron nuevas desmovilizaciones de sitios que para nosotros fueron una sorpresa. Por ejemplo, sumaban gente del campo con una nueva cantidad de grupos de la ciudad.

C.O.T.- ¿Cómo les respondía el Comisionado?

A.S.J.- Frente a las preguntas específicas, por ejemplo, sobre las estructuras no desmovilizadas de las autodefensas, Luis Carlos Restrepo guardaba silencio. En muchas ocasiones, en compañía del alcalde Sergio Fajardo, discutimos con él sobre  esos temas. Pero se iba y aquí quedábamos con el problema. Sin embargo, a cada visitante del extranjero que llegaba, el gobierno nacional quería mostrarle cómo funcionaba la reinserción en Medellín. Eso sí hacía con mucha eficiencia. Pero atender el proceso, sus dificultades y nuestras denuncias, no.

C.O.T.- Voy a insistirle con un tema que lo debe torturar: ¿Por qué, en época de Fajardo, descendieron los índices de violencia de manera tan espectacular y después se recrudecieron hasta llegar a lo de hoy?

A.S.J.- Usted se refiere a la llamada “donbernabilidad”que se utiliza con regocijo en las extremas de izquierda o de derecha, para criticarnos. Hemos sido acusados por las FARC de complicidad con el paramilitarismo. Y por los paramilitares, de ser aliados de la guerrilla. El hecho de que haya existido mejoría en las estadísticas de violencia en ese momento obedece fundamentalmente a que había una estructura criminal unificada entre los desmovilizados y no desmovilizados. Eso hacía que no hubiera confrontación entre bandas. Ahora, si en esta ciudad hay impunidad, esa responsabilidad no se le puede adjudicar al alcalde porque hay separación de poderes. El alcalde no tiene herramientas para investigar ni para capturar. 

C.O.T.- Aparte de la responsabilidad que le cabía al gobierno nacional en el proceso de desmovilización ¿No hubo descuido suyo como Secretario de Gobierno de entonces?

A.S.J.- No. Desde el inicio pedimos de manera severa que hubiera verificación del proceso pero nunca se hizo. Cuando empezaron a producirse hechos criminales de las estructuras del narcotráfico no desmovilizadas, la alcaldía insistió en que había que investigar la “oficina de Envigado”. Pero primero se enteraba la gente de la ‘oficina’ de nuestras peticiones en los  consejos de seguridad, que el gobierno nacional.

C.O.T.- ¿Usted no tiene dudas de que el consejo de seguridad estaba infiltrado por el narcotráfico?

A.S.J.- Durante los seis o siete primeros meses de mi administración asistieron al consejo de seguridad el General Pedreros, comandante de la Policía Metropolitana, que después fue llamado a calificar servicios; y el Director Seccional de Fiscalías, Guillermo León Valencia Cossio, que fue trasladado a otra ciudad, y posteriormente renunció. Ambos estuvieron involucrados, según la Fiscalía, en una misma circunstancia: entregar información y  organigramas de las estructuras del narcotráfico que documentaban los cuerpos de investigación del Estado.

C.O.T.- Su respuesta es diciente ¿Cuánto tienen que ver los vínculos entre los agentes legales de la sociedad y las estructuras ilegales de la ciudad en la crisis de violencia que vive Medellín?

A.S.J.- Hace unos días escribí un artículo en el que dije, explícitamente, que la ‘respiración’ que se le da desde el marco institucional a los sectores ilegales, hace muy compleja la posibilidad de derrotar a los delincuentes. El número de parlamentarios antioqueños procesados por parapolítica es un reflejo de la manera como ha funcionado la política en la ciudad. No tengo duda de que todavía hay muchos vasos comunicantes entre ese mundo aparentemente legal, institucional y político, y los grupos delictivos.

C.O.T.- Con referencia al poder político ¿Cree – como afirma León Valencia –  que tras esta nueva ola violenta, se esconde la disputa por el poder local que se dirimirá en  2011?

A.S.J.-  La “oficina de Envigado” estuvo muy activa tratando de que esta alcaldía no llegara a su final. Lo intentaron con denuncias judiciales diversas, por ejemplo, involucrando al alcalde con un secuestro. Hay sesenta denuncias contra mí por injuria y calumnia en una campaña de desprestigio que también  emprendieron. Tengo información directa de que los abogados que trabajan para la ‘oficina’ participaron en lo que llamé “el montaje”: la acusación que hicieron de un supuesto apoyo de reinsertados y de ‘don Berna’ a mi campaña a la alcaldía. Para desgracia de la ciudad, es probable que el nexo de políticos con miembros de la ‘oficina de Envigado’ continúe, y se repita en el futuro con el propósito de llegar al poder y si no, de desestabilizar a quien llegue.

C.O.T.- Precisamente sobre esas denuncias la Fiscalía abrió una investigación preliminar para determinar si su campaña fue apoyada por esas bandas  ¿Qué pasó con ese proceso?
 
A.S.J.- Yo mismo le pedí a la Fiscalía que investigara esas imputaciones porque eran muy graves para el alcalde y para la ciudad. Por eso le insistí al fiscal Iguarán que iniciara la investigación y después, al fiscal Mendoza que se llevara hasta el fondo las averiguaciones.  Se acaba de archivar el proceso no solo porque no  existe un solo indicio de que lo que se dijo no era verdad, sino que además se evidencia que  unos desmovilizados y otra gente del mundo criminal se confabularon contra el alcalde. Muchas y muy diversas complicidades confluyeron en este propósito.

C.O.T.-  Alias ‘don Berna’ envió una carta desde la cárcel de Estados Unidos en la que afirma que recibió visitas suyas para tratar, supuestamente, asuntos relacionados con  Medellín. Dice que hay registros de su ingreso a la cárcel de Itagüí ¿Eso es cierto?

A.S.J.- En esas acusaciones mezclaron verdades a medias, con inmensas mentiras. Me reuní con Murillo Bejarano en cuatro ocasiones siendo yo Secretario de Gobierno y siempre acompañado por el director de Paz y Conciliación de la alcaldía porque las reuniones no tenían otro objeto que hablar del tema de desmovilización ¿Por qué con ‘Berna’ y  con los miembros de la denominada “Corporación Democracia”? Porque el gobierno nacional delegó en ellos – y tengo las actas en que consta –  la interlocución de los desmovilizados con el Estado. En las denuncias recientes de ellos contra mí, cambiaron las fechas y el motivo de las reuniones. La Fiscalía tiene las certificaciones de la cárcel de Itagüí donde consta que nunca estuve en tiempos de campaña allí.

C.O.T.-   ¿Por qué razón los desmovilizados querían vengarse de usted si, finalmente, los acompañó en el proceso de reinserción?

A.S.J.- Asumimos un alto costo político por apoyar la reinserción que lideraba el presidente Uribe, es cierto. Pero, al mismo tiempo, nosotros – y hablo del alcalde Fajardo, de su grupo y de mí, como Secretario de Gobierno – fuimos claros en denunciar los incumplimientos de los reinsertados, con los compromisos que habían adquirido. Desde ese momento ellos empezaron a usar el expediente de supuesto guerrillero contra Alonso Salazar, que después fue repetido por un candidato a la alcaldía. Se radicalizaron más cuando gané  y se incrementó el deseo de hacerme daño cuando insistí en que se aceleraran los procesos contra quienes no habían cumplido el pacto. Y hubo políticos que aprovecharon ese resentimiento.

C.O.T.- En el escrito de archivo de su investigación de la Fiscalía, leí que varios de los delincuentes mencionados parecen haber tenido relaciones políticas con su antiguo rival en la contienda por la alcaldía, Luis Pérez ¿Qué opinión tiene al respecto?

A.S.J.- Prefiero no buscar fantasmas, sino dedicarme a gobernar. Pero es bueno que ese dictamen de  la Fiscalía que es un documento  público, haya hecho varias claridades.

C.O.T.- Voy a insistirle con un tema que lo debe torturar: ¿Por qué, en época de Fajardo, descendieron los índices de violencia de manera tan espectacular y después se recrudecieron hasta llegar a lo de hoy?

A.S.J.- Usted se refiere a la llamada “donbernabilidad”que se utiliza con regocijo en las extremas de izquierda o de derecha, para criticarnos. Hemos sido acusados por las FARC de complicidad con el paramilitarismo. Y por los paramilitares, de ser aliados de la guerrilla. El hecho de que haya existido mejoría en las estadísticas de violencia en ese momento obedece fundamentalmente a que había una estructura criminal unificada entre los desmovilizados y no desmovilizados. Eso hacía que no hubiera confrontación entre bandas. Ahora, si en esta ciudad hay impunidad, esa responsabilidad no se le puede adjudicar al alcalde porque hay separación de poderes. El alcalde no tiene herramientas para investigar ni para capturar. 

C.O.T.-  ¿La extradición de ‘Berna’, tiene que ver con el posterior estallido de violencia, y significa este hecho que él tenía manejo y control de algunas partes de la ciudad? 

A.S.J.- Como le decía, cuando las estructuras criminales que se perciben como hegemónicas se rompen,  hay dificultades e incremento de homicidios por la confrontación que sigue a la ruptura. La  de la llamada ‘oficina de Envigado’ tiene origen en la extradición de ‘Berna’, aunque ya se habían presentado algunos síntomas de que él estaba perdiendo poder. ‘Berna’ trató de dejar sus herederos pero surgió otro bloque. En alguna medida, así se inicia lo que vivimos hoy.

C.O.T.- ¿El narcotráfico de la época de Pablo Escobar y el del presente son similares en cuanto a la violencia que generan?

A.S.J.-  Sí, porque ésa es una historia que no ha sufrido una verdadera ruptura. Si uno suma las acciones de Pablo Escobar de los años 90 con las bandas que se formaron después a través de los ‘Pepes’, de Carlos Castaño y de ‘don Berna’ y sigue con las de hoy, descubre que existe un submundo que el Estado o la sociedad no han logrado romper de manera sustancial. Hay una línea de continuidad muy fuerte.

Archivo de un escándalo sin sustento probatorio

Cecilia Orozco.- ¿Perdió el apoyo de Medellín cuando lo acusaron de haber recibido dinero de ex paramilitares para su campaña a la alcaldía?

Alonso Salazar.- Por fortuna conté siempre con la credibilidad de los empresarios más significativos de la ciudad, de ONG y de valiosos grupos académicos. La confianza de ellos hacia mí, no se debilitó. Pero hubo daño en la opinión de ciudadanos del común. De todas maneras, hay una obra muy bella que estamos realizando inversión social. Será una alegría que me lleve al final.

C.O.- ¿Siente que fue minado psicológicamente?

A.S. – Claro que me afecté y por eso hice un gran esfuerzo para que la Fiscalía esclareciera totalmente los hechos.

C.O.-  La investigación contra usted fue archivada porque no tenían sustento las denuncias ¿Le quedó un sentimiento de amargura?

A.S.- Tengo una reflexión como periodista: los medios se han convertido en una especie de tribunal que se transforma a veces en picotas públicas que multiplican, sin investigación, mensajes que hacen daños irreparables. Y cuando el daño puede ser reparado, por ejemplo, con información sobre el archivo de la investigación, no lo hacen. En eso veo cierta perversión. Lo que pasó con los medios en mi caso, me afectó mucho. Lo admito.

Medellín sufre otra vez

Según el alcalde Alonso Salazar, el eje de la violencia que ha recrudecido  en Medellín sigue siendo producido por las bandas del narcotráfico que no han perdido poder desde la época de Pablo Escobar. Dos asonadas con graves amotinamientos de habitantes de barrios de las comunas, pusieron en estado de alerta a las autoridades nacionales.

Incluso, el presidente Santos se vio obligado a viajar a la capital antioqueña la semana pasada para presidir un consejo de seguridad, antes de partir a su primera visita como jefe de Estado, a Brasil. En lo corrido de 2010 hay una estadística oficial de 1.220 homicidios pero para diciembre se ha hecho una  dramática proyección de 2.000.

Sin embargo, las autoridades locales esperan recibir apoyo central de la fuerza pública y los fiscales, para contener la ola. En los últimos días fueron retenidas 1.800 personas por porte ilegal de armas pero 1.250 no pudieron ser conducidas a la cárcel porque ese delito tiene una pena que permite la excarcelación. Hay una  relación de 150 bandas que actúan de manera permanente y contra lo que se cree, no solo están compuestas por adolescentes. Los adultos, jefes del narco, usualmente experimentados aunque clandestinos delincuentes que se hacen pasar por recién llegados al “negocio”, utilizan a los jóvenes como carne de cañón.

 

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John W. Martínez

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