Gobierno Nacional y Local debaten seguridad en Medellín

Gobierno Nacional y Local debaten seguridad en Medellín

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La propuesta del Alcalde Salazar

Como un servicio a nuestras audiencias, presentamos el texto completo de las peticiones y la reflexión sobre la seguridad en Medellín que expondrá el alcalde Alonso Salzar Jaramillo en el consejo de seguridad de este martes.

"1. Apoyo en logística y personal de justicia. Hace unos meses fue asesinado un juez. Tanto jueces como fiscales han requerido mayores medidas de protección que incluyan personal policial en salas de audiencia y transporte  para movilizarse en condiciones de seguridad.

2. La Fiscalía de Medellín, además de que requiere más personal porque sus funciones se han multiplicado, también necesita que se provean más de 200 cargos  que están vacantes.

3. Recursos para tecnología: se cuenta con las instalaciones para instalar el laboratorio desde hace tres años, un edificio  que fue comprado por el Municipio de Medellín. Sin embargo el Gobierno Nacional no ha cumplido con su parte. Los organismos de justicia carecen de equipos o son obsoletos.

4. Solicitamos que la Unidad Especial Bacrim, que se había creado en Medellín para atender el Valle de Aburrá y que fue nacionalizada, ampliando  el radio de acción a los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, vuelva a ser coordinada por la Seccional de Fiscalías  de Medellín.  Además que se  refuerce con mayor número de fiscales para acelerar múltiples trabajos  iniciados contra bandas criminales de la ciudad.

5. Se requiere además  que se le den facultades discrecionales al Consejo de Seguridad del Valle de Aburrá para ordenar el traslado de delincuentes  que siguen multiplicando el conflicto desde las penitenciarías locales.

6. Solicitamos que el Gobierno Nacional evalúe y de respuesta a la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja de intervenir con fines humanitarios en el conflicto de la ciudad de Medellín.

7. Fortalecer alternativas de resocialización. Llamar a  la modalidad de servicio militar obligatorio a jóvenes que se han identificado como pertenecientes a grupos criminales y repetir con ellos la experiencia de los primeros ochocientos que fueron llevados a un centro de formación del Sena y luego regresarlos para que realicen trabajo comunitario en la ciudad. Este caso es pionero en Medellín y su aplicación ha tenido buenos resultados

8. Fortalecer el programa de protección de testigos. Evaluar algunas alternativas menos costosas que no desarraigan  los informantes y sus familias.

9. Crear un sistema de apoyo legal a las víctimas.

Política criminal
Estas iniciativas deben enmarcarse dentro de una Política  Criminal que se diseñe para enfrentar la delincuencia y la violencia de las ciudades.

Elementos de contexto
El gran problema de Medellín son las organizaciones dedicadas a la exportación e importación de narcóticos. Esas organizaciones desde finales de los años noventa eran  controladas por la denominada “Oficina”.

Tras la desmovilización de las autodefensas, la extradición de alias Berna, la desaparición de alias Danielito, la negociación de miembros de este grupo, como Rogelio y Yiyo con la justicia norteamericana, la detención de otros miembros de la cúpula como  alias Douglas, el Cebollero, y Riñón, esta estructura se descompuso

Dos grandes sectores, el de alias Sebastián y el alias Valenciano, se trenzaron en una interminable disputa por el control de esa estructura criminal.

Como consecuencia los homicidios de la ciudad se triplicaron y en diferentes comunas la vida comunitaria se ha  visto severamente afectada, por el recrudecimiento de enfrentamientos donde mueren inocentes, por el uso de métodos combinados de asonadas y presencia armada. Y en general por la implantación de un régimen de miedo a los habitantes quienes permanecen en grave indefensión.

Las víctimas no se animan a declarar por miedo y los pocos que lo hacen con la esperanza de tener apoyo del Estado, para su protección, en la práctica quedan expuestos. La sensación que tienen es que los delincuentes son más fuertes que nuestro  sistema legal.  Bien  por sus debilidades estructurales o  bien porque la legislación actual,  que quería brindarle todas las garantías a los ciudadanos, terminó dejándolos expuestos y  favoreciendo a delincuentes avezados que corrompen y aprovechan todas las fisuras del sistema.

Este, entre otros aspectos, me llevan a solicitarle al señor Presidente la adopción de medidas especiales que sean posibles dentro de la actual legislación,  como Bloques de Búsqueda.

Pero también a solicitarle reformas  al Código Penal  y al Código de Procedimiento Penal, en aspectos como la obligatoria pena intramural para portadores de armas ilegales, y la ampliación de los términos.

La lucha de los narcotraficantes se proyecta sobre el territorio comunitario instrumentalizando bandas que han existido en la ciudad y otras tantas creadas en el nuevo contexto. 

Si bien utilizan jóvenes y explotan niños en la confrontación, es un equívoco tipificar esta violencia como juvenil. Es una típica confrontación de estructuras criminales en la que se está utilizando armamento sofisticado  y en el que los miembros obedecen a estructuras jerárquicas que trascienden el barrio y hasta la región.

Estas organizaciones tienen un eficiente aparato logístico: ante la detención de cualquiera de sus miembros se movilizan con un pool de abogados compuesto por expertos penalistas  que manejan con solvencia el  sistema penal acusatorio, pero sobre todo manejan sus deficiencias.

Entre tanto las víctimas y las comunidades no tienen apoyos legales.

Lo importante es dotar a las autoridades de herramientas eficaces para trabajar por la convivencia y la seguridad y de esta manera empoderar a los buenos ciudadanos garantizándoles que los delincuentes serán castigados. 
Alonso Salazar Jaramillo Alcalde de Medellín".
Elcolombiano.com

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John W. Martínez

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