El cascabel al gato

A partir de ahí se invirtió el punto de vista. El problema no era ya que faltara tierra, sino que sobrara gente. Así que la política oficial (local y nacional) empezó a consistir en vaciar el campo de campesinos, tendencia que se fortaleció con la apertura económica neoliberal impulsada por todos los gobiernos desde el de César Gaviria, en los mismos años en que se consolidaban las grandes fortunas de la droga e iban a invertirse despilfarradoramente en un campo más suntuario que productivo, y más ganadero que agrario, y decididamente narcoparamilitar. A la vez, y como consecuencia de la doble presión de la violencia armada y del espejismo del cultivo cocalero en regiones de colonización cada día más remotas, el campesino pobre prosiguió su errancia, bien hacia las ciudades (incapaces de proporcionar empleo, salvo en la delincuencia o el rebusque), bien hacia las selvas taladas para sembrar cocales y donde las únicas fuentes de trabajo eran el paramilitarismo y la guerrilla (y crecientemente, a expensas de los recursos del Plan Colombia y luego de la Seguridad Democrática uribista, las fuerzas militares).

La propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos implica una nueva inversión completa del rumbo histórico. Pues el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no está hablando de ampliar las zonas de la frontera agrícola, sino de devolverles las tierras robadas a sus legítimos dueños, y de reintegrar a los desplazados al campo de donde fueron expulsados. Es decir, de hacer de la reforma agraria una especie de contra-contrarreforma en las tierras buenas. Las cuales da la casualidad de que tienen dueño.

Y hay ahí dos problemas. Uno es el de los títulos de propiedad o de posesión, legítimos o espurios: una maraña inextricable dejada por todas las violencias de la historia y complicada por la existencia de innumerables testaferros. Desenredar ese ovillo, o, como dice el ministro Restrepo, "destrabar los mecanismos legales", puede tomar un siglo de juicios de pertenencia y tal vez una o dos reformas de la Constitución. Hoy por hoy es legal y constitucionalmente imposible hacer una Reforma Agraria: habría que hacerla como se han hecho todas, desde Taiwán hasta el Perú: por la fuerza.

Ahí está el otro problema, que son los dueños. Da igual si son legítimos o son de facto. En todo caso, no son ya los latifundistas ausentistas que sin embargo tuvieron hace 40 años la capacidad de detener al Incora y hace 70 la de parar la Ley de Tierras: hoy son mucho peores, y aún más fuertes. Son los narcoparamilitaroterratenientes. El solo nombre estremece. ¿Se van a dejar quitar mansamente esas fincas que tanta sangre les costó ganar? ¿O empezará otra guerra, esta vez con otras alianzas y el gobierno y las Convivir en bandos enfrentados?

Puedo imaginar la escena. Tras agitadas discusiones en torno a la larga mesa del Consejo de Ministros -y uno menciona datos inverosímiles del Incoder, y otro evoca la resistencia campesina de Quintín Lame, y otro más nombra la hacienda que fue de su bisabuelo y que…-, el presidente Santos concluye la sesión dirigiéndose a su Ministro de Agricultura:

—Vaya usted, doctor Restrepo, y, como cosa suya, le pone el cascabel al gato.
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