Congestionada y arrumada: así está la Justicia en Cali

La Fiscalía 167 funciona en unas vetustas instalaciones, en la estación de Policía de Los Mangos, donde se aglomeran también sicólogos, trabajadores sociales y hasta detenidos. La oficina no mide más de dos metros de ancho por cuatro de largo. No tiene aire acondicionado, cuesta aguantar el calor, y sólo hay campo para tres escritorios en los que deben trabajar la fiscal, su asistente, el investigador y, cuando llegan, también deben sentarse las víctimas.

Es en este despacho donde reposa la denuncia hecha en el 2009 por Liney, una mujer que señala a su ex marido como el responsable de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad, a las que además embarazó.

Es allí donde está estancada la esperanza de esta desconsolada madre de que se haga justicia.

Este es apenas un síntoma de la epidemia que afecta a la justicia en Cali. El diagnóstico incluye a los 45 jueces del Sistema que funcionan diseminados en once edificios, amontonados en incómodas oficinas y salas de audiencias con deficiencias técnicas (falta de aire acondicionado o iluminación, etc); cada juez tiene entre 350 y 400 procesos.

Uno de estos incómodos despachos es el del Juzgado 17 Penal con Funciones de Control de Garantías, donde asistir a una audiencia equivale a estar en un sauna, pero sin el refrescante olor a eucalipto.

El Centro de Servicios Judiciales, donde se coordinan las audiencias y se envían las citaciones, entre otros, es un caos de expedientes amontonados hasta el techo en un pequeño cuarto sin la seguridad necesaria para evitar que investigaciones por secuestro, terrorismo o narcotráfico se vayan a extraviar.

Hay más dolencias en la justicia
Desde el 31 de agosto del 2008, cuando las Farc detonaron un carro bomba frente al edificio Elías Serrano, en el centro, la ciudad no tiene palacio de justicia. Esto le complicó la vida a las víctimas, a los abogados, a los fiscales, a los defensores y a los policías, que deben trasladarse de un lugar a otro para cumplir con las diligencias.

Parece que los funcionarios apostaran carreras, pues algunos son citados, debido a la confusión, hasta a cinco audiencias a horas seguidas y en sitios distantes.

Y hay más. En la Fiscalía hacen falta 40 fiscales por contratar. Los 251 que trabajan en la actualidad llevan la carga de 63.885 procesos activos en las diferentes unidades, en promedio cada uno maneja 254 casos.

Hay fiscalías como la 167 de delitos sexuales que cerraron sus puertas porque no dan abasto con la excesiva carga laboral. Este despacho lleva 550 procesos, de los cuales 40 están en etapa de juicio. El fiscal permanece al menos 18 de los 30 días del mes en audiencias y el resto del tiempo debe revisar los restantes 510 casos.

Hay que fortalecer la Fiscalía, ellos hacen grandes esfuerzos. No tenemos el presupuesto para abordar el problema de justicia que hay en la ciudadEliana Salamanca, secretaria de Gobierno y Convivencia de Cali.La situación es de tal magnitud, que este despacho atiende a casi 700.000 habitantes de las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 del Distrito de Aguablanca. Es como poner a un solo fiscal a atender a los habitantes de Pasto o Manizales, que tienen la misma población.
El tema no para allí. Se anunció recientemente que este despacho será trasladado al edificio del ‘mundo de los niños’, en la Avenida Roosvelt.
“Si a uno le cuesta trabajo venir aquí desde Mariano Ramos, cómo será si toca coger taxi o bus para ir hasta el ‘mundo de los niños’”. Quien habla es Carmen Hurtado*, que asiste a esta Fiscalía con frecuencia en cumplimiento de las citaciones que le hacen por la violación de que fue víctima una de sus hijas.

En una ciudad como Cali, donde a diario son capturadas entre 30 y 50 personas por diferentes delitos y casi 10.000 al año, las Unidades de Reacción Inmediata son insuficientes. Solo hay tres: una en Siloé, otra en Los Mangos y otra en Santa Anita. Entre todas suman 19 fiscales para atender a diario delitos tan graves como homicidio, acceso carnal violento, hurto agravado y concierto para delinquir.

Ante este panorama, la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrada Gloria Estela Canaval, reconoce que: “Esos aspectos hacen que la crisis de la justicia sea más difícil de superar, generan represamientos y causan frustración en las audiencias”.

El tema de la crisis de la justicia ha sido motivo de análisis y debates en los recientes consejos de seguridad realizados en la ciudad, pero hay quienes critican la falta de acciones concretas para acabar con el caos judicial.

“En el consejo de seguridad que se hizo hace tres semanas el director de fiscalías anunció que van a asignar dos fiscales de apoyo para crear una Unidad de Vida con el CTI, pero, ¿de dónde van a salir esos funcionarios de apoyo para esa unidad sino hay?”

El interrogante lo lanza el ex fiscal, Elmer Montaña, quien agregó: “No le dicen a la comunidad cuál es la real situación: que hay una crisis de la justicia inocultable, que está a punto de estallar por la desproporcionada carga laboral que tienen los fiscales encargados de delitos de gran impacto”.
El mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reconoció que sí hay una carga en los despachos judiciales. “Si un fiscal tiene 400 expedientes a su cargo las posibilidades de éxito son limitadas”, anotó Ospina.

La justicia requiere de mayores recursos para operar con eficiencia. Según los cálculos del Consejo Superior de la Judicatura, en 1,1 billones de pesos se estima el déficit de la justicia para funcionamiento el próximo año. En tanto, para el Valle la cifra no se conoce ya que el presupuesto es centralizado (ver nota anexa).

Más allá de las controversias y de las deficiencias, la crisis de la justicia es un problema con rostro humano.

Casos represados
Impunidad es una palabra que inquieta día y noche a Liney. Desde octubre de 2009 denunció a su ex marido y a esta fecha el hombre, pese a las pruebas en su contra, no ha sido capturado. “No es posible que mientras un delincuente permanece en la calle, mis hijas estén sufriendo los daños sicológicos que ese hombre les causó” (ver nota anexa).

Hace tres semanas se posesionó la nueva fiscal 167 de delitos sexuales, en reemplazo de otra que estuvo allí durante año y medio. Fue esta última a la que le tocó el caso del sacerdote William de Jesús Mazo Pérez, acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad, hermanos entre sí. La denuncia contra el religioso se instauró en junio de 2009 y sólo un año después se profirió una orden de captura en su contra.

Otro caso, el del menor Nicolás Orozco, asesinado en febrero de este año en el barrio Ciudad Jardín, en confusos hechos, no ha sido resuelto por el cambio en dos ocasiones del fiscal que lleva el proceso.

Nicolás perdió la vida luego de que un hombre se bajara de una camioneta y disparara, al parecer, para disipar una riña entre jóvenes, de la cual hacía parte en adolescente muerto.

De hecho, los familiares de la víctima denunciaron que pese a que ya fue identificado el agresor, no se ha proferido una orden de captura por razones logísticas en el despacho.

No obstante, la crisis de la justicia en Cali no sólo recae en las fallas al interior de la Fiscalía.

La congestión aumenta
La Policía pasó de 300 a 538 miembros en la Policía Judicial y recientemente pusimos en marcha un laboratorio de criminalísticaGeneral Miguel Ángel Bojacá, cte. Policía Metropolitana.Las tres audiencias programadas el pasado viernes en la tarde en el Juzgado 17 penal con Funciones de Control de Garantías, fueron aplazadas. Los fiscales no llegaron por tener diligencias cruzadas.
El tema afecta igualmente a los defensores públicos. Estos funcionarios, contratistas de la Defensoría del Pueblo, critican el hecho de que los citen a audiencias que se realizan a la misma hora y en lugares distantes. “Los 55 defensores del Sistema se movilizan por sus medios, muchos incluso en taxi o bus. A veces son citados hasta a cinco audiencias en un día, pero cuando llegan, éstas han sido canceladas”, señaló Helen Yadira Velázquez, coordinadora de sistema penal acusatorio, al servicio de la Defensoría del Pueblo.

Cada defensor en Cali maneja un promedio de entre 120 y 130 casos. De acuerdo con la entidad se requieren en total 80 defensores más.

Otros que se afectan con la congestión, los retrasos y la incomodidad son los abogados. Alain Mina, presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Colombia, seccional Valle, advierte que la dispersión de los despachos representa el mayor problema del Sistema. “Los espacios en las fiscalías y en los juzgados son incómodos, generan caos y mala atención”, anotó.

Con ese panorama, ¿habrá un remedio para la agonizante situación de la justicia?

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Miguel Ángel Bojacá, recalca sobre otra dolencia del Sistema: las libertades. “Este año han sido beneficiadas con esta medida 4.937 de las 5.744 personas que hemos capturado. No es posible que bandas enteras queden por fuera”.

Mientras la justicia en una de la ciudades más violentas del país sufre una de su peores crisis, en las calles miles esperan que algún día llegue, aunque siga coja.

El déficit es de $1,1 billones
El Consejo Superior de la Judicatura reclamó al Congreso de la República la asignación de tres billones de pesos y advirtió que en caso de entregarse una cantidad menor, la Corporación empezaría el año con saldo en rojo.

Según los cálculos de la Judicatura, en 1,1 billones de pesos se calcula el déficit que padecería la Justicia en materia de recursos para funcionamiento el próximo año.

Esto en la medida en que sólo les sea entregado 1,9 billones, tal como se ha manifestado en algunas esferas y que estarían sustentadas en las perspectivas realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en torno al Presupuesto General de la Nación para 2011.

En el 2009, el Ministerio de Hacienda aprobó la entrega de recursos por 1,8 billones de pesos para atender los requerimientos de la Rama Jurisdiccional durante el presente año, y se cree que para el próximo año sólo se incrementará en 100 mil millones.

El dilema acerca del presupuesto se ventiló durante el debate celebrado en la Comisión Primera de Senado.

Estos recursos son necesarios, según el CSJ, para seguir adelante en la implementación del Sistema Penal, que comenzó a operar en 2005. Actualmente el Sistema Penal Acusatorio es atendido por 2.530 despachos judiciales, que representan el 59% de los del país (juzgados y tribunales).

De acuerdo con el más reciente informe entregado por el Consejo Superior de la Judicatura, en relación con el número de servidores del área penal (funcionarios y empleados), hay cerca de 45 servidores por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años.

Sin embargo, el Sistema ha sido objeto de críticas. Una de las más recientes tiene que ver con la libertad provisional otorgada a 31 militares involucrados en el escándalos de los llamados ‘falsos positivos’ por vencimiento de términos.

Dada la magnitud de este caso, expertos en el tema han opinado que hay que modificar los plazos de prisión provisional para los casos más importantes. De igual forma se ha criticado la congestión en los despachos en todo el país.

El lío de los menores
El Código de Infancia y Adolescencia ha sido motivo de críticas en los últimos días ante las laxas penas que se le imponen a los menores que cometen delitos de alto impacto.
En lo que va del 2010 un total de 1.252 menores han sido capturados, de los cuales 1.077 quedaron en libertad.

En el centro para menores Valle del Lili hay en la actualidad 245 menores, de los cuales 32 son niñas.

El 40% están en la detención por homicidio, otros por hurto, lesiones personales, porte de armas, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y extorsión.

Uno de los casos de mayor repercusión cometido por un menor fue el asesinato del decano de la Universidad Santiago de Cali, Ebert Mosquera, cometido por un menor.

De Valle del Lili se han escapado este año 36 muchachos. En el 2009 las fugas sumaron 167, mientras que en el 2008 éstas alcanzaron las 515.

Tanto la Policía como la Alcaldía de Cali han pedido que se revise el Código de Infancia para que se endurezcan las penas contra los menores infractores.
El Icbf y la Alcaldía han puesto en marcha dos programas que buscan prevenir el delito en menores. Uno de ellos es ‘Cali sin pandillas’.

Palacio de Justicia, en el limbo
De acuerdo con cálculos del Consejo Seccional de la Judicatura se requieren 57.000 millones de pesos para la recuperación total del Palacio de Justicia.

“La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura acordó que los recursos que se logren sean destinados a poner en funcionamiento la torre B del edificio Elías Serrano. Con esto se lograría albergar a la totalidad de los jueces que se fueron tras la explosión de la bomba”, señaló Gloria Estela Canaval, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura.

“Esos recursos vienen de diferentes partes. Hay de la Gobernación $5.000 millones, otros del CSJ, de la Dirección de Estupefacientes que aportó $15.000 millones y de la Alcaldía de Cali que ofreció $600 millones, pero si no se desembolsan este año, seguramente tendremos el palacio en marcha en 2012 y no el próximo año como se tiene previsto”, añadió.

La funcionaria insistió en que la puesta en funcionamiento de estas instalaciones dependen de los desembolsos. En la actualidad el edificio Elías Serrano ha sido objeto de algunos avances en las obras de adecuación de varias oficinas y de cinco salas de audiencias.