Condenan a coronel (r) Plazas Vega a 30 años de prisión

En la retoma del Palacio murieron 94 personas, entre ellos magistrados, estudiantes, trabajadores y guerrilleros; además, 11 desaparecieron luego de haber salido del lugar. A partir de este hecho se desprenden las acusaciones contra Plazas Vega.
La juez tercera especializada de Bogotá, María Stella Jara, recientemente amenazada, debió analizar una cantidad de pruebas, contenidas en un expediente de más de 600 folios. Entre las principales están:
– El Ejército conocía sobre la toma y no actuó como debía:
Según un memorando del Comando General de las Fuerzas Militares, de 16 de octubre de 1985, dirigido a inteligencia, al A2, al M2, a la Dijín y al DAS, la guerrilla del M-19 planeaba tomarse el Palacio de Justicia y retener a los magistrados como rehenes “al estilo Embajada de Santo Domingo. Harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición", se leía en el memorando de las fuerzas militares.
Uno de los argumentos que analizó la jueza es que el coronel en retiro Plazas Vega comandó la operación de rehenes y de la retoma. Al ser la toma una situación de emergencia, el Plan Tricolor se activó y la Brigada 13 tomó el control de la ciudad.
A la Escuela de Caballería le correspondían contener a la guerrilla. La defensa de Plazas Vega consideró que el primer responsable del operativo fue el presidente Belisario Betancur y que las operaciones fueron directamente supervisadas por la cadena de mando: el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe y el comandante de la Brigada Trece, Coronel Jesús Armando Cabrales.
Las comunicaciones la Fiscalía, las comunicaciones sostenidas entre miembros del Ejército por radio, demuestran que la Escuela de Caballería se encargó del manejo y traslado de los rehenes. La Escuela estaba al mando de Plazas Vega.
Según un documento hallado en la inspección de la Fiscalía, los hombres de Plazas evacuaron a los rehenes y los trasladaron. Carlos Eduardo Martínez, director del Socorro Nacional de la Cruz Roja de entonces, afirmó en una declaración ante la Procuraduría delegada para la Policia Judicial que la lista de personas que auxiliaron y trasladaron a hospitales la hicieron los asistentes.
Sin embargo, para la defensa de Plazas Vega, quien asumía el manejo de los rehenes era el B2.
La Procuraduría General de la Nación también lo consideró así y citó el testimonio de uno de los rehenes liberados, quien afirmó no saber qué personas se encontraban allí y tampoco escuchó el nombre de Plazas Vega durante la tragedia.
Los desaparecidos
El testimonio de la periodista Julia Navarrete, quien estuvo en el lugar de los hechos, afirmó que dos de los desaparecidos llegaron vivos a la Casa del Florero. Según ella, un integrante de la Fuerza Pública, que tenía un libro de fotografías que decía "M-19", los envió al segundo piso.
Ella también sostuvo que 20 días antes el presidente de la Corte de esa época les contó a algunos periodistas que habían conocido un plan para tomarse el Palacio. A partir de se momento instalaron una máquina para detectar cuando alguien entraba con armas, pero que sin explicaciones, el aparato fue retirado tres días antes de la toma.
Pero, según el ‘Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia’ del Tribunal de Instrucción, de junio de 1986, "existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el cuarto piso a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos".
Un nuevo hecho
En la última etapa del juicio, la fiscal que lleva el caso, Ángela Buitrago, reveló una grabación que indica que los desaparecidos no serían 11, como siempre se ha dicho, sino 13.
“Esta comunicación menciona algo que en interpretación de la Fiscalía General no es otra cosa sino el número de personas que fueron trasladadas del Palacio de Justicia a las unidades tácticas de la Brigada 13 y que fueron personas que nunca fueron denunciadas como detenidas. Se permite manejar la hipótesis de que ni siquiera eran 11 ó 12, sino 13 personas las que salieron del Palacio de Justicia", dijo Buitrago.
De acuerdo con su interpretación, los otros dos presuntos desaparecidos podrían ser miembros del M-19, pues no hubo una denuncia formal de su desaparición ante las autoridades.
Las aparentes dilataciones
El juicio de Plazas Vega ha tenido varios episodios que las víctimas de los familiares califican de dilatación del proceso.
Fueron varias las veces que presentó recursos para que su caso no fuera juzgado por la justicia ordinaria sino por la penal militar. Acción que fue negada en segunda instancia.
También presentó varias recusaciones contra la juez del caso, con el argumento que no era competente y que entre él y ella existían problemas personales que podrían afectar el proceso. Recursos que no prosperaron, también presentaba excusas médicas señalando estar delicado de salud al presentar un ataque de nervios.
Con cada una de estas acciones penales, a las que tiene derecho como procesado, se aplazaron varias de las audiencias programadas, alargando así el tiempo del juicio.
De igual forma, durante su proceso cambió ocho veces de abogado, quienes cada vez que se apoderaban del caso pedían, por lo menos, seis meses para estudiar el proceso. Peticiones que la juez negó en su momento.
Durante la mayor parte del juicio, Plazas Vega estuvo prácticamente ausente. En diferentes ocasiones presentó excusas médicas argumentando que no estaba en condiciones físicas y tampoco mentales para asistir.
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