Abadía: sin el cargo, pero con el poder
El hoy representante y electo senador Roy Barreras (Partido de la U) dice que para que haya un cambio en el panorama político, la Procuraduría deberá resolver, de forma definitiva, la situación del gobernador del Valle, antes del 30 de junio.
Si lo hace antes de esa fecha, se deberán organizar unas elecciones atípicas, y, según Barreras, “allí sí puede haber un cambio político”. De lo contrario, el nuevo gobernador será nombrado por el Presidente de la República, pero de una terna proveniente del mismo grupo político que avaló la candidatura de Abadía.
El artículo 303 de la Constitución señala que “siempre que se presente falta absoluta a más de 18 meses de la terminación se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltaren menos de 18 meses, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”.
Para el caso de Abadía, que presentó su candidatura por un movimiento independiente respaldado por firmas, llamado ‘Por un Valle seguro’, tendría que ser ese mismo movimiento quien presente la terna, en el caso que resten menos de 18 meses de gobierno.
Pero muchos advierten, como Roy Barreras, que ese movimiento habría sido absorbido por el partido que Abadía promovió el año pasado (ADN), y que terminó fortaleciendo al PIN. Abadía ha rechazado cualquier tipo de vinculación con el PIN.
No es claro que la decisión final de la Procuraduría sea cuestión de días. Primero, la sala disciplinaria de la procuraduría tendrá que resolver la apelación interpuesta por la defensa de Abadía. Pero este no es el último recurso. Esa decisión admite el de reposición, que tendrá que evaluar directamente el procurador general, Alejandro Ordóñez. Pero a esa decisión, le admiten otros recursos jurídicos como la acción de tutela.
Es por eso, que la decisión pueda extenderse más allá del 30 de junio, fecha límite en la se vencería el termino de 18 meses establecido por la propia Constitución.
La cuota de poder
Más allá de que el panorama político cambie, si la decisión final de la Procuraduría motiva unas elecciones atípicas, el poder de Abadía seguirá latente.
Políticos del departamento, que pidieron reserva de su identidad, describieron para Semana.com, y a modo muy general, el alcance del poder burocrático del grupo político de Abadía y que, probablemente, no sufrirá modificación.
También señalan que al menos 15 de las 42 alcaldías del Valle del Cauca son adjudicables al Gobernador.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CVC, es quizás la principal cuota del grupo político cercano a Abadía, la del ex senador Juan Carlos Martínez, hoy detenido y acusado por la Corte Suprema de presuntos nexos con el narcotráfico.
Otros de los botines burocráticos del grupo de Martínez, y con el que se ha relacionado al gobernador del Valle, son Acuavalle y la contraloría municipal de Cali, y la Contraloría departamental.
Incluso, medios de comunicación como Telepacífico, también son señalados como parte del fortín del grupo de Juan Carlos Abadía.
La herencia
Este poder, además, ha sido hereditario. Es el mismo que conquistó su padre, el ex senador Carlos Herney Abadía, quien en los años 90 estuvo vinculado al escándalo de la infiltración del narcotráfico en la política, conocido como el proceso 8.000, y fue condenado por enriquecimiento ilícito.
Carlos Herney Abadía es un influyente dirigente vallecaucano de origen liberal. A nombre de ese partido fue diputado y llegó al Congreso de la República. En los 90 fundó su propia organización política, el Movimiento Popular Unido. Bajo esa personería jurídica fue reclutando dirigentes políticos vallecaucanos de todas las corrientes.
En esa inclusión de dirigentes emergió la figura de Juan Carlos Martínez, quien de la mano de Carlos Herney Abadía se hizo diputado y posteriormente congresista. Martínez fue elegido senador en 2006, pero por el partido Convergencia Ciudadana, y hoy está detenido y afronta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Convergencia es uno de los antecesores del PIN, que se formó, entre otras, gracias a que muchos dirigentes del naciente Alianza Democrática Nacional, ADN, partido político promovido por el gobernador Juan Carlos Abadía, tuvieron que reclutarse en esa organización luego que el Consejo Nacional Electoral cancelara la personería jurídica de ese partido.
El PIN, que se convirtió en una de las seis principales fuerzas políticas en las pasadas elecciones legislativas, al obtener ocho curules gracias a una votación que superó el millón de votos, consiguió una votación importante en el Valle del Cauca. Tres de sus senadores electos son de ese departamento, Juan Carlos Rizzeto, Carlos Arturo Quintero y Hemel Hurtado Angulo. Una evidencia más de que el poder que han representado los cercanos al proyecto político del PIN en el Valle, probablemente se mantendrá.
Por eso se cree que el fallo de destitución de la Procuraduría, de mantenerse firme hasta la última instancia, podría sólo afectar la carrera de Juan Carlos Abadía, pero su poder en el Valle del Cauca tendría vigencia.
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