El tumor que ‘mató’ a Calisalud

El tumor que ‘mató’ a Calisalud

Las cuentas correspondían a cobros que hacían hospitales e instituciones de salud por servicios prestados a los pacientes de Calisalud. Incluso habían facturas de alto monto del Hospital Universitario del Valle que se represaban.
Un funcionario que reservó su nombre explicó que como no había plata con qué pagar, “se ‘jineteaban’ cuentas”. Eso quiere decir que las facturas “se pagaban por puchos”, es decir, se iban sacando poco a poco, de acuerdo a las disponibilidades de presupuesto, pero podían demorar años.
En las cuentas de Calisalud no se reflejaba este indebido manejo de las facturas, por cuanto las mismas no se llevaban a los estados financieros ni se provisionaban.
Un segundo problema fue que las cuentas por cobrar de Calisalud a entidades como la Secretaría de Salud de Cali y secretarías de otros municipios eran infladas.
En efecto, la entidad reportó en el 2007 que a su favor tenía cuentas por cobrar por $15.000 millones. Sin embargo, cuando la Contraloría liquidó los contratos, éstos sólo sumaban $7.600 millones. Eso quiere decir que habían $7.400 millones en cuentas por cobrar que no eran ciertos, que era plata inexistente y debía ajustarse en el balance.
Y, en tercer lugar, Calisalud recibió glosas en sus cuentas de cobro por $4.600 millones. Es decir, a la entidad le rechazaban algunas cuentas por cualquier razón (no estaban bien sustentadas, faltaba un número de cédula o algún documento), pero no las provisionaba en sus estados financieros. Finalmente, con anuencia de su Junta Directiva las reclasificó como cuentas de difícil cobro.
Adicionalmente, para el año 2007 se radicaron ante Calisalud cuentas de hospitales y entidades prestadoras de servicios médico asistenciales por valor de $19.456 millones, las cuales no tenían registros presupuestales. Eso, sumado a $10.563 millones de cuentas por pagar (provisionadas y no provisionadas), dio que en realidad Calisalud tenía deudas por pagar en el 2007 por un monto total de $30.019 millones.
Sin embargo, para cubrir esas deudas sólo disponía de $8.033 millones (de los cuales sólo tenía en bancos $1.471 millones, los otros $6.562 millones eran cuentas por cobrar), lo que significa que al cierre de ese año Calisalud presentaba un déficit del orden de $21.986 millones.
En ese momento, la Contraloría advirtió que el déficit tendía a incrementarse porque aún había cuentas pendientes por recibir de la vigencia del 2007, estaban las cuentas glosadas por $4.600 millones y el pago de conciliaciones y sentencias fruto de procesos judiciales contra Calisalud.
En efecto, en el 2008 la entidad apropió $6.614 millones para pagar sentencias que le sobrevinieran, pero los recursos fueron insuficientes. A marzo 31 de ese año ya se había ejecutado el 85% de ese presupuesto, dada la cantidad de tutelas y reclamos judiciales que hacían afiliados y acreedores de Calisalud.
Es de anotar que por sentencias judiciales, la entidad había sido obligada a pagar $14.593 millones en el 2007.
Pero no sólo este rubro fue agotado temprano en el 2008. El presupuesto general de Calisalud para ese año, aforado en $80.950 millones, se comprometió en un 90% durante los primeros tres meses de ese año, lo que en adelante limitó su capacidad de gestión.
Según la Contraloría, “eso refleja falencias en el ámbito administrativo y ausencia de controles que permitan ejecutar un corte de facturación adecuado por falta de provisiones presupuestales reales”. Es decir, había una gestión deficiente en esa entidad.

El maquillaje
Todo este manejo irregular que hizo la administración de Calisalud durante varios años fue conocido por la Junta Directiva de la EPS caleña, a la que el 22 de octubre del 2007 se llevó una dudosa propuesta para presentar un balance positivo que impidiera que la Superintendencia de Salud le negara su habilitación para seguir operando.
Así lo evidencia el acta de Junta número 08 que está en manos de la Fiscalía Seccional desde mediados del 2008 para la investigación penal del caso.
En dicha reunión, la entonces gerente de Calisalud, Gloria Elena Arizabaleta, presentó los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2007 diciendo que “la entidad alcanzó una utilidad de $58.525.000”.
Las cifras 125 por ciento era el endeudamiento de Calisalud al 2007. -14,2 mil millones era su margen de solvencia. 0,55 por ciento era su margen de liquidez. 21,9 mil millones de pesos era el déficit.
Ese resultado, sin embargo, no era real porque los estados financieros de la empresa no estaban ajustados, toda vez que se incluían $4.612 millones que figuraban como cuentas por cobrar a favor de Calisalud, los cuales eran realmente inexistentes.
Eso quiere decir que si se hubiera hecho el ajuste financiero respectivo –como debió hacerse–, el balance de Calisalud para esa fecha (septiembre del 2007) no habría dado ganancias como lo presentó su gerente, sino pérdidas por más de $4.500 millones.
Con el fin de evitar esa pérdida, que ponía en riesgo la habilitación y continuidad de Calisalud como EPS, Arizabaleta propuso, entonces, a la Junta Directiva, que el ajuste financiero se hiciera gradualmente, en 36 meses, con amortizaciones de $128 millones mensuales, “como estrategia de cierre fiscal para consolidar la política de depuración de los estados financieros y entregar a diciembre 31 de 2007 una empresa sólida”, indicó, según el acta de Junta Directiva.
Sin embargo, el entonces alcalde Ramiro Tafur Reyes, quien estaba en la reunión, cuestionó que “¿cómo se va a ajustar una utilidad acumulada que no está en físico? ¿Cómo se hace para bajarla o quitarla?… se hace un cruce de cuentas de algo que no entró, no se tiene claridad contable”.
Tafur preguntó posteriormente “¿por qué tanto tiempo?” para realizar un ajuste de los $4.612 millones en 36 meses. La gerente Arizabaleta respondió, según el acta, que “la propuesta se presenta teniendo en cuenta el impacto que podría tener el ajuste al patrimonio mínimo exigido por la Superintendencia Nacional de Salud, como requisito de habilitación financiera. De hacer el ajuste en su totalidad o a menor tiempo, entraríamos en causal de liquidación”.
El secretario de Salud de entonces, Floro Hermes Gómez Pineda (quien presidía la reunión de Junta), pareció avalar la propuesta de la gerente. Enseguida manifestó –según el acta–, que “en vigencias anteriores en Calisalud EPS se sostuvo un ‘cañazo’ para poder cumplir con los 10.000 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes)” requeridos como patrimonio para poder funcionar.
Agregó, según el acta, que “la Superintendencia al hacer el cruce (de los estados de resultados de la EPS con el ente territorial Secretaría de Salud), al revisar esto no va a encontrar falencias de acuerdo a lo anterior”.
Pero la situación no era nueva, porque la misma gerente Arizabaleta reconoció en la discusión que “desde el 2002 se han venido realizando esta clase de ajustes a tres años por situaciones de este tipo”.
A todo lo anterior, el alcalde Tafur señaló que “cuando se es responsable y ve que las cosas no cuadran lo mejor es cerrar” y propuso “llamar al superintendente José Renán Trujillo, explicar qué se tiene, el buen servicio que se presta, los usuarios contentos, pero informando también las falencias, entonces cuando llegue el nuevo alcalde se le informa cómo está la situación para así tomar una decisión y no darle vueltas al asunto”.
Según los expertos, el tipo de ajuste contable y financiero que se propuso no es correcto, porque los estados financieros de una empresa deben reflejar la realidad de lo que está pasando con sus ingresos y egresos. Hacer lo contrario es maquillar un balance, agregan.

La advertencia
Al evidenciar la crisis financiera de Calisalud y hallar una especie de ‘concierto’ para maquillar sus estados financieros, la Contraloría Municipal, que adelantaba ya una segunda auditoría sobre esa EPS, envió el 13 de mayo del 2008 una acción preventiva a la gerente que para entonces era Oriana Carvajal.
En dicha acción la contralora Alma Carmenza Erazo le advirtió a Calisalud, al alcalde Jorge Iván Ospina y al entonces presidente del Concejo, José Luis Pérez, sobre “el posible incumplimiento de disposiciones legales” y le solicitó que adopte “los correctivos necesarios que permitan mitigar el riesgo de incurrir en conductas punibles y disciplinarias”, dado que las cifras de sus balances estaban alteradas.
En efecto, mientras Calisalud reportaba al final del 2007 un superávit presupuestal de $5.897 millones y otro de tesorería por $3.559 millones, la Contraloría encontró que en realidad la empresa lo que tenía era un déficit presupuestal de $21.985 millones.
La razón de esta diferencia es que Calisalud no incluyó en su contabilidad provisiones (deudas por pagar) por valor de $24.699 millones. Al eliminar este abultado pasivo entonces presentó un superávit ficticio.
Al ver los indicadores de la entidad y evidenciar que su insolvencia crecía, el 7 de octubre del 2008, la Superintendencia de Salud condicionó la habilitación de Calisalud como EPS al mejoramiento de su situación financiera.
El 21 de noviembre del mismo año, mediante resolución 1645, la Supersalud le dio seis meses a Calisalud para mejorar su patrimonio y su solvencia financiera y exigió un plan de mejoramiento de gestión. Este se presentó, pero, al parecer, no se cumplió. Y llegó la intervención.

Un contrato de medicamentos
Calisalud celebró el contrato 455 del 2008 para el suministro de medicamentos con la firma comercial Distritodo Medical S.A. que, según el senador Luis Hélmer Arenas, “presentaba extrañas actuaciones que hacían dudar de su transparencia”.
Una, es que la convocatoria se abrió el 8 de mayo de 2008 a las 8:00 a.m. y se cerró el 13 de mayo a las 11:00 a.m. Los pliegos definitivos sólo se publicaron el mismo 8 de mayo.
Las Empresas Sociales del Estado, Eses, de Cali habían anunciado su intención de participar bajo la figura de unión temporal, ya que unidas tenían cobertura del 100% del municipio y contaban con sitios propios para distribuir medicamentos.
Sin embargo, los funcionarios de Calisalud les negaron reiteradamente información manifestando que no conocían los términos de referencia.
Sólo el viernes 9 de mayo de 2008 recibieron una llamada diciéndoles que podían consultar los términos para una propuesta que debían presentar el martes siguiente 13 de mayo antes de las 11:00 a.m.
La firma ganadora modificó su razón social a Distritodo Medical S.A. el 14 de mayo de 2008, un día después de la adjudicación. La firma participante Distritodo era representada hasta el 14 de abril por Francisco Aristizábal. antiguo representante propietario de Dimerco que distribuía aguardiente a la Licorera y había sido sancionada por la Gobernación.
Su experiencia en la distribución de medicamentos y proceso de inscripción fueron cuestionados por Arenas.

Las medidas no fueron suficientes
Ante la advertencia de la Contraloría y el posterior ultimátum de la Superintendencia de Salud, la Administración Municipal decide trasladarle a Calisalud el activo del edificio donde funciona la entidad en el barrio Versalles. El edificio estaba avaluado en $5.000 millones y con ello podría subir su patrimonio a más de 10.000 salarios mínimos mensuales legales, que es uno de los requisitos que exige la Supersalud para habilitar las EPS.
El traslado se hizo mediante acuerdo 0259 de abril del 2009 aprobado por el Concejo. Sin embargo, Calisalud seguía teniendo problemas de liquidez. No disponía de caja para pagar sus deudas y tanto el Hospital Universitario del Valle como 14 instituciones de salud de sendos municipios del Valle le habían cerrado sus puertas a la atención de sus 450.000 afiliados.
La entidad necesitaba de una inyección de capital superior a $10.000 millones para mejorar su caja. Además, debía revisar los términos de contratación con los hospitales que le hacían doble cobro por un paciente cuando era ‘trasteado’ de una institución a otra.
Ese fue uno de los cambios que la gerente Oriana Carvajal le propuso a los hospitales: pagarles por evento (atención completa de un paciente) y no la multiconsulta que se le hacía por las remisiones, otro de los factores que afectaban las finanzas de la entidad.
Al término de la ejecución financiera del 2009, a Calisalud le tocó depurar sus estados financieros, incluir las facturas y todas las deudas represadas y entonces aparecieron las millonarias pérdidas. Esto, sumado al riesgo de desatención del casi medio millón de afiliados de la EPS, provocó esta semana la intervención de la Supersalud, que aclaró el viernes que la toma de posesión es con fines correctivos y no de liquidación.

En pocas palabras
"No hubo plan estratégico y financiero en la actual administración ni antes y aunque crecieron los usuarios, los gastos tam- bién subieron. Jaime Gasca, concejal.
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John W. Martínez

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