Campañas cierran en medio de quejas
Por Unidad Investigativa de El Pais
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Topes. La mejor manera para saber cómo son los candidatos es conocer si respetaron los topes de publicidad permitida en Cali y si divulgan abiertamente quien los financia. La última semana antes de la elección del nuevo Congreso ha estado marcada por las denuncias y señalamientos por supuestos delitos electorales que van desde gastos excesivos hasta la participación indebida en política. Panorama a boca de urna.
Sin frenos, así se encuentra el único camión que tiene la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali, entidad encargada de controlar que la publicidad política de los candidatos al Congreso, cumpla con las normas que impuso el Municipio hace más de tres meses.
El mal estado del viejo camión con el que ese grupo operativo de la Alcaldía logró desmontar, entre enero y febrero de este año, más de 2.300 piezas publicitarias que violaban la Ley (pasacalles y pendones), es la metáfora más acertada para entender lo que sucede con las finanzas de las campañas políticas en la región: los candidatos están gastando a manos llenas, sin freno.
Esa fue la advertencia que hicieron Marco Emilio Hincapié, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, y Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, “aquellas campañas en las que se observen demasiados recursos serán investigadas, vamos a ponerles ‘lupa’ a los gastos desmedidos”.
A pesar del ‘ruido’ tras los gastos de las campañas, es muy poca la información detallada sobre gastos o financiación que las autoridades han logrado recoger o que los propios candidatos están dispuestos a entregar.
Incluso, la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, donde tienen asiento el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Consejo Nacional Electoral, la Rama Judicial, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia y la Fuerza Pública, entregó el 16 de febrero pasado un reporte parcial sobre presuntos delitos electorales. Tan sólo había 87 casos denunciados.
En ese informe al Valle del Cauca no le va bien. De los 87 casos en investigación que hay en todo el país, 13 ocurrieron en el departamento, lo que significa que un 15% del total de los posibles delitos electorales tiene su génesis en esta región.
Como si esto no fuera suficiente la seccional Valle del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha recibido nueve denuncias por delitos como la participación indebida en política y la compra de votos. Es tan grave el asunto que la entidad ha dispuesto para el 14 de marzo, día de las elecciones, un operativo en 17 de los 42 municipios del Valle, que son considerados de alto riesgo por la posible comisión de delitos o ataques terroristas.
Presiones y favores
A pesar de la poca información oficial sobre los delitos electorales y de que las investigaciones de las autoridades no darán resultados hasta mucho después del día de la votación, El País recopiló y verificó una serie de denuncias ciudadanas.
Entre ellas hay una concreta contra el hermano-candidato, como fue bautizado Mauricio Ospina durante la campaña, la cual señala que dos miembros del gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina habrían presionado a un grupo de ‘veteranos’ contratistas de obras del Municipio para que aportaran dinero con el cual se financiarían las actividades proselitistas del hermano del Alcalde.
La cuota mínima, según la versión conocida por El País, eran $10 millones y la amenaza para quien se negara a dar el ‘voluntario’ aporte era quitarle los contratos con el Municipio.
En la reunión donde los dos funcionarios habrían hecho la petición estuvieron presentes Fernando Castro, Jairo Vargas, Fabio Soto, Denis Romero, entre otros. Este diario pudo establecer, mediante derechos de petición, que tan sólo en los últimos años esos cuatro contratistas han manejado más de $3.000 millones por obras civiles realizadas a lo largo y ancho de la ciudad.
Aunque ninguno de los mencionados aceptó hablar con El País, la versión fue confirmada por otro de los presentes, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias que en su contra puedan tomar.
Consultado el candidato Ospina dijo que “de los cuatro contratistas sólo conozco a Fernando Castro, porque me lo presentó un concejal en diciembre durante un concierto, pero esa denuncia es completamente falsa y creo que quienes la hacen buscan causarle un daño irreparable a la democracia”.
Otros tres casos que involucran al hermano-candidato, y que fueron revelados a este diario por varios líderes comunitarios, padres de familia e incluso médicos en ejercicio, tienen relación con algunas prácticas que pueden ser consideradas como constreñimiento al elector, un delito electoral.
La primera queja es por una citación que habría hecho el asesor de la Alcaldía, Alfredo Valenzuela, a los directores de los Centros de Atención Local Integrada, Cali.
Según varios de ellos el asesor les exigió que “para permanecer en sus puestos debían ayudar con votos a la campaña del hermano del Alcalde”. Ospina, el candidato, aseguró que esa denuncia es falsa pero aceptó que “alguien de la Alcaldía me comentó del temor que tenían esas personas por sus trabajos, pero nada de eso es cierto”.
Un grupo de padres de familia también se quejó pues según dijeron hace dos semanas fueron citados al colegio parroquial donde estudian sus hijos para una reunión donde, supuestamente, se iban a explicar pormenores del Programa de ampliación de cobertura.
Sin embargo, cuando llegaron se vieron sorprendidos pues quienes lideraban la reunión eran los candidatos al Congreso por el Polo, Mauricio Ospina y Franklin Legro.
De la presión que se ha ejercido contra los empleados públicos no se habrían salvado ni los médicos de las Eses, Empresas Sociales del Estado que administran la salud en Cali.
Según contaron a las autoridades un par de galenos, los están obligando a presentar cédulas con su respectivo puesto de votación para que les respeten los contratos que tienen con el Municipio.
La fundación de la discordia
Por el lado de Juan Carlos Rizzetto una denuncia señala que habría obtenido el dinero para su campaña gracias a que lleva más de una década contratando con el Estado a través de Fundacom, entidad sin ánimo de lucro que fundó con varios amigos el 15 de abril de 1998.
A través de derechos de petición El País comprobó que tan sólo entre el 2002 y el 2009, Fundacom acumuló contratos con varias entidades como la Secretaría de Deportes de Cali y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte de Valle, por un valor cercano a los $2.500 millones.
Hasta allí no habría ninguna ilegalidad, sin embargo las cosas se complican para Rizzetto por dos pequeños contratos que suman $50 millones, los cuales fueron firmados entre octubre y noviembre del 2008 por Fundacom con el actual secretario de deportes de Cali, Diego Cardona Campo, primo del gobernador del Valle.
El problema radica en que los candidatos al Congreso no pueden tener contratos con el Estado pues quedan inhabilitados. En diálogo con El País, Rizzetto explicó que se retiró de Fundacom en enero del 2008, sin embargo, al revisar el acta en que se desvincula, el documento sólo dice que deja de ser representante legal y director ejecutivo, “tal vez faltó ser más explícito en el texto pero lo real es que hace rato no tengo ninguna relación con ellos”, concluyó Rizzetto.
Sin frenos, así se encuentra el único camión que tiene la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali, entidad encargada de controlar que la publicidad política de los candidatos al Congreso, cumpla con las normas que impuso el Municipio hace más de tres meses.
El mal estado del viejo camión con el que ese grupo operativo de la Alcaldía logró desmontar, entre enero y febrero de este año, más de 2.300 piezas publicitarias que violaban la Ley (pasacalles y pendones), es la metáfora más acertada para entender lo que sucede con las finanzas de las campañas políticas en la región: los candidatos están gastando a manos llenas, sin freno.
Esa fue la advertencia que hicieron Marco Emilio Hincapié, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, y Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, “aquellas campañas en las que se observen demasiados recursos serán investigadas, vamos a ponerles ‘lupa’ a los gastos desmedidos”.
A pesar del ‘ruido’ tras los gastos de las campañas, es muy poca la información detallada sobre gastos o financiación que las autoridades han logrado recoger o que los propios candidatos están dispuestos a entregar.
Incluso, la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, donde tienen asiento el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Consejo Nacional Electoral, la Rama Judicial, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia y la Fuerza Pública, entregó el 16 de febrero pasado un reporte parcial sobre presuntos delitos electorales. Tan sólo había 87 casos denunciados.
En ese informe al Valle del Cauca no le va bien. De los 87 casos en investigación que hay en todo el país, 13 ocurrieron en el departamento, lo que significa que un 15% del total de los posibles delitos electorales tiene su génesis en esta región.
Como si esto no fuera suficiente la seccional Valle del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha recibido nueve denuncias por delitos como la participación indebida en política y la compra de votos. Es tan grave el asunto que la entidad ha dispuesto para el 14 de marzo, día de las elecciones, un operativo en 17 de los 42 municipios del Valle, que son considerados de alto riesgo por la posible comisión de delitos o ataques terroristas.
Presiones y favores
A pesar de la poca información oficial sobre los delitos electorales y de que las investigaciones de las autoridades no darán resultados hasta mucho después del día de la votación, El País recopiló y verificó una serie de denuncias ciudadanas.
Entre ellas hay una concreta contra el hermano-candidato, como fue bautizado Mauricio Ospina durante la campaña, la cual señala que dos miembros del gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina habrían presionado a un grupo de ‘veteranos’ contratistas de obras del Municipio para que aportaran dinero con el cual se financiarían las actividades proselitistas del hermano del Alcalde.
La cuota mínima, según la versión conocida por El País, eran $10 millones y la amenaza para quien se negara a dar el ‘voluntario’ aporte era quitarle los contratos con el Municipio.
En la reunión donde los dos funcionarios habrían hecho la petición estuvieron presentes Fernando Castro, Jairo Vargas, Fabio Soto, Denis Romero, entre otros. Este diario pudo establecer, mediante derechos de petición, que tan sólo en los últimos años esos cuatro contratistas han manejado más de $3.000 millones por obras civiles realizadas a lo largo y ancho de la ciudad.
Aunque ninguno de los mencionados aceptó hablar con El País, la versión fue confirmada por otro de los presentes, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias que en su contra puedan tomar.
Consultado el candidato Ospina dijo que “de los cuatro contratistas sólo conozco a Fernando Castro, porque me lo presentó un concejal en diciembre durante un concierto, pero esa denuncia es completamente falsa y creo que quienes la hacen buscan causarle un daño irreparable a la democracia”.
Otros tres casos que involucran al hermano-candidato, y que fueron revelados a este diario por varios líderes comunitarios, padres de familia e incluso médicos en ejercicio, tienen relación con algunas prácticas que pueden ser consideradas como constreñimiento al elector, un delito electoral.
La primera queja es por una citación que habría hecho el asesor de la Alcaldía, Alfredo Valenzuela, a los directores de los Centros de Atención Local Integrada, Cali.
Según varios de ellos el asesor les exigió que “para permanecer en sus puestos debían ayudar con votos a la campaña del hermano del Alcalde”. Ospina, el candidato, aseguró que esa denuncia es falsa pero aceptó que “alguien de la Alcaldía me comentó del temor que tenían esas personas por sus trabajos, pero nada de eso es cierto”.
Un grupo de padres de familia también se quejó pues según dijeron hace dos semanas fueron citados al colegio parroquial donde estudian sus hijos para una reunión donde, supuestamente, se iban a explicar pormenores del Programa de ampliación de cobertura.
Sin embargo, cuando llegaron se vieron sorprendidos pues quienes lideraban la reunión eran los candidatos al Congreso por el Polo, Mauricio Ospina y Franklin Legro.
De la presión que se ha ejercido contra los empleados públicos no se habrían salvado ni los médicos de las Eses, Empresas Sociales del Estado que administran la salud en Cali.
Según contaron a las autoridades un par de galenos, los están obligando a presentar cédulas con su respectivo puesto de votación para que les respeten los contratos que tienen con el Municipio.
La fundación de la discordia
Por el lado de Juan Carlos Rizzetto una denuncia señala que habría obtenido el dinero para su campaña gracias a que lleva más de una década contratando con el Estado a través de Fundacom, entidad sin ánimo de lucro que fundó con varios amigos el 15 de abril de 1998.
A través de derechos de petición El País comprobó que tan sólo entre el 2002 y el 2009, Fundacom acumuló contratos con varias entidades como la Secretaría de Deportes de Cali y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte de Valle, por un valor cercano a los $2.500 millones.
Hasta allí no habría ninguna ilegalidad, sin embargo las cosas se complican para Rizzetto por dos pequeños contratos que suman $50 millones, los cuales fueron firmados entre octubre y noviembre del 2008 por Fundacom con el actual secretario de deportes de Cali, Diego Cardona Campo, primo del gobernador del Valle.
El problema radica en que los candidatos al Congreso no pueden tener contratos con el Estado pues quedan inhabilitados. En diálogo con El País, Rizzetto explicó que se retiró de Fundacom en enero del 2008, sin embargo, al revisar el acta en que se desvincula, el documento sólo dice que deja de ser representante legal y director ejecutivo, “tal vez faltó ser más explícito en el texto pero lo real es que hace rato no tengo ninguna relación con ellos”, concluyó Rizzetto.
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Según la denuncia contra Rizzetto, otro gran aporte para su financiación provino de fundaciones amigas como Funcloe, Atelier, Ados y Fundesarrollo.
El País indagó por éstas y encontró que gracias a los convenios interadministrativos firmados por la secretaría de Deporte de Cali con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, que es manejado por Pascual Guerrero, esas fundaciones recibieron en los últimos años más de $1.375 millones en contratos de recreación, ciclovías y actividades lúdicas con la comunidad.
Ante este último cuestionamiento Rizzetto es enfático al afirmar que no está haciendo nada ilegal pues “mientras no viole los topes de financiación y los recursos provengan de fuentes sanas, como los ingenios y otras empresas de la región, me siento tranquilo y conforme”.
Otras investigaciones que inquietan a Rizzetto y a sus seguidores son las que adelanta en el Tribunal de Garantías Electorales, donde reposan las quejas por dos hechos acontecidos en Guacarí en contra de los intereses de Juan Carlos Salazar del PIN y Juan Martínez Gutiérrez de la U.
Al primero, Salazar del PIN, nadie le da razón de quién mandó a descolgar quince pasacalles que tenía regados por todo el pueblo.
Y al segundo, Martínez de la U, la Policía no lo dejó dar un discurso en medio de una reunión que le organizaron sus seguidores porque no contaba con el permiso, aunque los líderes dicen que lo pidieron varios días antes.
‘Mancha Amarilla’
El País indagó por éstas y encontró que gracias a los convenios interadministrativos firmados por la secretaría de Deporte de Cali con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, que es manejado por Pascual Guerrero, esas fundaciones recibieron en los últimos años más de $1.375 millones en contratos de recreación, ciclovías y actividades lúdicas con la comunidad.
Ante este último cuestionamiento Rizzetto es enfático al afirmar que no está haciendo nada ilegal pues “mientras no viole los topes de financiación y los recursos provengan de fuentes sanas, como los ingenios y otras empresas de la región, me siento tranquilo y conforme”.
Otras investigaciones que inquietan a Rizzetto y a sus seguidores son las que adelanta en el Tribunal de Garantías Electorales, donde reposan las quejas por dos hechos acontecidos en Guacarí en contra de los intereses de Juan Carlos Salazar del PIN y Juan Martínez Gutiérrez de la U.
Al primero, Salazar del PIN, nadie le da razón de quién mandó a descolgar quince pasacalles que tenía regados por todo el pueblo.
Y al segundo, Martínez de la U, la Policía no lo dejó dar un discurso en medio de una reunión que le organizaron sus seguidores porque no contaba con el permiso, aunque los líderes dicen que lo pidieron varios días antes.
‘Mancha Amarilla’
- Varios taxistas denunciaron una presunta estafa en la cual estaría involucrada la aspirante al Congreso, María Isabel Urrutia.
- Según la queja esta candidata habría prometido desde hace 14 meses a un grupo amplio de taxistas, la consecución de subsidios de vivienda, para lo cual crearon el grupo Asochoferes.
- Varios conductores mostraron recibos por el pago de $15.000 mensuales que hicieron durante todo el 2009.
- “Caímos porque la oficina donde nos atendían quedaba en el mismo edificio de la secretaría de vivienda de Cali, pero la cerraron en enero”.
- El 27 de diciembre cuando les iban a mostrar la maqueta del proyecto, Urrutia nunca llegó. En su nombre se disculpó Iván Torres, al que los taxista llaman ‘Tyson’.
Controversia por grabación del padre del Gobernador
Una grabación donde supuestamente Carlos Herney Abadía, padre del Gobernador del Valle, dice que su hijo “sigue instrucciones de Uribe”, fue divulgada ayer por Radio Súper y reproducida por varios medios nacionales.
El testimonio en audio, que dura 45 segundos, comienza diciendo que “él (hablando de su hijo Juan Carlos Abadía) hoy estuvo reunido con 21 alcaldes en Rozo, estuvo con Andrés Felipe Arias, candidato del partido Conservador a la consulta que va a haber el 14 marzo entre él y Noemí Sanín, Leyva y Galat”.
Y continúa con varias menciones a las preferencias políticas del Gobernador vallecaucano. “Juan Carlos va a apoyar a Andrés Felipe Arias, por orden del Presidente. Juan Carlos estuvo ayer con el Presidente en una reunión con 700 Alcaldes, fue el único Gobernador que estuvo ahí. Los críticos y la envidia salieron a decir que era oportunista, allá ellos pero él sabe qué es lo que está haciendo”.
La grabación de la cual aún se desconoce cómo fue obtenida, concluye con esta frase: “Y es que está siguiendo instrucciones de Uribe. No desperdiciemos el momento, él sabe para donde va, pero necesitan del apoyo de nosotros”.
Al respecto el primer mandatario de los vallecaucanos le explicó anoche a El País que no entiende porque su padre dijo eso, “sino estuvo en esa reunión. Pero es un ciudadano que está en todo su derecho a opinar y hacer campaña por quien quiera”.
“Yo estoy dedicado a gobernar. Así que no me pueden responsabilizar por lo que él dijo o diga. Hay otras personas que hacen campaña diciendo que son los del presidente e incluso que son amigos de Obama”, agrego Abadía.
El documento de audio se da a conocer justo un día después de que el Consejo Nacional Electoral asumiera la investigación por la supuesta participación indebida en política del Gobernador, un precandidato presidencial y varios mandatarios locales.
La indagación se originó en un encuentro en el corregimiento de Rozo, Palmira, entre Juan Carlos Abadía; el precandidato conservador Andrés Felipe Arias y 21 de alcaldes de la región.
Carlos Herney Abadía, padre del Gobernador, parece referirse a ella en la grabación conocida ayer.
Al respecto el Gobernador del Valle dijo que “me reuní con Arias para hablar de los problemas del Valle, así como en el último consejo comunitario estuve con Santos y la semana pasada con Vargas Lleras; trabajo para buscar lo mejor para la región”.
Alcalde, en problemas - Varios Alcaldes de municipios del Valle han sido denunciados por su presunta participación indebida en política.
- Entre ellos está Raúl Arboleda de Palmira a quien el candidato al senado Carlos Fernando Motoa señaló públicamente.
- Motoa aseguró que “Arboleda, a menos de 10 días de las elecciones, está promoviendo vivienda de interés social y realizando consejos comunitarios en los sectores más pobres de Palmira. Esas arbitrariedades ponen una vez más en peligro la democracia”.
Dato clave
Investigadores de la Procuraduría están en el Valle para entrevistar a los 21 Alcaldes que acudieron a la cita en Rozo. Si encuentran mérito abren pliego de cargos.
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