Enredos en millonarios contratos de la CVC

Enredos en millonarios contratos de la CVC

En su defensa, Tovar explicó que dicha obra no es de su competencia, y afirmó que es de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC. también dijo que “en la regional sólo puedo ejecutar contratos por un tope de $6 millones”. 

Además, se declaró inconforme con la manera en que la entidad, “ha centralizado las decisiones, pues son pocas las que nos dejan a las regionales”. 

La Contraloría también recrimina la falta de acción de la interventoría del convenio, que no hizo mayor cosa por corregir las fallas, pese a que su labor costó a la CVC $179 millones. 

Esa ineficacia de la interventoría podría, según el informe, “acarrear prórrogas en el tiempo de entrega e incrementos de los costos de la obra”. 

María Claudia Santacruz, profesional especializada de la Dirección Técnica Ambiental, explicó que el convenio se firmó en el año 2007 y quedó supeditado a que la Alcaldía de Palmira negociara el permiso para que las tuberías pasen por las fincas de unas 50 familias. 

“Algunos de los propietarios no facilitaron el permiso, lo que ha causado parte del atraso. Por eso, hemos realizamos un par de reuniones con ellos en las que José Jóimer ha participado”, dijo Santacruz. 

La funcionaria reconoció que los trabajos se suspendieron por esos inconvenientes, pero sostuvo que la CVC no es responsable y que Acuavalle aún no ha utilizado el dinero, a la espera de que se supere el escollo. 

Por último dijo que es muy probable que este año sí comience la obra, “pues a la Alcaldía de Palmira ya sólo le falta obtener el permiso en tres predios”. 

Como este proyecto proviene del área donde trabajó Osorio, la actual directora de la CVC, entre mayo de 2008 y marzo de 2009, El País quiso conocer su versión de los hechos. 

Sin embargo, la funcionaria se abstuvo de dar cualquier declaración, argumentando un impedimento por su candidatura a la Dirección General. 



Más nómina que inversión 

Uno de los cuestionamientos de la Contraloría que más llama la atención, tiene que ver con que los gastos de funcionamiento de la CVC en el 2008, que alcanzaron los $173.240 millones, superan la inversión para el medio ambiente realizada por la entidad, la cual fue calificada como deficiente. 

En un año, dice el informe, hubo incrementos del 73% en gastos de viajes de funcionarios y se les dio prioridad a los gastos para actividades deportivas y de recreación, registrándose un aumento de costos en dicho rubro del 69%. 

También es notorio el aumento del 35% en los pagos de horas extras y días festivos, y del 119% en compras de equipos. 

El organismo de control fiscal señala que de $107.278 millones que la CVC tenía para invertir en proyectos ambientales y alcanzar sus metas durante el 2008, la entidad gastó menos de la mitad de esa plata . En ese entonces la Corporación era dirigida por el polémico José William Garzón. 

Auditores de Bogotá señalaron que la ejecución financiera real fue del 46%, es decir, que apenas se gastaron $48.811 millones, lo que redundó en una baja ejecución y en pocos logros. 

Garzón le dijo a El País que el período de un director, tres años, hace que no todos los contratos se suscriban en una sola vigencia. “Si hay críticas, también le corresponde resolverlas a Óscar Murillo, quien fue director de la entidad en el 2008, cuando el Consejo de Estado anuló mi elección. Después regresé, pero en el 2009 el Consejo Directivo decidió sacarme”. 



Procuraduría investiga un presunto detrimento patrimonial en la CVC por la adjudicación de 237 lotes para construir vivienda en Buenaventura.
Pese a sus explicaciones, funcionarios del Ministerio de Ambiente reiteraron la posición del Consejo Directivo: Que en efecto hubo una baja ejecución por lo que se tomó la decisión de retirarlo del cargo. 

“Si existe alguien que pueda mostrar que me robé un peso de CVC, que lo haga. ¿Qué pasó entonces con proyectos de mi mandato que quedaron en el aire, como el Museo de la Ballena en Buenaventura, en el cual se invirtieron $1.000 millones?”, replica Garzón. 

Por la baja inversión, no sólo la gestión de Garzón es indagada por la Contraloría. También son investigados funcionarios de áreas donde se planearon las inversiones, como el tercero de los aspirantes a la Dirección de la CVC Rodrigo Humberto Escobar, quien trabajó en la Dirección de Planeación entre mayo de 2007 y septiembre de 2008. 



Una de sus funciones era apoyar el proceso de consolidación de fuentes de financiación del Plan de Acción Trienal para los años 2007-2009. Escobar dijo a este diario que, “yo era un técnico en esa área, la cual realiza un trabajo que involucra un amplio equipo de gente”. 

Este candidato explicó que nunca tuvo injerencia en el manejo financiero del área, “era responsable por determinar cuáles proyectos incluir en el programa de inversión de la CVC, analizando y siguiendo unos pasos y teniendo como base unas necesidades ambientales de la región”. 



El caos total 

En cuanto al otro convenio ‘fantasma’, el de Jamundí, tampoco ha arrancado. Se trata de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Robles, por un valor de $507 millones. 

Esta obra debía estar terminada hace cinco años, pero ha tenido numerosas suspensiones y hoy, no se ha puesto ni el primer ladrillo en un lote que, aunque jurídicamente es propiedad de la Alcaldía de Jamundí, tiene una disputa con un particular que insiste en que es suyo (ver recuadro). 

Es tan grave el panorama de desgreño administrativo que la Procuraduría tomó cartas en el asunto. De los 47 hallazgos administrativos de la Contraloría, diez tienen incidencia disciplinaria por lo que se pidió la intervención de este órgano disciplinario. 

Investigadores de la Procuraduría se preguntan por qué no hubo análisis previos y seguimientos a doce contratos que suman $1.188 millones, entre los cuales figura la recuperación de cuatro humedales en el departamento: Conchal, Cedral, Videles y La Guinea, ubicados en San Pedro, Guacarí, Buga y Jamundí, respectivamente. 

Por ejemplo, el contrato para manejar el humedal La Guinea, por $43.430.000, no ha empezado a ejecutarse, aunque según los documentos fue firmado el 31 de diciembre de 2008. 

Para arrancar la obra hacen falta los diseños hidráulicos, que fueron contratados en un convenio cuyo objetivo es calcular, “mediante un modelo matemático el orden de los humedales del río Cauca”. 

Este segundo contrato apenas comenzó a ejecutarse el 28 de enero de 2009. Razón por la cual el humedal de La Guinea lleva más de un año sin quien lo cuide, pese a contar con una partida para tal fin en la CVC. 

El País, en un recorrido por la zona, corroboró que no se adelanta ninguna obra en ese lugar, además, la auditoría del proyecto indica que las demoras “generan riesgos de demandas y posibles detrimentos del patrimonio”. 

La CVC se juega su futuro el próximo viernes cuando elija al nuevo director, cuyo reto es ordenar la entidad y alejarla de los malos manejos y de la politiquería. Sin embargo, hay tantos líos que la Fiscalía ya se sumó a los entes que investigan quienes están tras el oscuro manejo que se la ha dado a la autoridad ambiental de la región. 



Faltó el registro 

En la misma Dirección Técnica Ambiental hubo contrataciones para dotación de sonómetros y equipos para medir la calidad de aire. Estas adquisiciones suman $66 millones en un paquete de contratos por un total de $579 millones. 

La Contraloría puso en manos de la Procuraduría el interrogatorio a los funcionarios de estas oficinas, porque no fueron registrados en el Sistema de Información de Contratación Estatal, Sice, “generando falta de confiabilidad y oportunidad en la información”. 



El dato 

La Fiscalía lleva más de un año tras la entrega de un lote que valía $3.170 millones, para pagar deudas por valor de $1.187 millones de la CVC en Buenaventura. 

Funcionarios no devolvieron $ 640 millones 

No hay certeza de que ese dinero pueda recuperarse. Eso considera la Contraloría al referirse a los pagos que por nivelaciones salariales y primas técnicas recibieron 94 funcionarios de esa entidad, entre técnicos, profesionales y asistenciales, a comienzos de la última década y que, tras las sospechas de irregularidades, fueron suspendidos. 

La decisión generó tutelas contra la CVC, pero luego fueron revocadas por la Corte Constitucional. Desde entonces empezó una batalla jurídica para lograr recuperar esos dineros, pero no ha habido resultados. 

La Contraloría dice que es una “situación generada por la falta de gestión para recuperar esos recursos. Sólo se evidencian actuaciones hasta finales de 2006, por lo que el cobro de los saldos han sido poco efectivos”. Investigadores del caso explican que la misma Corte no dejó en claro la devolución, causando un efecto en el patrimonio. 

Uno de los funcionarios que recibió un anticipo por $8 millones dijo que no los devolverá, porque fue un derecho que ganó. La Corte considera que los demandantes no ven vulnerados sus derecho,s pues siguen recibiendo su salario. 

Claudia Sandoval, asesora jurídica de la CVC, dijo que “si hay o no certeza de un efecto patrimonial eso no se puede calificar. El caso está en manos de la justicia ordinaria y le corresponde a un juez determinarlo. La CVC ha hecho todos los esfuerzos administrativos y ha interpuesto los recursos ante la justicia”. 



Otras platas perdidas 

Tampoco es claro qué pasó con $14.669.000 que la Alcaldía de Jamundí debía recaudar en el 2003 por concepto de sobretasa ambiental y dársela a la CVC. 

Aunque en el 2007, el Tribunal Superior de Cali encontró responsable de peculado por apropiación oficial diferente, al entonces alcalde Libardo Perdigón Ceballos, el año pasado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al ex mandatario. 

Según la Corte, no hubo el suficiente soporte probatorio para determinar que la inversión de la CVC podría haberse visto afectada. 

De otro lado, existen investigaciones por cuentas de llamadas telefónicas que alcanzan los $7,9 millones, dinero que no ha sido devuelto por los funcionarios que las hicieron. Por eso, hay demandas con fallos pendientes. 

El desorden administrativo de la CVC tiene otro claro ejemplo en una demanda del 2002 contra Edinson Guevara, a quien se acusó de estafa por gastar $40 millones en papelería. Este auxiliar de bodega fue condenado a 20 meses de prisión y a pagar una multa de $2 millones. 

En este momento, el proceso sigue en curso por una tutela que interpuso Guevara contra la condena. 



En pocas palabras 

"Hay irregularidades que la Contraloría está investigando en la CVC. Revisamos varias denuncias por las cuales hay aperturas de procesos. Seguimos recibiendo muchas quejas en el Valle” 

Julio César Turbay, Contralor General de la Nación. 



‘Patrón’ no deja construir planta de tratamiento 

Hace cinco años la CVC firmó un convenio con el entonces alcalde de Jamundí William Sicachá por $507 millones para construir la planta de tratamiento de aguas residuales, que beneficiaría a los 6.000 habitantes de los corregimientos de Robles y Chagres. 

Carlos Alberto González, líder comunitario de Robles, dijo que el convenio nació de peticiones, que terminaron en una acción popular en el 2002, que obliga a solucionar el problema de las aguas negras que caen al río Cauca. 

La planta es una obra tan sencilla, que se calcula que su construcción tarda menos de cuatro meses. Pero cinco años después de suscrito el convenio la planta de tratamiento sigue en planos, no existe. 

Después de la firma del convenio, en el 2005, pasaron dos años sin que nadie hiciera nada. A finales del 2007, después de una licitación, se adjudicó a un contratista caleño que debía levantar la estructura en el 2008 en dos lotes que la Alcaldía de Jamundí había adquirido. 

Pero cada vez que el ingeniero y un grupo de obreros van al lugar para arrancar los trabajos, un hombre les sale al paso y les advierte: “El patrón no da permiso de hacer esa obra aquí”. Es la misma respuesta que han recibido funcionarios de la CVC, cuando han visitado el sitio, para llegar a un acuerdo con el supuesto dueño. 

“Ni vuelva por acá, porque de lo contrario habrá consecuencias”, es otra de las advertencias de quien se dice aún es el señor de todas las tierras que están en Robles y quien habría tenido nexos con el extinto Cartel de Cali. 

El secretario de Infraestructura de Jamundí, Nelson Vidal, sostuvo que este problema fue heredado y aunque tenía entendido que había una disputa con el dueño del lote, “no comprendemos qué ha pasado, pues esos terrenos son del Municipio y existen las escrituras que lo comprueban”. Agregó que los lotes fueron cercados en diciembre pasado, con la custodia de la Policía, para dar inicio de una vez por todas a la obra en este mes. Pero nada que arranca. 

El País conoció que el caso está siendo investigado por la Fiscalía por una presunta falsedad en un documento que hace parte del convenio. Funcionarios de CVC sostienen que todo está en regla, al igual que lo hicieron voceros de la Alcaldía de Jamundí. 

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John W. Martínez

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