«El panorama electoral en Colombia es preocupante”

«El panorama electoral en Colombia es preocupante”

De acuerdo con Ted Lewis, coordinador general de la Misión Internacional de Observación Preelectoral, “es preocupante el horizonte electoral del país”. 

Así lo afirmó tras la entrega del informe preliminar de la Misión de observadores internacionales, compuesta por 22 profesionales e investigadores que estuvieron durante poco más de 15 días analizando las condiciones de cuatro departamentos: Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Antioquia. 

Durante los 11 días de trabajo, los integrantes de la Misión se entrevistaron con miembros del Gobierno, organizaciones sociales y sociedad civil, así como con representantes de comunidades y candidatos de distintos partidos políticos, con el fin de levantar la mayor cantidad posible de información. 

Según afirman, hoy el panorama preelectoral del país está ante varios riesgos latentes. De acuerdo con el informe presentado, uno de los mayores es el constreñimiento electoral. Este punto se encuentra relacionado con prácticas clientelistas asociadas a la entrega de subsidios de Acción Social. 



Valle del Cauca




Para Gimena Sánchez, investigadora de la Misión, en algunas zonas rurales de Buenaventura y hacia el sur del departamento hay un alto riesgo de que la guerrilla de las Farc pueda amenazar el proceso electoral. 



“Los peligros divisados es que la guerrilla pueda impulsar votos determinados o bloquear el acceso a los lugares de votación“, afirmó Sánchez. 



En zonas urbanas, de acuerdo con la observadora, están latentes situaciones como la presión de grupos paramilitares y del narcotráfico sobre poblaciones vulnerables, “así como la presión mediante la amenaza de supresión de subsidios de Acción Social en caso tal que no salgan elegidos los candidatos y partidos de la coalición de Gobierno, lo que constituye una clara confusión entre lo que es una política de Estado y el ejercicio de Gobierno”, expresó la investigadora. 



También anunció que en el Valle fueron frecuentes las alertas sobre posibles fraudes el día de elecciones, lo que puede realizarse mediante cambio de tarjetones y de votos en los procesos de escrutinio.

El informe entregado por la Misión afirma: “Según lo señalaron los líderes comunitarios y beneficiarios de Acción Social, aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia del Partido de La U, los subsidios que reciben del Presidente de la República se acabarían”. 

Además, afirman que hay un distanciamiento entre las instancias del Estado, las autoridades locales y la población en general, en relación con la transparencia electoral. 

Al respecto dicen: “Mientras varias personas del común y todos los partidos políticos con quienes tuvimos contacto manifiestan que se han activado estrategias para la compra de votos en efectivo o mediante prebendas de diferente índole (…) las autoridades manifiestan que no se han recibido denuncias por delitos electorales”. 



Derechos humanos 

Los integrantes de la Misión, además, sostienen que en varias regiones del país el tema de Derechos Humanos constituye una alerta para el normal desarrollo de los comicios. Sostienen que a los asesinatos selectivos “se les ha sumado la desaparición forzada como una nueva modalidad, para no impactar las cifras de asesinatos que llevan las autoridades”. 

Esto, dicen, se da con el fin de obstaculizar la confianza en las autoridades e impedir así que los votantes participen en el proceso electoral. 

Por otro lado, sostienen que las agrupaciones de autodefensas desmovilizadas siguen actuando al margen de la ley, bajo la figura de bandas emergentes, y puntualizan que el accionar de éstas afecta el panorama electoral, dado que mantienen estrategias abiertas de persecución “contra líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas, campesinos y defensores de DD.HH.” y todas aquellas personas destinadas a enriquecer el debate electoral. 

El grupo de investigadores convergió en cuanto sus apreciaciones sobre el tema de desplazamiento forzado. Según el documento “al drama humano del desarraigo, se suma la dificultad de ser estigmatizados y enfrentar bloqueos institucionales para ejercer sus derechos”. 



Continúan diciendo: “Los desplazados internos y los confinados, en muchos casos, no cuentan con los documentos o la forma de poder votar el día de las elecciones”. 

La participación en política por parte de servidores públicos fue uno de los temas que más preocupó a los Observadores durante el trabajo de campo. 

El informe presentado sostiene: “Más allá de la simpatía, se ha denunciado participación en política, pues desde la administración pública se pagan equipos de proselitismo y asesores de campaña mediante la modalidad de órdenes de prestación de servicios”. 

Otros delitos encontrados fueron la compra de votos y el ‘tulismo’, mediante el cual se paga el sufragio en especie, con materiales de construcción como ladrillos, tejas y cemento. Adicionalmente, advirtieron sobre el uso de métodos de verificación de voto como el papel carbón para comprobar el lugar donde se ha marcado el tarjetón y hasta el registro audiovisual con cámaras de fotos y celulares. 

Las denuncias realizadas en el marco del informe preliminar tendrán un desarrollo futuro en el documento final, que la Misión Internacional le entregará al Gobierno Nacional el 7 de marzo. 

Alejandra Barrios, directora de la MOE Colombia, puntualizó al final de la reunión que “este proceso es importante, pues permite que los ojos externos colaboren en la observación de asuntos que a veces parecieran parte del paisaje del panorama electoral. Cosa que no puede ser así”. 

Además, sostuvo que estos procesos son importantes pues hay suficientes antecedentes en torno a que el Estado acoja las recomendaciones presentadas. “Hechos como la suspensión de la personería de (el partido político) ADN y la rotación de jurados de mesa en 2007 muestran que sí puede haber un impacto positivo a partir de este trabajo con miras a las elecciones”, concluyó Barrios. 

Por último, algunos de los investigadores dieron sus apreciaciones sobre los panoramas en cada uno de los departamentos analizados. 



Córdoba 

Para la investigadora Janvieve Williams, el panorama de los desplazados y de la comunidad indígena es desalentador. 

De acuerdo con Williams “a partir de las entrevistas hechas vemos que es necesario advertir que hay presiones de grupos armados al margen de la ley para suprimir o direccionar el voto en este territorio”. 

“Lo que vimos en Córdoba es que no se respeta la Ley 70, que no hay plan de vivienda para los desplazados y que hay sitios como Tierra Alta y Montelíbano, donde la situación es preocupante en materia de derechos ciudadanos”. 



Santander 

Ray O. Moore afirma que los riegos electorales más significativos son la apropiación personal de los subsidios del Estado con fines electorales. 

“En varios lugares de Santander nos informaron que hay agentes que afirman que se retirarán los beneficios del Estado a la población vulnerable si no se reeligen a candidatos del Gobierno”, sostuvo Moore. 

También se ha sabido, según dijo, “que hay cajas de cédulas listas para ser utilizadas en la votación”. 



Antioquia 

La compra y venta de votos fue una de las denuncias más frecuentes. A estas se le suma, sostuvo John Lindsay-Poland, “que hay miedo generalizado en torno al ejercicio por el derecho al voto en poblaciones como Caucasia y Medellín, donde no hay líneas de discusión sobre puntos como la violencia y la seguridad”. 

Esto, según afirma, Poland, afecta de manera significativa el debate electoral. 

Por otra parte, la población desplazada no tiene garantías para regresar a sus lugares originarios para ejercer el derecho al voto y en muchos casos son amenazados de muerte quienes tratan de regresar para votar. 

Para Poland, en Antioquia también se presenta el tema de la politización de los subsidios. “Hemos sabido que muchos políticos y funcionarios de la Red de Acción Social han advertido las comunidades que de no votar por el Presidente Uribe perderían sus subsidios“. 


elpais.com.co

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John W. Martínez

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