En manos del gobierno quedaría el futuro de los tratamientos médicos por fuera del POS

En manos del gobierno quedaría el futuro de los tratamientos médicos por fuera del POS

La suerte de miles de pacientes que requieran tratamientos médicos por fuera del Plan Obligatorio de Salud quedará en manos de tres miembros del gobierno y tres profesionales de la salud, nombrados por el presidente Álvaro Uribe.

La controversia se centra en el decreto 131, articulo 6, que estipula la composición del Organismo Técnico Científico para la Salud, que será la entidad que tenga la última palabra y parámetro para que se otorguen o se nieguen tratamientos por fuera del Plan Obligatorio de Salud.

Este organismo está conformado por el Ministro de Protección, el Ministro de Hacienda, el director de Colciencias, entidades del gobierno, y tres profesionales en investigación de la salud que serán nombrados directamente por el presidente Uribe, lo que según expertos y afectados compromete la prestación de la prestación de medicamentos y tratamientos por fuera del POS.

"El problema es que el pagador y quien le dice que pagar son los mismos (el gobierno), van a ser los que le recomiendan al consejo administrativo del Fonpres para poder pagar los recursos. Es un tema muy complejo y ahí estamos perdiendo lo que es el papel del aseguramiento, porque el aseguramiento tiene que proteger financieramente a la población y si nosotros estamos sacando prestaciones para que la gente las pague, pues esta perdiendo sentido el aseguramiento", manifestó Enrique Peñaloza, investigador del Centro de Proyectos para el Desarrollo, de la Universidad Javeriana.

Dennis Silva, Presidente de la asociación de pacientes, Colombia Saludable, aseguró que en varias ocasiones han alertado al presidente Álvaro Uribe sobre este decreto y que, si se concreta esta iniciativa, esto colapsaría el sistema de salud.

"Este comité es netamente administrativo donde no hay la participación de los médicos, nosotros se lo comentamos al Presidente, tiene la potestad de decidir sobre 45 millones de colombianos, esto es perverso es aberrante. Generaría el congestionamiento de la red pública y el congestionamiento de la red judicial porque todo nos tocaría hacer lo por acción de tutela", aseveró.

Silva agregó que tratamientos para el cáncer, el sida, la insuficiencia renal, así como los transplantes, entre otros servicios considerados de alto costo, se verían coartados por este artículo.

caracol.com.co

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John W. Martínez

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