“No podemos tener un TLC con un país que no respeta los derechos humanos”

 

¿Por qué se interesaron en las mujeres, los sindicalistas y defensores de derechos humanos? 
Marián Suárez (MS): La propuesta viene de la organización que nos invitó porque considera que estos sectores son los más vulnerables o que sufren de una manera más intensa el conflicto. 

Jordi Pedret (JP): De hecho, en la reunión con el gobierno tenían los datos del presupuesto dedicado a protección y esta población tiene más recursos que otra. 

Ustedes dicen en su declaración los civiles están muy afectados por el conflicto y mencionan que las instituciones del gobierno no tienen mucha agilidad para atenderlas. Buena parte de la ayuda la brindan organizaciones no gubernamentales. ¿Saben que la Unión Europea le está restando cooperación a estas organizaciones y le está aportando más a Acción Social? 

JP: Hemos oído al respecto varias interpelaciones a lo largo de la semana. Yo no participo en las decisiones de la Unión Europea. Tampoco conozco el detalle de lo que se ha dicho. En nuestra declaración hablamos de una cooperación de ciudadano a ciudadano, de sociedad a sociedad, que es la cooperación que a mí me gusta más. Nuestra intención es que esto se produzca en el futuro y se cambien los equilibrios de los que nos hemos enterado. Estamos en contra de la cooperación asistencial. Nos interesa es el fortalecimiento de las sociedades. 

MS: En las propuestas que hicimos hay una reflexión sobre este tema. Entendemos que la cooperación internacional hay que destinarla a proyectos que pretendan defender y promover los derechos humanos, la producción social y económica en este país. Escuchamos una denuncia concreta que es la militarización de la ayuda que llega a Colombia. Es decir, un país le da recursos al gobierno de Colombia para que haga proyectos para la gente y después, quien lleva eso al terreno es el ejército. Eso es lo que nos han contado. Es un asunto que no conocíamos. 

Se ha denunciado también que esos recursos los usan para hacer política. El Presidente hace cada sábado consejos comunitarios y reparte cheques de Acción Social personalmente, en una actitud que mucha gente cuestiona. ¿Qué dicen al respecto?

JP: Eso es una cuestión de política interna colombiana y no vamos a pronunciarnos al respecto. 

En su declaración, la comisión asegura que aquí hay un conflicto armado, político y social y le piden al gobierno que lo reconozca. ¿Qué los llevó a concluir esto? 

JP: Los testimonios que escuchamos. Tenemos una absoluta conciencia de la enorme importancia del narcotráfico y de los grupos criminales en la mala situación de los derechos humanos. Pero después de escuchar todos los testimonios, concluimos que continúa existiendo un conflicto armado de otras características. Al parecer, sí es cierto que los grupos armados clásicos pueden padecer cierta infiltración del narcotráfico y así buscan financiación. Pero esto no ha convertido aún al conjunto de grupos insurgentes en meros gestores del narcotráfico. 

Pero qué características puntuales encontraron que les permitan decir que aquí hay un conflicto armado. 

MS: Yo no le buscaría una explicación muy profunda. Cuando uno habla con las asociaciones y ellos denuncian la vulneración de los derechos humanos, la atribuyen siempre a determinados agentes. Aparecen vinculados guerrilla, paramilitarismo y ejército. La persistencia de esos agentes armados que están enfrentándose entre sí y la gente que se siente víctima de ellos en sí ya evidencia que se mantiene ese conflicto. La gente percibe que el conflicto existe. Si la sociedad no hubiera asumido que hay un conflicto, no hablaría de éste. Hablarían de otra cosa. Además, creo que hay una trayectoria histórica. No se habla de un momento antes y un momento después del conflicto. 

El Derecho Internacional Humanitario dice que no hay necesidad de que un gobierno reconozca la existencia de un conflicto para que se los grupos ilegales y los ejércitos estatales respeten los derechos humanos y las normas de la guerra. ¿Por qué le insisten al gobierno que reconozca la existencia de un conflicto? 

JP: Creemos que es bueno que lo haga para llegar a una solución de los problemas de derechos humanos. No es una cuestión política, sino de dinámica. Si yo no reconozco al que está en frente, es muy difícil que él cambie el método que está utilizando y que dejen de violar los derechos humanos, como lo hacen los grupos insurgentes. Si yo consigo entablar una interlocución con él, posiblemente logremos llegar a acuerdos no sólo sobre intercambio humanitario, sino también sobre respeto, sobre avances en la limitación del conflicto para llegar a una solución nacional. Esto tiene una repercusión inmediata en los derechos humanos del civil que está sufriendo por el conflicto. 

MS: Una de las conclusiones que planteamos también es que, con lo que se está haciendo hasta ahora, no se está solucionando el conflicto. Las políticas y los métodos que se están usando no solucionan el conflicto. 

De todo lo que escucharon esta semana, ¿qué fue lo que más los impactó? 

JP: Muchos testimonios nos conmocionaron. Sobre todo los de las madres de las víctimas, que tocan directamente la sensibilidad de uno. Recuerdo especialmente el testimonio de una madre que escuchamos en la Casa de la Mujer respecto a la muerte de su hija después de haber sido torturada y amputados varias partes de su cuerpo. La señora tardó mucho tiempo en encontrar el cadáver y recuperarlo. Y otro testimonio que también me conmocionó hasta lo más profundo fue el de una de las madres de Soacha respecto a la desaparición de su hijo de 16 años. Estas han sido dos de las experiencias más duras, aunque hemos oído víctimas de muchos sitios. 

MS: El testimonio de las madres de Soacha me ha conmovido bastante. Y escuché un testimonio en Medellín de una chica que fue violada y fue un testimonio muy brutal. Me dejó bastante descompuesta. Y estuvimos hablando con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que, sin ser un testimonio tan personal, la situación de la comunidad en general creo que es muy representativa de sufrimiento de un tipo de población. 

¿Quiénes eran los posibles victimarios identificados por las víctimas que escucharon? 

JP: Había paramilitares, fuerza pública y guerrillas. 

¿Por qué dicen en su declaración que las víctimas tienen percepción de impunidad? 

JP: Por la queja reiteradísima de inexistencia de reparación y de las libertades de los victimarios por vencimientos de términos. A esto se han referido muchos. Es una queja muy general y no sólo en el caso de Soacha. Las libertades provocan una sensación de impunidad total y esto provoca una erosión muy notable en la confianza en las instituciones. Creo que eso es muy peligroso para la vida democrática. Cuanto más se erosiona la confianza en las instituciones, más ambiente hay para la violencia y para relaciones sociales basadas en cualquier cosa, menos el respeto. 

También hablan de “la inadecuación de los medios de la justicia”. ¿qué es eso? 

JP: Se nos han referido en concreto quejas sobre el difícil acceso a la justicia. Particularmente, sobre la dificultad para acercarse a las fiscalías porque algunas están ubicadas en las unidades militares. Allí, tienen que entregar la cédula a la entrada a un uniformado. Y después, tienen que pasar por los recintos militares para llegar a la Fiscalía, siendo observados por compañeros de quien se quiere denunciar. Nos hablaron también de la imposibilidad de hacer todos los trámites dentro del tiempo para evitar el vencimiento de términos por la falta de medios de la rama judicial. 

MS: En la Fiscalía también nos comentaron sobre la falta de personal suficiente. 

Ustedes dicen que hay algunas instancias judiciales que no tienen voluntad de atender a las víctimas. ¿En qué sustentan esa conclusión? 

JP: Nos hablaron de casos en que los funcionarios judiciales tienen resistencia a lo que dice el denunciante y le hacen advertencias sobre las consecuencias que puede tener la denuncia. Pero no podemos constatar la falta de voluntad. Sólo puedo referirme a testimonios que escuché. 

Les hicieron recomendaciones a las instituciones del Estado para que mejore la situación de derechos humanos. ¿Qué propuesta le hacen a la sociedad? 

MS: Me da la impresión de que a las personas con las que hemos hablado no hay nada qué exigirles. Al contrario, son personas que están en condiciones de exigir. Creo que las organizaciones están jugando un papel básico para que la gente pueda vivir en unas condiciones dignas. 

Sobre el sindicalismo, el gobierno defiende que hay más derechos y menos muertes, ¿qué encontraron al respecto ustedes? 

JP: Es cierto que ha descendido el número de víctimas, aunque un solo homicidio de un sindicalista por su labor es inaceptable. Pero nos hemos reunido con representantes de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y nos han hablado de dificultades de ejercer el sindicalismo y de actividades antisindicales de las empresas para impedir la constitución de sindicatos. Eso incluye despidos de las personas que intentan organizar un sindicato. Se nos ha referido de situaciones de desplazamiento forzoso, sobre todo de maestros que se sindicalizan. 

MS: Hemos visto que sí han disminuido las cifras de homicidios de sindicalistas, pero también han disminuido la cantidad de sindicatos y eso no es casual. Digamos que puede ser el resultado del acoso de que son objeto. Espero que esa disminución no sea atribuible a lo peligroso que implica ser sindicalista. Y esta actividad antisindical, según entiendo, no se da sólo en las empresas, sino también en los maestros. En este caso, quien ejerce esa actividad antisindical es el Estado. 

¿Por qué no dicen nada sobre las empresas que impiden el sindicalismo? 

JP: Porque es imposible incluirlo todo en una declaración. Nos hablaron de violaciones al derecho de la libertad sindical incluso por parte de empresas de matriz española. Especialmente, en el ámbito financiero, en el BBVA. Nos han contado que ejerce una actividad antisindical, al parecer, eficaz. 

Pero también hay unas normas laborales que hacen muy difícil que la gente se sindicalice. 

JP: Sí nos hablaron de eso, pero no nos hemos referido al respecto porque vinimos a hacer una visión general de lo que ocurre con los derechos humanos en Colombia y entrar a analizar las normas amerita un estudio específico. 

Pero si las normas dificultan el ejercicio de un derecho humano como es el de sindicalizarse, ¿no es algo de su importancia? 

JP: Posiblemente, sí. Pero no tenemos tiempo ni los medios suficientes para analizar hasta qué punto la legislación viola este derecho. Es un análisis que hay que hacerlo a profundidad y hemos venido a conocer hechos. Hacer análisis jurídicos es mucho más complicado. 

Ustedes hicieron una especial mención a la violencia contra las mujeres, que son víctimas de secuestro y abusos sexuales por parte de hombres armados. ¿Qué posibilidad de justicia tienen estos casos específicos? 

MS: En la reunión que tuvimos en la Casa de la Mujer aquí en Bogotá y en otra que tuvimos con mujeres en Medellín, quedó claro que la mayor sensación de que no se tienen en cuenta sus denuncias y exigencias está en las mujeres. Esa dificultad que tiene la mujer para acceder a la justicia se debe, según deduzco de lo que escuché, a que esta sociedad aún es machista, como lo es la española también. 

Se sabe que los grupos ilegales usan a niños dentro de sus filas. ¿Qué escucharon de niños usados por la Fuerza Pública? 

JP: Nos contaron que si alguien es visto hablando con un militar, se convierte en blanco de los grupos ilegales. Eso es muy complicado. La gente se quejaba del hecho de convertir al menor en objetivo por el simple hecho de acercársele a un uniformado. Y nos contaron que en Medellín, en la Comuna 1, había retenes militares contiguos a los colegios, escuelas de música o bibliotecas a donde van los niños. 

¿Conocieron cuáles políticas del gobierno para solucionar el conflicto y por qué las califican como no eficaces? 

JP: El gobierno nos explicó sus políticas. Son ineficaces porque no han tenido hasta el momento resultados de reparación, justicia, paz y no han eliminado las violaciones a los derechos humanos. 

¿Qué consecuencia puede tener todo lo que han escuchado en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea? 

JP: Hay una cláusula sobre el respeto a los derechos humanos, pero hay que exigir un control del cumplimiento y que el incumplimiento tenga consecuencias. Queremos que esa cláusula de derechos humanos esté en un lugar especial en el debate sobre el TLC. 

¿Qué tienen que ver los derechos humanos con un tratado comercial de mutua compra y venta de productos? 

JP: Tiene que ver con que la Unión Europea está fundada sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia. Por lo tanto, no puede favorecer a un país donde no se respeten los derechos fundamentales de la Unión Europea ni que no se respeten realmente los derechos humanos.