Andenes y calles están «embriagados» de violencia

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El mismo comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional, que se encarga de controlar al Valle, Cauca y Nariño, general Gustavo Ricaurte, reconoce que “el tema de las riñas es complicado y que la situación se agrava cuando hay establecimientos que funcionan sin licencia”. 

De hecho, El País pudo determinar en un recorrido por el sur de Cali que una decena de estancos y licoreras en la Calle Quinta entre carreras 56 y 62 no tiene el uso del suelo. Así lo aceptaron los mismos dueños, quienes no pudieron ocultar sus nervios ante las preguntas de El País. 

“Este local lleva tres años, pero lo estoy manejando hace ocho meses. No es que no quiera acogerme a la Ley; aquí tengo la solicitud del uso del suelo, pero no me lo han dado”, dijo uno de los dueños bastante intranquilo. “Yo lo pedí desde el año pasado, cuando me hice cargo y he estado visitando la Alcaldía, pero no me entregan el permiso. Me dicen que regrese la semana siguiente”, comenta el propietario detrás de los barrotes del pequeño bar, que funciona con el nombre de estanco y frente al cual hay unas cuantas sillas y mesas. 

Cerca de la universidad Santiago de Cali, el administrador de otra licorera estuvo a la defensiva y de inmediato, afirmó: “Yo sí tengo papeles”. De una carpeta sacó el uso del suelo y aunque se mostró orgulloso, el documento lo autoriza únicamente para vender licores. “Nosotros vendemos el licor y es decisión del cliente quedarse a conversar, porque somos un tertuliadero. Además, acá vienen los estudiantes y nunca ha habido ningún problema de violencia”, aseguró. 

Algunos vecinos de Pampalinda siempre han manifestado su desacuerdo con estos negocios que se transforman en bares. “Hemos escrito docenas de reclamos a la Alcaldía, llamamos cada rato a la Policía por la bulla y porque sí hay pleitos. Además, el barrio se vuelve inseguro, porque no sabemos qué tipo de personas vienen a tomar allí”, comenta Leonel Guzmán, uno de los vecinos inconformes. 

El administrador de otro estanco de la Calle Quinta no enseñó ningún papel, “porque estamos en los trámites de cambiar la razón social”. Luego se quedó callado, pero mostró su preocupación cuando se enteró de que así cambié de nombre, la Secretaría de Gobierno puede cerrarle el negocio, porque mientras siga siendo un estanco su actividad comercial permitida es la venta de licor, más no el consumo del mismo en sus alrededores. 

“Tratan de evadir los controles con el cambio, pero si continúan con el expendio y poniendo mesas en la entrada se les pondrá los sellos”, le advirtió una de los funcionarias del Municipio. Eso les pasó esta semana a los dueños de Distrilicores La Quinta, que el año pasado se llamaba Likoo Briagoss y que fue sellado por no tener la debida autorización. 

“¿Por qué no nos dejan trabajar?, nosotros no estamos dañando a nadie”, le preguntaba confundido el administrador del estanco al equipo de la Secretaría de Gobierno que dispuso el cierre definitivo. No fue suficiente que el establecimiento tuviera el registro de Cámara de Comercio y hubiera pagado los derechos por la música a Sayco Acinpro. Ni siquiera le sirvió mostrar la solicitud del permiso. 

Ese mismo operativo también incluyó la inspección a una fuente de soda que vende cerveza en la Avenida 3N con Calle 18, donde el dueño, Carlos Pillimue, se quejó. “Me están persiguiendo, porque cada rato viene la Policía. Nosotros no hacemos ruido y se ha hablado con los vecinos que nos dieron el aval”, dijo Pillimue, que tuvo la fortuna de que no le cerraran la fuente de soda, a diferencia de lo ocurrido a Distrilicores y a otros 89 establecimientos públicos que han sido sellados en el último año por la Alcaldía. 

El uso del suelo que Pillimue adquirió el 17 de febrero de 2003 lo faculta a vender bebidas embriagantes y a que sus consumidores lo hagan adentro del local. Por tal razón, la Alcaldía le advirtió que debe quitar el techo del antejardín, donde ha puesto algunas mesas. De no hacerlo, tendrá que pagar una sanción de hasta $30 millones. 

Quizás los escasos controles también se deben a que cada uno de los operativos de cierre es resultado de por lo menos un año de investigación administrativa. Los dos últimos locales mencionados empezaron a ser inspeccionados desde el 2008 y sólo este año se pudo tomar medidas drásticas. 

Batallas campales 

El problema generado por la proliferación de estancos en la ciudad que se han convertido en discotecas callejeras se torna cada vez más preocupante, porque ni siquiera hay suficiente gente de la Alcaldía para vigilar el fenómeno. Desde el 2007, cuando entró en vigencia el decreto contra el consumo en la calle, sólo han sido multadas 155 personas, sorprendidas en flagrancia con la botella en la mano en plena calle. Funcionarios de la Alcaldía explican que este año no se ha contratado al personal para controlar la situación y que el 2008 fue pedagógico y no de sanciones. 

Por ahora, ya se tienen identificados los sitios predilectos de los bebedores callejeros: el Parque del Perro, la Loma de la Cruz, San Antonio, Granada, Juanambú, Centenario, calles Quinta y Novena, Versalles, Aguablanca, el centro de Cali, Ciudad Córdoba y Nueva Floresta. Por su parte, la Policía tiene reportada la Avenida Sexta con Calle 26 como el lugar preferido por quienes arman batallas campales. Un testigo de una de estas trifulcas contó que el año pasado quedó en medio de una guerra entre galladas de muchachos. Casi siempre, ocurren después de medianoche. 

Algunos vecinos de un local en la Avenida Cuarta Norte con Calle 15 también se han quejado del tumulto de estudiantes que se forma en el andén, por lo que ya está siendo investigado por la Alcaldía. Efraín Sierra, subsecretario de Convivencia Ciudadana, dijo que si éste y otros negocios generan impacto en el espacio público, pueden ser cerrados, no importa si tienen sus papeles en regla. 

¿Alcohol, detonante de la violencia? 

Aunque es alarmante el panorama, epidemiólogos en la Alcaldía manifiestan que son más los lesionados que los muertos adentro y afuera de los establecimientos públicos, como bares y estancos. Según la Policía, el año pasado fallecieron once personas adentro de estos negocios, que también incluyen las cantinas del centro caleño. El mismo reporte policial dice, además, que hubo 19 muertos dentro de las viviendas en Cali. 

Un investigador de la Fiscalía agrega que “es importante recalcar, que la mayor parte de los homicidios en Cali no ocurren por riñas en las que hay consumo de licor; ocurren por venganzas y por la influencia del microtráfico”. Sin embargo, un reporte de la Alcaldía no desconoce que quienes han asesinado por una retaliación lo han hecho en lugares como estancos y bares, porque allí estaban sus víctimas. La Policía estima que estos casos corresponden al 25% de las muertes violentas en lugares cerrados. 

Sobre si el consumo del alcohol es o no detonante de situaciones de violencia, entidades como Cisalva y hasta las secretarías de Gobierno y Salud prefieren ser cautelosos al dar algún concepto. “Boyacá es uno de los departamentos de elevados índices de consumo de alcohol y eso no quiere decir que se maten más”, dice una fuente de la Secretaría de Salud de Cali. Por su parte, Cisalva indica que se debe tomar el fenómeno de manera multicausal y hacer un seguimiento para evitar el aumento. 

El concejal Rodrigo Guerrero, en cambio, manifiesta que es fundamental fortalecer la Policía y la Justicia. Sobre el consumo de alcohol, el concejal ha dicho que “con seguridad ese es un factor, que puede influir en un 10% sobre las muertes violentas que ocurren en Cali”. 

Para la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión, Asonod, la rumba o la diversión nocturna no es un factor que motive la violencia en Cali. Asonod añade que es necesario una mayor presencia de las autoridades, en la madrugada.