Ley de Garantías Electorales, otra encrucijada para Uribe

Ley de Garantías Electorales, otra encrucijada para Uribe

El primero de ellos, según los analistas, tiene que ver con los ya tradicionales consejos comunitarios. 

Según Charry, lo ideal es que a los consejos comunales de los sábados se les dé el mismo tratamiento que en la reelección pasada y se dejen de transmitir por la televisión pública. “Eso no implica que dejen de celebrarse porque esa es más una forma de gobernar que una intención de hacer campaña política”. 

Para Rafael Pardo Rueda, candidato del Partido Liberal a la Presidencia, lo que menos importan son los consejos comunitarios de gobierno. 

“Lo más grave es que se sigan gastando la plata de Acción Social en convenios con los municipios para financiar las campañas políticas de los amigos del gobierno”, denunció el candidato. 

De acuerdo con la Ley de Garantías del 2005, el Presidente en campaña tampoco podrá aumentar los gastos en publicidad, contratar obras ni mucho menos inaugurar las que ya se venían adelantando, entre otras (ver recuadro). 

Sin embargo, algunos sectores han solicitado que mientras concluye la campaña, se detenga la adjudicación de más subsidios de programas como Familias en Acción para evitar que sean utilizados para hacer ‘politiquería’. 

Sin embargo, el ex ministro Humberto de la Calle Lombana no ve la necesidad de suspender esos programas porque “sería convertir en víctimas a personas que ya están en una situación de pobreza o de inequidad. 

 

La campaña presidencial dura cuatro meses, antes de la primera vuelta. Es decir, se inicia este 30 de enero, mas el tiempo de la segunda vuelta, si es necesaria. Tanto el presidente candidato como los demás aspirantes tendrán acceso equitativo a los medios que usan el espectro magnético. El Estado hará uso durante el último mes de 2 minutos en televisión privada en horario triple A y 4, en radio para que los candidatos expongan sus ideas.

“Creo que es más el impacto político que puede generar un presidente entregando cheques o tomando decisiones en televisión. Es eso lo que se debería evitar, junto a la propaganda oficial, la vinculación de personal o los contratos de prestación de servicios. En esos puntos la ley tiene unos criterios muy razonables”, señala De la Calle. 

Incluso, en algunos sectores opositores han considerado que desde el pasado 30 de noviembre, cuando debía entrar en vigencia la Ley de Garantías, los viajes que realice el presidente-candidato deberían correr por cuenta de su campaña y no de los recursos del Estado. 

Para Alfredo Rangel el presidente Uribe ya está aplicando, de alguna forma, normas de la Ley de Garantías, “sobre todo en lo que tiene que ver con la administración pública”, pero hay situaciones en las que es imposible. 

“No se puede pedir que sea el partido que avale al Presidente el que corra con los gastos de desplazamiento porque él sigue siendo el Presidente de Colombia y para gobernar tiene que desplazarse y para desplazarse tiene que hacerlo en condiciones de seguridad y esa seguridad sólo se la brindan los medios de los que dispone como Jefe de Estado”, responde Rangel. 

De cualquier forma, analistas y candidatos coinciden al reconocer que en estas elecciones serán menores las garantías que tengan los contendores del presidente Uribe, si es que se aprueba el referendo, frente a las condiciones en las que se compitió en el 2006. 

“Ese pedido no tiene sentido” 

Pero la controversia no sólo se centra en si el presidente Uribe debe, a motu propio, acogerse al articulado de la Ley de Garantías, como lo sugirió el procurador Alejandro Ordóñez. 

El candidato liberal Rafael Pardo conceptuó que el jefe del Ministerio público incurre en un error al pedirle al Mandatario someterse a dicha ley. 

“Es claro que el Presidente tiene que cumplir la ley. Lo que no puede hacer el Procurador es pedirle la opinión al Jefe de Estado de si decide acatar las normas o no, sino que debe ponerlo en disciplina. Es el Procurador el que tiene que dar las garantías, no la ley”, dijo Pardo. 

Para el ex canciller Ramírez Ocampo ese pedido “sin importancia” fue simplemente la manera que encontró el Procurador “para tratar de disfrazar todo lo que dijo en el resto de su concepto”. 

Charry, por su parte, se mostró en desacuerdo con que el Procurador le pidiera al Presidente que se acoja a una ley que no tiene aplicabilidad. Sin embargo, calificó como “válida” su intervención porque cumple con una de sus funciones preventivas y de mantener el ordenamiento jurídico. 

Quien sí está “totalmente de acuerdo” con el Procurador fue el ex ministro De la Calle. “Es que no se trata de una obligación jurídica. La oposición viene pidiendo garantías y esa ley, aunque incompleta, es un paso adelante en ese sentido y contribuye a crear un ambiente de respeto mutuo en una campaña que, de hecho, ya ha empezado”. 

Alfredo Rangel también cree que el pedido del Procurador le da tranquilidad a la opinión pública y evitará que la oposición, “en caso de que Uribe sea candidato, lo acuse de haber tenido una ventaja desproporcionada”. 

En pocas palabras 

"El Procurador tiene la facultad de vigilar a todos los servidores públicos y no lo ha hecho”. Rafael Pardo, candidato a la Presidencia. 

"La discusión no es si lo que dijo el Procurador es legal o no. Lo im- portante es que el mismo Presidente brinde garantías. Humberto de la Calle Lombana, ex ministro. 

"Uribe se despreocupó de gobernar por aspirar otra vez a violar la Constitución y asegurarse un nuevo periodo”. Augusto Ramírez, ex canciller. 

Las prohibiciones al presidente-candidato 

De acuerdo con la Ley de garantías aprobada en el 2005, Durante los cuatro meses anteriores a la fecha de la primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, el candidato que ejerce la Presidencia de la República no podrá: 

1. Asistir a la inauguración de obras. 

2. Entregar personalmente recursos, bienes estatales o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario o producto de donaciones de terceros. 

3. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como Jefe de Estado. 

4. Utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del Gobierno. 

5. Usar bienes del Estado, diferentes a aquellos destinados a su seguridad personal, en actos de su campaña. 

6. No podrá aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado. 

7. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal. 

8. Queda prohibida la contratación directa por parte de entes del Estado, excepto lo referente a la seguridad del Estado, los contratos de crédito público o emergencias, entre otras.

About The Author

John W. Martínez

No Comments

Leave a Reply

Contáctenos





    Dirección:

    Cra. 39d #39-40 b/ Antonio Nariño

    Cali, Colombia

    Teléfono:

    +(57) 3195497019

    +(57) 3195036641

    E-mail:

    jatececan@hotmail.com

    glineslopez@yahoo.es

    ©2017 Corporación CECAN · Todos los Derechos Reservados.