Justicia y Paz en espera de la verdad en el Valle del Cauca

Justicia y Paz en espera de la verdad en el Valle del Cauca

Se enfrentó a ellos y se salvó de ser también golpeada, por los 6 meses de embarazo. Su niña ya cumple 7 años, los mismos que ella lleva preguntando por el padre de sus 2 hijas. "No lo busque más si no quiere que le pase lo mismo", fue la orden de un jefe paramilitar.

Esta mujer llegó esta semana a una sala de audiencias a escuchar a Robert Enrique Oviedo Yañez, ‘El Chacal’, desmovilizado del Bloque Calima, en la versión libre que este rindió ante la Unidad de Justicia y Paz.

Aún cuando ‘Él Chacal’ admitió haber dado muerte de un impacto de bala en la cabeza el 11 de junio del 2001 a Jhon Jairo Artunduaga, en Jamundí, y de otras dos personas, dijo que no sabía nada de Acevedo, con lo que sigue la incertidumbre de su viuda.

No es la única pariente de víctimas con el mismo vacío en estas audiencias de la Ley 975 del 2005, de Justicia y Paz. Además de Oviedo, han rendido versión libre Evert Veloza (HH), comandante general del Bloque Calima; Juvenal Álvarez Yepez (‘Coca Colo’), José de Jesús Pérez (‘Sancocho’), Albeiro Antonio Úsuga Graciano (‘Robinson’), Isaías Iscancio Atencio (‘Tapizao’), Wilson Cerón (‘Voluto’), Jhon James Granja Lizalda (‘Sayayine’) y Manuel de Jesús Kerfgelen Soto (‘el Negro’).

También Delfín Caicedo Ramos (‘Pescado’), Luis Miguel Arango y / o Diego Fernando Perdomo Zamora (‘Diego’, ‘el Rolo’ o ‘Andrés’), Yesid Enrique Pacheco Sarmiento (‘Yesid’) y Henry Rodríguez (‘Darío’).

A través de estas diligencias, la Ley busca consolidar el proceso de paz, en este caso con los paramilitares, y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y reparación a las víctimas.

"Los 13 versionados del Bloque Calima han mencionado más de 500 hechos, 73 masacres y se tiene conocimiento de 9.320 víctimas, de las cuales solamente han sido reconocidas unas 500", dice Elmer Montaña, quien dirige en el Valle el programa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Poco aporte a la verdad

Pero el ritmo de las versiones y calidad de estas deja mucho que desear a las víctimas. "Esto es una burla", se lamentaba uno de los pocos asistentes a la audiencia de Juvenal Alvarez (‘Coca Colo’), quien se limitó a confesar su participación en el hurto de 300 reses en Sevilla y prestar una moto desde la cual presuntamente se cometió un crimen.

Aún cuando 16 campesinos afectados por el hurto del ganado salieron de la audiencia tranquilos por la compensación económica que recibirán, una decena de personas quedaron esperando para saber sobre sus seres queridos.

Entre ellos están los allegados de Ángel María Cifuentes Castaño, bajado de un jeep el 26 de junio de 2004, y muerto de tiros en cabeza, cuando transitaba por la vía a Galicia, de Bugalagrande. 
"En ese entonces era mucho el coroteo, la gente salía dejando todo en las fincas", recuerda una de las víctimas.

El 9 de abril del 2000 de una finca de San Antonio ( Sevilla), sacaron a Rubén Darío Moreno Tagarife, de 34 años. "Eran ocho hombres armados. En una semana mataron 13 personas", dice una mujer.

‘El Chacal’ admitió que conoció de la muerte de Fernando de Jesús Jurado Rico. Dijo que vio cuando lo llevaron a un sitio aparte y luego escuchó disparos.

Una persona cercana a la víctima dice que en realidad a su pariente lo tuvieron tres días, lo torturaron y presentaba fractura en la cabeza, el vientre abierto y lesiones en el tórax. Se opuso a cavar su propia tumba, como querían obligarlo.

"Perdono lo que hicieron, pero no su cinismo ni tranquilidad en las versión amañada de las cosas. Cuando veo sus manos moverse en la pantalla pienso en todo el daño que ellos han hecho", confiesa un pariente.

Otra no puede evitar las lágrimas al escuchar el crudo relato sobre la forma en que fue asesinado su esposo. Nueve años después, el dolor está intacto.

Vinieron a matar y desaparecer

En el departamento del Valle del Cauca la incursión paramilitar del Bloque Calima se inició en 1999. En diciembre de 2004 se desmovilizaron 564, pero se estima que la estructura militar llegó a contar con 1.000 hombres.

Su accionar arrancó en el centro del Valle. Buga, San Pedro, Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, fueron escenario de sus acciones. En seis meses dieron muerte a más de 250 personas.

En ese entonces el comandante de la Tercera Brigada era el general Jaime Ernesto Canal Albán, quien sostuvo que se combatió y se dio captura a los paramilitares.

El documento Acuerdo vallecaucano por las víctimas del conflicto, presentado en la Asamblea Departamental, reseña que "El Valle es uno de los departamentos más afectados con el fenómeno de la violencia: 192.500 desplazados de los cuales el 83 por ciento están en Cali (66.200), Buenaventura (68.350) y Tulúa (13.700), sumado a ello se registran 1.487 secuestros entre 1996 y 2008. Lamentable fenómeno, si contamos además los 2.500 asesinatos por parte de los grupos paramilitares que actuaron en nuestra región y que se vieron involucrados en 73 masacres atentando contra el Derecho Internacional Humanitario".

Los allegados de las víctimas

La gran mayoría de allegados de las víctimas…son mujeres y niños y un porcentaje importante de mujeres han sido violadas. Los menores y las viudas casi siempre vieron matar a su padre, esposo o hermano. Las víctimas son personas pobres o en extrema pobreza y no están recibiendo atención sicológica.

Aún cuando Hébert Veloza (HH), admite centenares de crímenes y ha dado nombres sobre quienes los trajeron, se espera saber los financiadores y colaboradores entre autoridades y sectores privados.

La masacre de El Naya -30 según cifras oficiales y 100 de acuerdo con las víctimas- y la de Sabaletas, entre otras, esperan ser aclaradas.

Audiencias, entre reservas y pocos asistentes

El seguimiento al proceso de justicia y paz tiene más de un tropiezo y polémica.

El acceso a la información es reducido. Como ejemplo, los periodistas de EL TIEMPO fueron sacados de la sala donde las personas seguían por TV. la versión de ‘El Chacal’. "Nada de lo de aquí puede salir ni referirse a las víctimas", dijo un fiscal, y con él estuvieron de acuerdo defensores públicos presentes y el representante de la Procuraduría. Así, queda la versión del desmovilizado ante un limitado grupo de personas. Pocos saben que hay audiencias.

Un documento de la Comision Intereclesial de Justicia y paz dice que "dentro del proceso de desmovilización aparece un ocultamiento deliberado del pasado y del presente. El pasado criminal del que no se ha develado los financiadores, los planeadores, los poderes locales, nacionales, militares y policiales que los constituyeron. El presente de sus estructuras en las que el Estado continua siendo amparador, encubridor o se encubre a través de ellos, y detrás de ambos, intereses privados" y más adelante expresa que "Exigir verdad, justicia y reparación es suicida".

Un allegado a una víctima, que exige justicia, dice que "parece que en este gobierno todo se resuelve con plata: hay recompensas por información, por entregas, para los desmovilizados y ahora es lo mismo en este proceso. Estos señores se justifican diciendo que los muertos eran de la guerrilla y que todo se arregle con un dinero a las familias".

Proceso necesario para la paz

Sobre el proceso, Elmer Montaña, director en el Valle del Cauca de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación escribe:

El objetivo principal de la Ley 975 de 2005 es garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, consolidar el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares y contribuir a la reconciliación nacional.
Para cumplir con este propósito es necesario resolver la situación jurídica de las 50 mil personas que se han desmovilizado, definir el número de crímenes que cometieron y concretar el universo de víctimas.

Los paramilitares han confesado más de 30 mil homicidios, se calcula que los grupos armados organizados ejecutaron alrededor de 20 mil desapariciones en los últimos 20 años y se tienen documentadas más de 2500 masacres. 
Sin desconocer el magnifico trabajo de la rama judicial, semejante empresa no puede ser cumplida por los 59 fiscales y 3 magistrados que comprenden Justicia y Paz.

Esto explica que hasta el momento no se haya producido una sola sentencia condenatoria, pese a los miles de hechos revelados por los más de 3.000 postulados. Razón tienen quienes afirman que a este paso serían necesarios 80 años para culminar las investigaciones.

Es necesario entender la necesidad de reformar la Ley 975 de 2005, para convertirla en un modelo de justicia transicional. Cumplen un gran papel las altas cortes de justicia a través de una jurisprudencia que oriente el proceso, resuelva sus principales obstáculos y arroje luces sobre los mecanismos que deben adoptarse de manera complementaria.

Pero también, la sociedad civil debe tomar conciencia de la necesidad de defender un marco jurídico que permita al país enfrentar los desafíos propios de un proceso de paz, entendiendo que es imposible establecer toda la verdad y reparar el universo total de víctimas en la justa proporción al daño.

El asunto va ser más complejo cuando empiecen las versiones de 85 paramilitares recién postulados.
Tenía razón el ejecutivo al aprobar un programa de reparación individual por vía administrativa. Las víctimas de los grupos paramilitares y guerrilleros tienen posibilidad de una compensación económica hasta de $18 millones y se establecerá una política para el reconocimiento de otros elementos de la reparación. Hasta los más enconados detractores terminaron por convencerse de la bondad del programa.

CALI

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John W. Martínez

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