La Universidad Pública: ¿secuestro presupuestal?

La censurable  retención del rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman por unos 300 estudiantes que impidieron la movilidad de su vehículo el pasado 16 de octubre, pone de manifiesto un problema de fondo: El de cómo ejercemos la autonomía universitaria. El propio rector ha dicho que “La universidad pública está en peligro”. Un manejo inadecuado de los conflictos ha llevado a hablar de “secuestro”,  a la intromisión de la fuerza pública en el campus y hasta a ofrecer  millonarias recompensas para capturar a los responsables. 

Quizá el rector habría evitado este incidente asistiendo a la asamblea  de estudiantes y profesores que se reunían ese mismo día en el auditorio León de Greiff para exponer el contenido de su columna del 18 de septiembre en El  Tiempo[1], donde  reconoce los avances que se dieron a partir de la ley 30 del 92 en materia de presupuesto, señala que el mismo ha estado congelado por más de 16 años, agrega que cubre sólo los gastos de funcionamiento y advierte que “dentro de 30 años alguien estará preguntando que se hicieron las maravillosas Universidades Públicas de principio del S. XXI”. Es de señalar que este sentimiento es compartido por los rectores  de las 32 universidades públicas del país y sus comunidades académicas.

Problema de vieja data

Las dificultades de la universidad pública vienen de tiempo atrás.  En efecto, ya la exposición de motivos de la Ley 30 de 1992 reconocía la ausencia de un proyecto nacional en materia de educación superior, la falta de un verdadero sistema educativo, la cobertura insuficiente de la matrícula, la calidad discutible de la enseñanza y la debilidad de la investigación como razones para fortalecer la participación de la universidad pública en el sector. “En lo que respecta a la educación superior, existían 236 instituciones de las cuales el 30% eran oficiales y 70% privadas; de éstas 76 son universidades y las restantes instituciones técnicas o tecnológicas universitarias. Se ofrecen 2094 planes de estudio de muy discutible diferenciación, a un total de  475.000 estudiantes de pregrado atendidos, el 42% por el sector público y el 58% por el sector privado”[2].  La matricula total se concentraba en ciencias económicas y afines (25%), ingeniería, arquitectura  y urbanismo (24%), mientras que en ciencias básicas  como química, matemáticas y ciencias naturales, se ofrecían pocos cupos debido a los costos de  laboratorios e infraestructura que conllevan  (una situación que se mantiene en la actualidad). 

Avances con la ley 30 de 1992

En desarrollo de la Constitución de 1991, la Ley 30 de 1992 avanzó en materias de autonomía universitaria, gobierno y financiación de las universidades oficiales.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución, el Artículo 3º de la ley garantiza la autonomía universitaria y reconoce que el Estado debe velar por la calidad del servicio educativo. El  Artículo 4° señala que la educación superior “despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”. El Artículo 28, sobre autonomía, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales.

En cuanto a la financiación, el artículo 86 establece que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales están constituidos por  aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión,  aportes de los entes territoriales y rentas propias de cada institución. Precisa que los presupuestos anuales “signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993″. Además el artículo 87 subraya que a partir del sexto año de la vigencia de la presente ley “el gobierno nacional incrementará sus aporte a las  universidades estatales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del PIB”.

Los costos crecientes de la universidad colombiana

La demanda por educación superior ha aumentado con el crecimiento demográfico y con las exigencias de un mundo más competitivo que demanda grandes inversiones en ciencia y tecnología y donde la calidad de la educación depende de docentes con postgrados, todo lo cual eleva los costos de la  universidad  muy por encima del IPC que hace 18 años se tomó como base para reajustar el presupuesto anual de las instituciones.

Así lo reconocen expertos y la propia Contraloría General de la Republica al señalar que hoy se atienden 1.444.000 estudiantes  universitarios,  lo que significa un aumento de 550.000 cupos nuevos entre 2000 y 2008,  de los cuales el 88% corresponde al sector público y el 12% al sector privado.  Por otra parte el  número  de  grupos dedicados a la investigación pasó de 1505 en 2003 a 1674 en 2007, lo cual explica que la Universidad Nacional ocupe el puesto 34 en Latinoamérica en cuanto a publicación de artículos científicos, al lado de las universidades de Antioquia, Valle, Andes y Javeriana que aparecen en honrosos lugares. Es un indicador inequívoco de que se investiga con un esfuerzo muy grande de recursos propios producto de asesorías y consultorías.

Pero según la OCDE en 2008 la inversión en educación superior en Colombia representó apenas un 0,4% del PIB, mientras que en Brasil y Argentina fue el 0,8%, en México 1,1%, en Chile 1,7%, en Japón 1,5%, en Corea 2.5%, en Canadá 2,7% y en Estados Unidos 2,9%.

El Gobierno cada vez aporta menos

La Contraloría General de la República, sobre la base de cifras del Ministerio de Educación, señala que en el 2000 las transferencias del gobierno a las universidades públicas fueron de 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman unos 1,6 billones de pesos (en valores constantes de 2009). El dilema es claro, sostiene: “se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero al mismo tiempo se les exige cada vez mas y las ganancias en eficiencia tienen un límite”[3]. ¿Y qué  decir  de los pasivos pensionales que arrastran las instituciones educativas, y cómo reemplazar a los docentes que se pensionan para fortalecer capacidad docente e investigativa?

El cuadro actual no potencia la cacareada competitividad en un mundo globalizado, no compensa las inequidades sociales e impide la movilidad de jóvenes de estratos bajos[4]. En estas circunstancias  se entiende por qué, aunque la cobertura bruta haya aumentado al pasar de 23.5% en 2000 al  33.3%  en 2008,  casi la mitad  de los estudiantes -45% para ser exactos- abandonan los estudios antes de concluir su carrera.

La cobertura todavía insuficiente y la tasa tan alta de deserción son preocupantes  porque están en la base de la descomposición social y la emergencia de grupos al margen de la ley que cautivan a los jóvenes sin futuro que no tienen nada que perder más que su miseria y su desesperanza.

Vivimos una coyuntura electoral que debate si reelección, referendo o nuevas opciones e intenta polarizar  al país entre uribistas y antiuribistas, “terroristas” y “demócratas” es decir, entre buenos y malos. Digamos con el rector Wasserman que “en medio de esas labores cada uno debe hacer un alto y dedicar unos minutos de reflexión sobre la Universidad que queremos, los valores que deseamos consolidar e imprimir en nuestros estudiantes, el ejemplo que queremos darle a una sociedad que necesita con urgencia paradigmas morales e intelectuales diferentes”[5].

* Ex rector de la Universidad Nacional de Colombia (1988-1990) y la Universidad Surcolombiana (2004 -2006 y 1984-1988). Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.

Escrito por: Ricardo Mosquera

Fuente: www.razonpublica.org

Notas de pie de página

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[1] “La universidad pública en peligro”,  septiembre 12 de 2009

[2] R. Mosquera, Mayoría de Edad para la Universidad Colombiana – Historia de una Reforma, El Mundo Editores, Bogotá 1993.

[3] “Presupuesto para la Educación Superior se queda corto”, El Tiempo,  Octubre 16 de 2009.

[4] El modelo socioeconómico  excluyente y concentrador del ingreso, el aumento de la pobreza, la indigencia y  el desempleo explican por qué el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad analizado por la misión de expertos de Planeación y el DANE  llegó al 0.59 en el 2008, el mismo nivel  del 2002,  con  un ligero incremento  pues en ese año registro 0.58%. Los ajustes que hizo la misión cambiaron la metodología para medir pobreza y pobreza extrema, pero la situación real es: La indigencia, o extrema pobreza, bajo ó   de 19.7% en el 2002, a 15.7% en 2005 y subió a 17.8% en 2008. En plata blanca el año pasado había 20.2 millones  de pobres el (46% de la población)  y de ellos 8 millones eran indigentes.

[5] Comunicado de Rectoría, 18 de Octubre de 2009