Editorial octubre 2009

En editorial anterior hemos planteado que no sirven a la democracia política, partidos que no tengan estructura orgánica seria, sino apenas emocional y declarativa. Los dos partidos de oposición que hicieron consultas, las hicieron abiertas a todos los colombianos. De entrada esto ya es un sinsentido. ¿Qué tiene que decirle al partido, alguien que no pertenece a este?. Pero esto simplemente es así, porque ninguno de los partidos, de oposición o de gobierno, tienen acreditados a sus militantes y en consecuencia cualquiera puede ser hoy liberal y mañana conservador, hoy del Polo y luego del Partido de la U,  según convenga a sus intereses o a los intereses de quienes detrás de bambalinas, mueven los hilos de las tendencias electorales.

Si existieran partidos políticos serios, harían consultas internas entre sus militantes y entre ellos resolverían sus tensiones de liderazgo con miras a las elecciones. Pero en cambio, aquí se gasta un dineral de los recursos públicos para financiar eventos de interés particular y además, se pretende hacerle pensar al ciudadano común que lo sucedido es un hecho político de especial significado, cuando lo que definitivamente refleja es la postración de partidos que sin liderazgo y sin vocación de poder, terminan enfrascados en resolver las pugnas de sus propios dirigentes, al no tener un ideario claro qué postular y qué defender ante sus militantes y electores.

La última encuesta electoral vuelve a disparar a Uribe y particularmente en la intención de voto que manifiestan los estratos más pobres de la población. Si asumimos que las encuestas son serias y que un universo de 1200 ciudadanos encuestados, es base consistente para inferir conclusiones electorales, debemos admitir que Uribe es un fenómeno político, muy complicado de  comprender. Si aceptamos que la encuesta hecha en centros urbanos es suficiente termómetro del estado de la opinión pública, aunque no se muestree esta misma opinión en zonas de conflicto o entre los miles de campesinos y desempleados desplazados por la guerra interna o por la pobreza, debemos aceptar que a Uribe también  lo eligen los más pobres y afectados por el conflicto interno y el modelo económico del Estado. Y de nuevo es necesario reconocer que Uribe es un fenómeno político muy complicado de comprender.

Primero las Farc y después los presidentes de los países vecinos y particularmente Chávez, han jugado un papel muy importante en la preferencia de los colombianos por mantener en la Presidencia a Uribe. Todo indica que lo que sigue primando en el ánimo colectivo es el miedo a la agresión de otros (Farc, Chávez, países vecinos ) y tal percepción obliga al colombiano a “no querer mirar, o a mirar con disimulo y exculpación”, los abusos y los errores del régimen, mientras “nos siga defendiendo”.

También hay que reconocer  que para una franja importante de  la opinión pública, en principio no existe un rival “peso pesado” para Uribe, lo que induce a una cierta inercia conductual, según la cual, “más vale malo conocido, que bueno por conocer”. Así entonces, el camino se despeja, por el desprestigio de muchos oponentes o por el poco reconocimiento que de ellos tiene gran parte del electorado.

Especial importancia habrá de dársele al respaldo a la reelección indefinida por parte de casi la mitad de los encuestados. Si esta respuesta es coherente con el sentir de la gente, obliga a plantearse el escenario de reforma constitucional, más allá de la sola reelección presidencial, incorporando bien, un sistema parlamentario, en el que el Presidente quede realmente controlado por una bancada que le agenda el programa de gobierno, o un sistema de pesos y contrapesos en los órganos de control político y judicial, de tal forma que quede garantizada la no injerencia del Presidente en el nombramiento o elección de quienes tienen como función controlar su gestión de gobierno. Siendo así el panorama, se viabiliza el proceso de reelección, sin que por ello, el Estado termine cooptado por los únicos intereses del gobernante de turno con afanes reeleccionistas y se traslada la discusión pública de este tema, de la esfera moral y ética, a la esfera constitucional y política, como debe serlo, en asuntos del poder.

El tercer hecho notable de la semana, revela a la opinión pública cómo los recursos del Estado (es decir, de todos los contribuyentes) terminan en manos de familias poderosas, amigas del Gobierno, con el argumento falaz de subsidiarlas para que puedan mantener sus empresas agrícolas y así defender el campo y a los campesinos. El Gobierno se cuida muy bien de no cometer errores de procedimiento, que lo lleven a incurrir en ilegalidades y hechos dolosos y por este medio, arropa con descaro la argumentación antes dicha, ofendiendo la inteligencia del común.

Los recursos públicos concentrados en poquísimas manos y además muy poderosas, son cuantiosos y han sido crecientes en 7 años de gobierno. Se confirma así que estamos ante un Estado cooptado por grupos de interés, algunos de ellos con pasados muy complicados y todos afectos al Gobierno y por tanto convertidos por la ley de la reciprocidad en su sostén. No somos tan ingenuos como para pedir que el Gobierno no quiera favorecer a sus amigos y relacionados. Lo que en cambio si planteamos es que un poder presidencial tan fuerte, tan caudillista, tan mesiánico, no es gratuito y resultado solo de la generosa condición del gobernante, que se entrega sin más al sacrificio de su vida y de su tiempo por la patria que tanto ama.

Un poder presidencial como el que tenemos, con unas instituciones de control tan débiles y tan comprometidas con el gobernante, solo augura abusos cada vez mayores. Y aunque se quiera pensar que el gobernante es ajeno a estas “indelicadezas”, es difícil comprender cómo un hombre que todo lo controla y que todo lo decide, pueda desconocer asuntos como los denunciados. Además es muy ofensivo confirmar  que, mientras el Presidente vetaba la Ley de Reparación de Víctimas del conflicto y de los paramilitares por costosa, simultáneamente se estuviera decidiendo en las oficinas del Gobierno, la entrega de subsidios por más de 200 mil millones de pesos, a familias terratenientes y poderosas, que han cobrado por ventanilla estos cheques de regalos gubernamentales. “Donaciones” entregadas sin el más mínimo prurito de conciencia por quienes hoy tienen el poder de la agenda gubernamental.

Esta es la confirmación de un Estado y de un Gobierno al servicio de grupos de poder, de inmenso poder, que acceden a los recursos públicos con delicadas maneras y con guante blanco, cobrándole al ciudadano por adelantado el derecho a la seguridad, que no a la vida; el derecho a la paz, que no a la inclusión social y económica; el derecho a la “legítima” defensa, que no a desplazar al hambre y a la miseria.

EL DIRECTOR