Abril 2009

Abril 2009

LA LIQUIDACION DE EMSIRVA : ¿DESPOJO O ALTERNATIVA?

 

Cali ha sido asaltada desde el poder central para quitarle a su empresa pública de aseo, “EMSIRVA”. Asaltada porque los fundamentos esgrimidos para justificar el atropello y los procederes adelantados, son a todas luces inconsistentes, arbitrarios y manipulados.

Si bien hay que aceptar que durante años la politiquería y la corrupción hicieron cama en el manejo de la empresa, igual hay que rechazar la política de despojo de lo público, como solución “transparente” y efectiva del problema.

Está de sobra demostrado que en los últimos 20 años hizo carrera la prédica de un Estado pequeño, casi  inactuante, a cambio de un sector privado robusto, ejerciendo funciones que no solo histórica, sino constitucionalmente competen al sector público y al ejercicio del gobierno. Servicios y áreas muy sensibles para el interés común como los servicios públicos, están en la mira de capitales foráneos y nacionales, interesados en apropiarse de unos negocios que por su propia naturaleza, se soportan en el monopolio del mercado en manos del sector público, para aprovechar esta enorme ventaja competitiva, a la hora de emprender sus inversiones. Inversiones  que además, casi siempre terminan financiadas en buena parte por el propio Estado despojado de su patrimonio y de sus facultades, con los buenos oficios de  gobernantes que con argumentos generalmente tendenciosos, terminan haciéndole el gran favor a grupos de inversionistas, interesados en todo, menos en garantizar el acceso expedito y eficaz de los ciudadanos consumidores a la nueva  oferta.

Las cifras que demuestran los Estados Financieros de la empresa liquidada a diciembre de 2008, no son consistentes con las cifras de pasivo laboral presentadas como una de las razones principales para la inviabilidad de EMSIRVA. En este punto es necesario evidenciar que una de las prácticas más poderosas usadas por los agentes interesados en la privatización a como de lugar, es la del desprestigio de las entidades y servicios ofrecidos por el Estado, de tal forma que en la opinión pública se logra sembrar un pensamiento de rechazo y en consecuencia, una aceptación pasiva, casi agradecida, por el asalto que se hace de lo público.

No es casual el interés de tanto “inversionista”, en los bienes y empresas públicas. No puede ser que la sociedad renuncie en pleno a ejercer el control político, social y económico de las funciones públicas y entre ellas, las de las empresas del Estado, como mecanismo apenas normal y efectivo para cuidar el patrimonio, la calidad del servicio y el derecho al disfrute del mismo por parte de los ciudadanos. Acoger fórmulas que nos hacen creer en la bondad de las nuevas propuestas, ocultándonos  que a la postre,  no solo se pierde el derecho al control ciudadano, sino que además se pierde el derecho al disfrute del servicio, cuando por vía de tarifas se fomenta la exclusión de los usuarios y no solo la competencia sana como se nos vende en el modelo, termina debilitando aún más el sentido de pertenencia social y el desafío por la inclusión de las mayorías  al bienestar colectivo.

Además quienes terminan apoderados de las empresas y funciones públicas privatizadas, no son precisamente empresarios batidos en el terreno de la competencia abierta. Tampoco son empresarios interesados en consolidar dinámicas económicas más allá de las necesarias para proteger sus propias inversiones y para proteger y defender sus pingues ganancias. Es fácil comprender que quienes hacen negocios con el Estado, tienen acceso directo o indirecto a información privilegiada. Soportan mucha de su capacidad de negociación en el tràfico solapado  o abierto de influencias.  Hacen del monopolio u oligopolio de sus nuevas fuentes de negocios, un instrumento imbatible para copar el mercado sin mayores inconvenientes.

De otra parte queda la pregunta sobre el papel del Estado Municipal como referente de  democracia efectiva. En el caso de EMSIRVA  la aplanadora del gobierno central, arrasó la autonomía y los fueros administrativos de la Alcaldía y el Consejo de la ciudad. Los medios de comunicación en su inmensa mayoría (con la honrosa excepción de Radio Súper), se limitaron a cubrir la noticia, renunciando a hacer pedagogía y convocatoria a la movilización ciudadana, para responder a la afrenta mediática, legal y administrativa que la ciudad recibió.

Ante lo sucedido la ciudadanía caleña debe apoyar al Alcalde para que emprenda la constitución de una nueva empresa de servicios públicos y exigirle que lo haga cuanto antes. Además este apoyo debe reflejarse en la decisión de las familias y de las empresas de seguir contratando  los servicios de aseo con la nueva empresa municipal. No hay razón constitucional, ni de lógica económica, ni de sentido común, que obligue a los ciudadanos consumidores, quienes pagamos la factura, a contratar estos servicios con operadores privados, ligados a los inversionistas que tras bambalinas se están apoderando del mercado de las basuras, ahora llamadas residuos sólidos, para explotarlos como nueva y promisoria veta económica. El mercado de la recolección de basuras, de la disposición de las mismas y del reciclaje, es muy potente y estratégico. Por esto debemos comprender que no es una fuente de pérdidas económicas, que por el contrario es fuente de negocios que pueden operarse con control público, en empresas de economía mixta o cooperativa o consorciada. En todo caso es ahora cuando la frase “los recursos públicos son sagrados”, muestra carne argumental y propositiva, o solo se queda en una más de las tantas fórmulas declarativas que los “orientadores” de opinión y la “clase dirigente” ponen a sonar en el hueco inmenso de la anomia social.

 

 

 

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John W. Martínez

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