Vigencias futuras del Valle: las pirámides del 2020

Vigencias futuras del Valle: las pirámides del 2020

Para empezar, una pequeña parte de esos recursos serán ejecutados durante las vigencias 2009, 2010 y 2011 de la Administración Abadía, el resto, más de $600 mil millones de pesos, corresponde a los ingresos de las vigencias del 2011 al 2020 y su ejecución quedará a amarrada a los presupuestos de esos años. Es decir que el gobernador Abadía no sólo se gastará los recursos de los próximos tres años de su mandato, sino también los que los vallecaucanos requieren la próxima década, dejando a los futuros mandatarios con los brazos cruzados y con una serie de deudas que corresponden a programas seguramente muy necesarios, pero que debieron ser presupuestados en el marco de la vigencia del Plan de Desarrollo del Valle 2008 – 2012, tal como lo ordenan la Constitución y la ley.

Más allá de la ley

La ley 819 de 2003, señala que antes de recurrir a la vigencias futuras, el ente territorial (Departamento del Valle) debe arrojar superávit primario y sostenerlo por 10 años. Resulta que no puede arrojar superávit primario un departamento que como el Valle estuvo apunto este año de recurrir a la ley 550 y declarase insolvente para pagar sus compromisos. A no ser que para declarase insolvente ante los acreedores bancarios, el balance financiero era uno y para recurrir a las vigencias futuras, otro. Increíble. Es decir no existe un marco fiscal consistente.

 

No se consultó a los vallecaucanos

Pero además, ni el gobernador Abadía ni la Asamblea del Valle cumplieron con la obligación legal y moral de consultar al pueblo vallecaucano si quiere raspar la olla hoy, pero de los ingresos de la próxima década. La Constitución en sus artículos 40, 103, 105 entre otros, establece mecanismos de participación ciudadana para que el pueblo ejerza control social sobre la administración pública y según el Departamento de la Gestión Publica, la participación ciudadana y el control social a la gestión pública corresponden a la concepción de un nuevo Estado, que permite y apoya la intervención de los ciudadanos en la gestión pública. Esta intervención busca que los ciudadanos participen vigilando la gestión del Estado y que cooperen prepositivamente para el mejoramiento de las funciones públicas y el uso de los recursos.

De acuerdo con los lineamientos de organización y funcionamiento de la Administración Pública  establecidos en la Ley 489 de 1.998, todas las entidades territoriales y organismos públicos tienen la obligación de desarrollar su gestión en consonancia con los principios de democracia participativa y democratización de la administración pública, tal como lo ordena el artículo 32 de esta norma. Al parecer ni a los diputados ni al gobernador les importó pasar por encima de esta obligación legal antes de aprobar las vigencias futuras.

La ley 819 del 2003, prevé que los programas como los establecidos por las famosas ordenanzas de las vigencias futuras del Valle, se financien con recursos propios o mediante recursos de capital. Pero si no le alcanzan, el mandatario debe primero garantizar el superávit primario del ente territorial, para recurrir a las vigencias futuras ordinarias y en todo caso esa autorización no pude excederse del tiempo del mandato del gobernador.

Las vigencias futuras extraordinarias son para obras que se ejecuten en más de una administración tales como el túnel de la línea, el metro de Bogotá, el Mio de Cali u obras de acueducto y alcantarillado que requieren presupuestos plurianuales más allá de los periodos de los actuales mandatarios. Pero el gobernador o alcalde que recurra a las vigencias futuras extraordinarias, solo está autorizado a comprometer recursos que pueda ejecutar durante su mandato. Sin embargo, las ordenanzas aprobadas autorizan al gobernador Abadía a usar vigencias futuras hasta el año 2020, lo que de hecho se convierte en la extensión de su mandato hasta esa fecha. Además es una autorización para obras imprecisas, sin cronogramas, sin presupuestos de costos, sin definir el control social sobre los mismos y para  programas turísticos, educativos, vías, etc, que se supone le corresponde iniciar al gobernante de turno y dejarlos ejecutados o listo para su continuidad, pero con recursos que ingresen al tesoro departamental y se ejecuten dentro de la administración Abadía.

Además, el marco fiscal establecido por el Confis para la aprobación de vigencias futuras extraordinarias, y citado por los ponentes de las ordenanzas, es para la ejecución de los planes departamentales del agua, según el Confis D.G.P.P.N. No.32/2005 del 24 de Noviembre de 2005. Pero resulta que ninguna de las obras aprobadas corresponde a acueducto o alcantarillado que tanto necesitan los 42 municipios del Valle.

 

El método de las pirámides

Lo que está imponiendo el gobernador Abadía es el método de Las Pirámides aplicado a las finanzas públicas. Me explicó. El señor Carlo Ponzi, a quién se le atribuye el invento de las pirámides a comienzos del siglo XX en Nueva York, lo que hacía era conseguir recursos de crédito para pagar deudas viejas y vivir como sibarita. Entonces vio que podía endeudarse a futuro y decidió conseguir plata hoy ofreciendo altos intereses a la gente, pero para pagarla al mes siguiente. Por supuesto llegó un momento en que no pudo pagar las cuentas vencidas ni las nuevas que le presentaban sus acreedores y eso llevó a que los acreedores a los cuales debía pagarle el año próximo, también le extendieran sus cuentas de cobro, ante la evidencia de la insolvencia del señor Ponzi. Total quebró, dejó en la quiebra 20 mil ciudadanos  y mostró que nadie puede endeudarse más allá de lo que efectivamente puede cumplir.

Pero el ejemplo más reciente y doloroso es el de las pirámides colombianas. Todos sabemos que los que invirtieron primero obtuvieron la devolución de sus dineros más los jugosos rendimientos ofrecidos. Pero cuando ingresaron los últimos, que precisamente fue el mayor volumen de inversionistas, ya no hubo plata para pagarles. Por eso les llaman pirámides, porque los inversionistas de la primera línea, reciben la suman invertida más los rendimiento ofrecidos, cuando ingresa la segunda fila de inversionistas, hasta que la última fila no tiene quien los respalde y la pirámide se cae.

Con este ejemplo quiero significar que el método de las vigencias futuras no puede imponerse en los entes territoriales porque conduce a las pirámides de las finanzas públicas. Es claro que si a un gobernador o a un alcalde no le alcanzan los recursos presupuestados (ingresos y gastos) y recurre a las vigencias futuras, está quitándole al gobernante futuro y a los ciudadanos, las posibilidades de planear, ejecutar y proyectas sus recursos porque deben atender las obligaciones que les deje el gobernador que se gastó sus recursos en el pasado. Es decir, deben pagar un almuerzo que no se comieron.  Por supuesto que los sucesores de Abadía, por ejemplo, podrán recurrir de nuevo a la figura de las vigencias futura y endeudar al Valle hasta el año 2030, pero llegará el día que todos los contratistas y bancos que invirtieron sus dineros en obras y programas, con la promesa de que el Departamento les pagaría, comenzarán a pasar sus cuentas de cobro y se habrá configurado otra pirámide, esta vez con las finanzas del Valle.

Insisto en que lo grave es que esta decisión, que debió ser consultada con los vallecaucanos, pasó de agache y fue aprobada por la Asamblea del Valle, de espaldas a la opinión pública. Se argumenta que quienes la probaron representan al pueblo vallecaucano. La verdad es que ni siquiera en las democracias representativas piramidales, los elegidos por el pueblo toman decisiones que afectan dos generaciones, sin hacer al menos una mínima consulta. Menos en las democracias participativas donde la Constitución y la ley prevén instrumentos para eso y suponemos que Colombia es una democracia participativa, aunque en el Valle ese principio constitucional no funcione.

 

¿Por qué la vigencias futuras?

¿Por qué el gobernador y los diputados del Valle recurrieron a las vigencias futuras para ejecutar unas obras que no están diseñadas? Hay varias respuestas a esa pregunta. Yo arriesgo tres. La primera: porque el gobernador Abadía necesita dejar obras para la posteridad. Necesita que los vallecaucanos lo recuerden y lo tengan como candidato presidencial en un futuro de corto plazo. Pero como no tiene plata para hacer las obras que prometió, entonces recurre a las vigencias futuras, seguramente pensando “detrás de mí, el diluvio”. Lo cierto es que el Departamento tiene bajos ingresos una elevada deuda y una serie de compromisos legales que amarran sus ingresos. Entonces los bancos no le prestan y en consecuencia no hay recursos de capital.

El segundo es que, siguiendo la experiencia de Cali, los diputados esperan beneficiarse de de alguna manera con las obras que se ejecuten con recursos de las vigencias futuras. Y la tercera es que el sector financiero, sabiendo que vienen años difíciles producto de la crisis de la especulación financiera global (las pirámides nuestras son una grano de arena frente a las pirámides que están apareciendo en Wall Street) los intereses van a caer, le guste o no al Banco de la República, y las ganancias de los bancos también. Entonces lo mejor es colocar recursos hoy a intereses del DTF más cuatro o cinco puntos (Se les garantiza hoy a los bancos intereses cercanos al 15% más una suma de respaldo equivalente al 15% del valor de los recursos de la vigencias futuras).

El negocio está claro y el gobernador cayó: Los bancos están buscando hasta los “mala paga” como el Valle, para colocarles hoy recursos a intereses de hoy, antes de que bajen. Ya en EE.UU las tasas cayeron un puto porcentual anual para estimular la recuperación económica del país y en Europa también están bajando.

¿A quién se les coloca esos recursos? a los contratistas que ganen los concursos para ejecutar las obras con recursos de las vigencias futuras. Por supuesto que los bancos les prestarán a aquellas firmas que acrediten que el Departamento las respalda con recursos de vigencias futuras. Los bancos nunca pierden pero los que terminarán perdiendo son los que están en la última fila, a aquellos a los que no se les consultó esta operación pero tendrán que pagarla con creces: los vallecaucanos.

 

Lo que viene

Por supuesto que a diferencia de las pirámides de los pobres, que están esperando la devolución de sus dineros y una ayuda oficial que compense en parte sus abultadas pérdidas, “el Valle nunca pierde” y aparecerá el sucesor de Abadía que inicie una campaña ante el gobierno nacional o ante la banca multilateral para crear un “fondo de salvamento del Valle”. Pero lo más seguro es que el gobernador de turno, otra vez con el voto unánime de la Asamblea, ponga a funcionar un estampilla para la recuperación del Valle y entonces serán nuevamente los vallecaucanos, los de la última fila de las pirámides, los que terminen pagando por segunda vez, la aventura de las vigencias futuras.

Lo que necesitamos los vallecaucanos no son mandatarios que recurran a la comodidad de “meterle la mano al bolsillo” a los recursos futuros de los vallecaucanos sino aquellos que  inicien un programa de reconstrucción del Departamento sobre bases reales. Las obras se necesitan pero hay que romper la estructura financiera de quiebra que registra el Departamento para poder comprometer recursos.

Necesitamos un Valle que vuelva a la senda de orientar el desarrollo regional, que haga sinergia con el sector privado, pero con claros escenarios financieros y sin jugar a las pirámides. Un valle eficiente en el recaudo e inteligente para prever nuevos ingresos en un panorama de crisis global.

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Jorge Enrique Almario G. Abogado, periodista, analista económico, asesor legislativo.

 

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John W. Martínez

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